Mientras sigan pensando así los del PP, España seguirá siendo el último pedo de Europa.
Y sus ciudadanos los mas abandonados por el estado español. Ésto no es cosa de partidos políticos. Esto es cosas de personas, de muchas personas, tan dignas como el que mas.
Por obra y gracia de éstos descerebrados .
Mis aplausos y mi agradecimiento a ELDIARIO.es, cuyo artículo reproduzco
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ELDIARIO.es
El PP quiere que las personas trans sigan obligadas a declararse enfermas para cambiar su nombre y sexo legales
Marta Borraz 11/11/2018 -
Las personas trans llevan un año
esperando a que la ley les avale para poder modificar su nombre y
sexo legalmente sin atravesar los requisitos médicos que actualmente se
exigen. El Congreso tramita la reforma que lo permitiría,
que también extiende el derecho a los menores de edad y a las personas
extranjeras con residencia en nuestro país, ante la que el Partido
Popular ha presentado una enmienda que apuesta por mantener uno de estos
condicionantes. Los conservadores pretenden que estas personas sean
obligadas a declararse enfermas para ver su identidad reconocida en los
documentos oficiales como el DNI.
La eliminación de los requisitos médicos está contenida en una
proposición de ley presentada por el PSOE cuando se encontraba en la
oposición y cuya toma en consideración fue aprobada por el Pleno el 11 de noviembre del año pasado con el voto en contra del PP. La reforma pretende introducir una modificación en la ley 3/2007 de 15 de marzo,
que regula la rectificación registral de la mención relativa al sexo de
las personas. La norma, considerada en su momento pionera a nivel
internacional, contempla dos condicionantes médicos para autorizar el
cambio: la obligación de presentar el informe
diagnóstico de disforia de género y que la persona haya sido tratada
médicamente un mínimo de dos años "para acomodar sus características
físicas a las correspondientes del sexo reclamado", es decir, exige un
mínimo periodo de hormonación.
La reforma de esta ley se encuentra estancada desde el
pasado mes de marzo en la Comisión de Justicia, presidida por los
socialistas, porque hay una sobrecarga de leyes, lo que provoca "la
imposibilidad material" de convocar más ponencias, explican fuentes de
la misma. El periodo de enmiendas, sin embargo, ya se ha cerrado, por lo
que el siguiente paso debe ser la convocatoria de las sesiones para que
sean debatidas.
En una de ellas, el PP, que no ha
respondido a las preguntas de este medio, propone mantener el requisito
médico de que la persona sea diagnosticada de disforia de género
mediante un informe médico o psicológico para que sea autorizado su
cambio de sexo y nombre legal, tal y como recoge ahora la ley. El
partido justifica su decisión en una "mejora técnica"
porque "la identidad sexual y/o expresión de género deben estar dotadas
de cierta estabilidad y no depender de manera exclusiva del juego de la
voluntad de los particulares".
Por su parte,
la reforma, con la que se mostraron de acuerdo el resto de grupos
parlamentarios en la toma en consideración, tiene por objetivo que la
solicitud solo precise "de la declaración expresa de la persona
interesada del nombre propio y sexo registral con los que se siente
identificado/a" a través de una declaración que acredite su voluntad.
Una expresión de la diversidad
"Esto supone una vulneración de nuestros derechos humanos que nos
coloca en una situación de inferioridad y de patología al tener que
demostrar lo que realmente decimos ser", explica Leo Mulió, psicólogo
del equipo psicosocial Transdiversa y activista trans. "Esta idea parte
de un prejuicio y de esa mirada patologizante de entender la identidad
trans como algo diferente a la del resto. A las personas trans se nos
pone continuamente bajo sospecha de estar mintiendo, de que se nos pueda
pasar, de que vayamos a aprovecharnos de alguna forma perversa de la
ley. Yo tengo el mismo derecho a que no se me cuestione mi identidad que
las personas cis –personas que no son trans–".
En
este sentido se han expresado en distintas ocasiones algunos organismos
internacionales que apremian a los países a avanzar en el camino de la
despatologización, es decir, en dejar de considerar la transexualidad
como una enfermedad para pasar a concebirla una expresión más de la
diversidad. Así, el Consejo de Europa adoptó en abril de 2015
una resolución que insta a los Estados a "garantizar que las personas
transexuales, incluidas las menores, no sean consideradas como enfermas
mentales". Amnistía Internacional también ha solicitado que "el
reconocimiento de la identidad de género no debe hacerse depender de
diagnósticos psiquiátricos", tal y como apunta en su informe El Estado decide quién soy. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud ha dejado de considerar la transexualidad un trastorno mental, como venía haciéndolo desde 1990, aunque pasa a llamarla "incongruencia de género".
En el Congreso también se encuentran otras dos leyes que, en diferente
punto de la tramitación, incorporan esta reforma de la ley de 2007. Se
trata de una ley integral trans que Unidos Podemos se ha comprometido a que sea llevada a pleno antes de agosto del año que viene y una ley integral LGTBI sobre la que la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), autora de la norma, ha denunciado el retraso en su tramitación.
A esta ley, el PP también ha presentado varias enmiendas que, en esencia, forman parte de la enmienda a la totalidad que diseñó y que rechazó el Congreso el pasado mes de febrero
por tratarse de "una ley vacía de contenido", según denunció la
oposición. Precisamente, una de las propuestas de los populares es la
eliminación de la disposición de la Ley LGTBI que propone acabar con los
requisitos médicos para que las personas trans accedan al cambio de
nombre y sexo.
El derecho de los menores
La
reforma de la ley de 2007 que está estancada en la Comisión de Justicia
también extiende el derecho a los menores y personas extranjeras con
permiso de residencia, actualmente excluidas de la norma. Una
"urgencia", califican desde la Asociación de Familias de Menores
Transexuales Chrysallis, que debe combatir la "discriminación
institucional" que supone actualmente "el obligar a una persona a tener
un nombre que le daña y va contra su dignidad", explica su presidenta,
Natalia Aventín. Algo que, para ella, "es una vulneración de derechos
fundamentales".
Por eso, exige que los menores de
edad puedan acceder fácilmente al cambio de nombre y sexo legal y no
dependan, como ocurre actualmente, de la arbitrariedad y la
interpretación más o menos restrictiva de los jueces. Es lo que le
ocurrió a Gabriel, un adolescente trans al que el Registro Civil de Calatayud le negó inscribirse con el nombre que lleva años utilizando y presentó casi 150.000 firmas ante el Ministerio de Justicia, que por entonces ya había anunciado su intención de aprobar una instrucción para solventar este tipo de problemas.
A finales de octubre, el Boletín Oficial del Estado (BOE)
publicaba la orden del departamento dirigido por Dolores Delgado con el
objetivo de que los Registros Civiles faciliten el cambio de nombre –no
así el sexo–. Desde Chrysallis aseguran que se trata de "un parche"
pero "que resuelve un primer paso necesario y suaviza una situación muy
negativa".
Sobre la enmienda del PP que enmarca el
reconocimiento de la identidad de las personas trans en un "juego de
voluntades", Aventín considera que el cambio de nombre y sexo se trata
de "una cuestión particular que no ocasiona perjucio a terceras personas
ni debe ser de adjudicación externa". "Nadie más que tú puede saber
quién eres porque todavía podemos pensarnos y sentimos como queramos",
zanja.
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