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El Ministerio de Economía, el Banco de España y la CNMV ultiman el paquete de medidas para prevenir que abusos bancarios como el de las participaciones preferentes se vuelvan a repetir. Se trata de la nueva legislación que aprobará este viernes el Consejo de Ministros, tal y como adelantó el ministro Luis de Guindos en una entrevista concedida a ABC, y que buscará regular de cara al futuro la venta de productos complejos como este tipo de deuda.
Esta reforma se basará en reforzar los mecanismos de protección al inversor
y endurecer sus requisitos de comercialización, con lo que evitará su
comercialización masiva entre minoristas. También buscará reforzar la transparencia sobre su riesgo.
Para ello, se impondrá un test de idoneidad por el que, si un cliente
minorista quiere solicitar uno de estos productos, tendrá que reconocer
explícitamente que es consciente de estar adquiriendo un producto para
el que no es idóneo. Además, se creará un registro con la relación de
títulos complejos adquiridos por inversores «no idóneos», lo que facilitará la supervisión de estos casos por parte de la CNMV.
Según la asociación de consumidores Adicae, la banca española ha captado en los últimos años unos 40.000 millones de euros con
productos como las participaciones preferentes o bonos convertibles. El
problema es que Bruselas exigió en el acuerdo de entendimiento firmado
por el gobierno español en julio para recibir el crédito de hasta
100.000 millones para la banca, que los titulares de participaciones
preferentes participen en el saneamiento de aquellos bancos que reciban
fondos públicos.
El
saldo en circulación de preferentes de las entidades del Grupo 1
(Bankia, Novagalicia Banco, Banco de Valencia y Catalunya Caixa) supera
los 4.500 millones de euros.
Bankia, que pidió 19.000 millones de euros para ser rescatada, fue
también una de las entidades más activas a la hora de colocar
participaciones preferentes entre sus clientes, y acumula un saldo de
3.100 millones de euros.