El miércoles 11 de febrero/2015, el parlamentario de I.P, Cayo Lara, durante la sesión de control al Gobierno, ha preguntado a nuestro Presidente, Sr. Rajoy, si no es de máxima urgencia el acuerdo contra la pobreza. Le ha relacionado, a continuación, una serie de espeluznantes necesidades para la población.
El presidente, en el colmo del cinismo o de la ignorancia, le ha dicho mas o menos que, él no tiene ni puta idea de la España que Lara le "muestra". Así de trágico y, así lo soltó. Nuestro presidente nos deshace una España que entre todos nosotros habíamos hecho, con sudores, sacrificios y lágrimas, y después niega conocer su propia obra.
¿Como va a comprender los horrores del paro, de la miseria y de la indignidad, si el los aplica desde el poder?. Éste individuo es el que nos toma el pelo, el que nos miente y el que quiere seguir haciéndolo. De todos nuestros sacrificios salen los beneficios para el y sus compañeros de casta y de régimen. De ahí el odio que están aplicando en su persecución contra PODEMOS, porque ven que será el enemigo que los derrote, el que les expulsará del abusivo poder en el que están.
En su ceguera política, de desenfrenado engreimiento, no se dan cuenta que PODEMOS lo forma el inmenso estado de indignación de todo un pueblo sometido y abandonado a la mas ignominiosa justicia social.
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miércoles, 18 de febrero de 2015
sábado, 3 de enero de 2015
PREFERENTES BANKIA: HORRACH SE SOMETE ANTE EL JUEZ CASTRO.
Horrach abandona su ridícula y grave postura y reconoce la autoridad del Juez Castro. No era posible tanta ceguera o tanta prepotencia...¡¡Vaya usted, a saber!!.
No era de recibo la defensa a ultranza de la Infanta contra el pueblo. No es posible comprender tanto desprecio a la ciudadanía, por defender a una delincuente de la familia real. Quizás por este hecho, la casta sea menos casta. Un Estado de Derecho no es compatible con el derecho de pernada. Una vez que se le declara a una persona "colaborador necesario", tiene que demostrar que los hechos no se cometieron por ella, y, como vemos, esto no ha sucedido.
Una sociedad y sus "colaboradores necesarios" nunca debe defender el delito contrastado, descubierto el cual y los delincuentes, solo pueden hablar los Tribunales. Quien la haga que, la pague. La vida que se ha pegado a costa de los demás, no se la quita nadie. !!Cuanto cariño debe tener al pueblo, que le roba y le saquea!!...
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sábado, 3 de enero de 2015
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madrid 03/01/2015
melchor sáiz-pardo | madrid 03/01/2015
No era de recibo la defensa a ultranza de la Infanta contra el pueblo. No es posible comprender tanto desprecio a la ciudadanía, por defender a una delincuente de la familia real. Quizás por este hecho, la casta sea menos casta. Un Estado de Derecho no es compatible con el derecho de pernada. Una vez que se le declara a una persona "colaborador necesario", tiene que demostrar que los hechos no se cometieron por ella, y, como vemos, esto no ha sucedido.
Una sociedad y sus "colaboradores necesarios" nunca debe defender el delito contrastado, descubierto el cual y los delincuentes, solo pueden hablar los Tribunales. Quien la haga que, la pague. La vida que se ha pegado a costa de los demás, no se la quita nadie. !!Cuanto cariño debe tener al pueblo, que le roba y le saquea!!...
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sábado, 3 de enero de 2015
España
La Fiscalía tira la toalla y descarta recurrir la decisión de sentar a la infanta Cristina en el banquillo
Anticorrupción, a lo sumo, se adheriría a la apelación planteada a la Audiencia Provincial por los abogados de la hermana del Rey
Pedro Horrach tira la toalla. No habrá recurso de la Fiscalía contra la decisión del juez José Castro de sentar a la infanta Cristina en el banquillo como «cooperadora necesaria» de los dos delitos fiscales de su marido en el caso Nóos.
Anticorrupción, a diferencia de la defensa de la infanta, considera que
el auto de apertura de juicio oral no es recurrible y, aunque sigue
pensando que la hermana del Rey no debería ser enjuiciada, defenderá su
inocencia en la vista oral. El Ministerio Público, a lo sumo, se
adheriría a la apelación planteada a la Audiencia Provincial por los
abogados de la infanta. Pero no irá más allá. La duquesa de Palma y sus
abogados se quedan así momentáneamente sin aliados en este proceso
después de que durante más de un año y medio la Fiscalía la haya
defendido tanto como sus propios letrados, incluso a costa de
enfrentarse con el juez.
Desde que Castro decidiera por primera vez
imputar en la primavera del 2013 a la infanta, en aquel momento por
delitos vinculados al Instituto Nóos y no a los delitos fiscales de Iñaki Urdangarin, invariablemente la Fiscalía ha recurrido todas y cada una de las decisiones del magistrado que perjudicaban a la hermana de Felipe VI.
También a principios del 2014 Anticorrupción recurrió la intención de
Castro de llamar a declarar a la infanta por su papel en Aizoon, la
empresa familiar que sirvió supuestamente para defraudar a Hacienda,
pero al final la duquesa decidió acudir voluntariamente al juzgado.
El afán de Horrach por salvar a la Cristina de
Borbón del banquillo llevó a la propia Audiencia Provincial a recriminar
a la Fiscalía que estuviera jugando un papel más cercano al de la
defensa que al de acusador público. La decisión de la Fiscalía de no
apelar se conoció solo horas después de que se supiese que la infanta Cristina no se resigna a ser juzgada.
Sus abogados, en una maniobra procesal bastante
inusual y que podría alargar bastante el inicio de la vista oral,
presentaron este viernes un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Palma contra la decisión de Castro de enjuiciarla.
Ardid jurídico
La decisión del equipo jurídico que dirige Miquel
Roca de dirigirse a los superiores de Castro es una suerte de ardid
jurídico para sortear el propio auto de apertura de juicio oral dictado por el instructor el 22 de diciembre
y en el que estableció que contra esa resolución no cabía recurso
alguno. Los letrados de la hermana del Rey no recurren en realidad el
auto de apertura de juicio oral sino la determinación de Castro de
ignorar la llamada «doctrina Botín», según la cual no es posible
enjuiciar a nadie por delito fiscal si las víctimas de ese ilícito, la
Fiscalía como defensora del interés general y la Abogacía del Estado
como defensora de Hacienda, no se sienten agraviadas. Fuentes del
Tribunal Superior de Justicia de Baleares apuntaron la posibilidad de
que esta maniobra procesal tampoco termine de fructificar.
Aunque el recurso de apelación se formula ante la
Audiencia Provincial de Palma, en realidad éste se registra ante
Castro, que es, quien, en última instancia decide si lo admite a trámite
o no, y si lo eleva a sus superiores. Sea como fuere, explicaron
fuentes de los tribunales de Palma, este heterodoxo recurso podría
retrasar aún más el inicio del juicio del caso Nóos. Y todo ello,
sin descartar que la defensa de la infanta trate de llegar hasta el
Tribunal Constitucional con este asunto, alegando indefensión. El
abogado Jaume Riutord, del equipo jurídico de Roca, fue el encargado de
acudir hoy a los juzgados para presentar el recurso de 24 páginas e
informar al juez Castro de que había sido registrado. El letrado admitió
que la decisión o no de estudiar a no el recurso «dependerá del
instructor» y no quiso desvelar el contenido exacto del escrito, del que
el juzgado no dará traslado a las partes hasta la próxima semana.
«Novedosa»
No obstante, Roca, solo horas después de
conocerse que la hermana de Felipe VI debía sentarse en el banquillo, ya
adelantó que veía viable el recurso porque el escrito de Castro no era
un «simple auto de apertura de juicio oral más», sino que era una
resolución en la que el instructor creaba una suerte de nueva doctrina
propia, una interpretación personal puesta en marcha «exprofeso» para
sentar a la infanta en el banquillo.
Llegó a afirmar que el juez había creado una
doctrina «novedosa y excepcional en la historia judicial española» para
justificar que Manos Limpias en solitario lleve a la infanta hasta la
vista oral. Y todo ello, sostuvo el letrado catalán, obviando por
completo que la doctrina Botín está «muy establecida y muy consolidada».
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madrid 03/01/2015
La Fiscalía no recurrirá la decisión de llevar a la infanta al banquillo
A lo sumo, se adheriría a la apelación planteada por los abogados de Cristina.
Pedro
Horrach tira la toalla. No habrá recurso de la Fiscalía contra la
decisión del juez José Castro de sentar a Cristina de Borbón en el
banquillo como «cooperadora necesaria» de los dos delitos fiscales de su
marido. Anticorrupción, a diferencia de la defensa de la infanta,
considera que el auto de apertura de juicio oral no es recurrible y,
aunque sigue pensando que la hermana del rey no debería ser enjuiciada,
defenderá su inocencia en la vista oral. El Ministerio Público, a lo
sumo, se adheriría a la apelación planteada a la Audiencia Provincial
por los abogados de la infanta. Pero no irá más allá.
La duquesa de Palma y sus abogados se quedan así momentáneamente sin aliados en este proceso después de que durante más de un año y medio la Fiscalía la haya defendido tanto como sus propios letrados, incluso a costa de enfrentarse con el juez. Desde que Castro decidiera por primera vez imputar en la primavera de 2013 a la infanta, en aquel momento por delitos vinculados al Instituto Nóos y no a los delitos fiscales de Iñaki Urdangarín, invariablemente la Fiscalía ha recurrido todas y cada una de las decisiones del magistrado que perjudicaban a la hermana de Felipe VI.
También a principios de 2014 Anticorrupción recurrió la intención de Castro de llamar a declarar a la infanta por su papel en Aizoon, la empresa familiar que sirvió supuestamente para defraudar a Hacienda, pero al final la duquesa decidió acudir voluntariamente al juzgado.
El afán de Horrach por salvar a Cristina de Borbón del banquillo llevó a la propia Audiencia Provincial a recriminar a la Fiscalía que estuviera jugando un papel más cercano al de la defensa que al de acusador público.
La decisión de la Fiscalía de no apelar se conoció solo horas después de que se supiese que la infanta Cristina no se resigna a ser juzgada. Sus abogados, en una maniobra procesal bastante inusual y que podría alargar bastante el inicio de la vista oral, presentaron ayer un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Palma contra la decisión de Castro de enjuiciarla.
Ardid jurídico
La decisión del equipo jurídico que dirige Miquel Roca de dirigirse a los superiores de Castro es una suerte de ardid jurídico para sortear el propio auto de apertura de juicio oral dictado por el instructor el 22 de diciembre y en el que estableció que contra esa resolución no cabía recurso alguno. Los letrados de la hermana del rey no recurren en realidad el auto de apertura de juicio oral sino la determinación de Castro de ignorar la llamada doctrina Botín, según la cual no es posible enjuiciar a nadie por delito fiscal si las víctimas de ese ilícito, la Fiscalía como defensora del interés general y la Abogacía del Estado como defensora de Hacienda, no se sienten agraviadas.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Baleares apuntaron ayer la posibilidad de que esta maniobra procesal tampoco termine de fructificar. Aunque el recurso de apelación se formula ante la Audiencia Provincial de Palma, en realidad éste se registra ante Castro, que es, quien, en última instancia decide si lo admite a trámite o no, y si lo eleva a sus superiores.
La duquesa de Palma y sus abogados se quedan así momentáneamente sin aliados en este proceso después de que durante más de un año y medio la Fiscalía la haya defendido tanto como sus propios letrados, incluso a costa de enfrentarse con el juez. Desde que Castro decidiera por primera vez imputar en la primavera de 2013 a la infanta, en aquel momento por delitos vinculados al Instituto Nóos y no a los delitos fiscales de Iñaki Urdangarín, invariablemente la Fiscalía ha recurrido todas y cada una de las decisiones del magistrado que perjudicaban a la hermana de Felipe VI.
También a principios de 2014 Anticorrupción recurrió la intención de Castro de llamar a declarar a la infanta por su papel en Aizoon, la empresa familiar que sirvió supuestamente para defraudar a Hacienda, pero al final la duquesa decidió acudir voluntariamente al juzgado.
El afán de Horrach por salvar a Cristina de Borbón del banquillo llevó a la propia Audiencia Provincial a recriminar a la Fiscalía que estuviera jugando un papel más cercano al de la defensa que al de acusador público.
La decisión de la Fiscalía de no apelar se conoció solo horas después de que se supiese que la infanta Cristina no se resigna a ser juzgada. Sus abogados, en una maniobra procesal bastante inusual y que podría alargar bastante el inicio de la vista oral, presentaron ayer un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Palma contra la decisión de Castro de enjuiciarla.
Ardid jurídico
La decisión del equipo jurídico que dirige Miquel Roca de dirigirse a los superiores de Castro es una suerte de ardid jurídico para sortear el propio auto de apertura de juicio oral dictado por el instructor el 22 de diciembre y en el que estableció que contra esa resolución no cabía recurso alguno. Los letrados de la hermana del rey no recurren en realidad el auto de apertura de juicio oral sino la determinación de Castro de ignorar la llamada doctrina Botín, según la cual no es posible enjuiciar a nadie por delito fiscal si las víctimas de ese ilícito, la Fiscalía como defensora del interés general y la Abogacía del Estado como defensora de Hacienda, no se sienten agraviadas.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Baleares apuntaron ayer la posibilidad de que esta maniobra procesal tampoco termine de fructificar. Aunque el recurso de apelación se formula ante la Audiencia Provincial de Palma, en realidad éste se registra ante Castro, que es, quien, en última instancia decide si lo admite a trámite o no, y si lo eleva a sus superiores.
martes, 13 de mayo de 2014
PREFERENTES BANKIA:COMO MONTORO SE SOMETE..., MAS GANA.
Vaya chollos se busca el Sr. Presidente de turno de la Generalidad, con el PP. Entre el que hablaba catalán en la intimidad y el que soportó el portazo de La Moncloa, dado groseramente por el sabio Rajoy, quedan al desnudo los políticos catalanes y los españoles. No se si será porque unos están mas cerca de Francia y otros mas lejos. O tal vez sea por inteligencia natural en unos mientras en los otros puede ser por soberbia.
Por una cosa o por otra, sabemos quien se lleva, siempre, el gato al agua. Parece que la cuestión radica en lo que cada uno almacena en su coco. Lo malo de estos juegos, es que te pillen por medio con una partida de preferentes y enganchen a un grupo y los estafen. Como este no es el caso, enhorabuena a los catalanes y calabazas para el "listo" del Montoro.
Imagino que si el Sr. Mas le amenaza al de Hacienda con declarar urgente el posible Referéndum, puede conseguir otra ley de Amnistía al Fraude Fiscal para Catalunya. Eso si, pagándola todos los españoles.
Y en ese caso, yo no echaré la culpa a don Arturo.
No todos podemos disfrutar de la seguridad de llevar siempre los calzoncillos limpios...
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Por una cosa o por otra, sabemos quien se lleva, siempre, el gato al agua. Parece que la cuestión radica en lo que cada uno almacena en su coco. Lo malo de estos juegos, es que te pillen por medio con una partida de preferentes y enganchen a un grupo y los estafen. Como este no es el caso, enhorabuena a los catalanes y calabazas para el "listo" del Montoro.
Imagino que si el Sr. Mas le amenaza al de Hacienda con declarar urgente el posible Referéndum, puede conseguir otra ley de Amnistía al Fraude Fiscal para Catalunya. Eso si, pagándola todos los españoles.
Y en ese caso, yo no echaré la culpa a don Arturo.
No todos podemos disfrutar de la seguridad de llevar siempre los calzoncillos limpios...
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Catalunya ha liquidado definitivamente su particular fraude piramidal. Y lo ha hecho con la generosa ayuda del Estado central, ese del que nada quieren saber sus gobernantes salvo cuando de pagarles las facturas se trata.
En efecto, el Fondo de Liquidez Autonómico realizó a finales de abril unanueva aportación a las arcas de la Generalitat con objeto de que esta pudiera hacer frente al pago de principal e intereses del remanente de bonos patrióticos aún en vigor. El sueño independentista acapara ya un 42% del total de los recursos del FLA.
Como recordarán, estas emisiones se concibieron como una fuente alternativa de financiación para el ‘Tesoro catalán’. Ante el cierre de los mercados financieros para España en general y sus regiones en situación financiera más precaria en particular, y la renuencia de los bancos a ampliar su exposición crediticia a comunidades autónomas y ayuntamientos, sus dirigentes, socialistas primero y convergentes después, decidieron buscar el apoyo de los ciudadanos a través de esta deuda, concebida fundamentalmente para un público minorista. En la colocación contaron con el apoyo de la propia banca, que no dudó en sangrar al emisor con unas comisiones abusivas. Es lo que se llama hacer de la necesidad virtud. Y al cliente, pues eso, que le den.
Porque, ya desde el principio, cualquier persona medianamente informada sabía que nos encontrábamos ante una estafa de libro que sólo se podría sostener en la medida en que, a cada vencimiento, se captara el dinero suficiente como para liquidarla y mantener el esquema funcionando (premonitorio este Valor Añadido, "Bonos de la Generalitat, entre la idiocia y la desfachatez", 10-11-2010). En ningún momento fue una posibilidad cierta que se pudieran generar recursos para amortizarla cuando llegara su término. Vamos, como ocurre con el ingente volumen de renta fija emitida por el Estado o con los propios flujos de entrada y salida de la Seguridad Social, déficit de cotizantes frente a receptores de fondos.
No es este, por sí mismo, por tanto, motivo de escándalo alguno. O sí.
Así ocurrió con los dos primeros lanzamientos, de noviembre de 2010 y mayo de 2011, respectivamente.
Los 3.000 millones de euros de la inicial, que ofrecían un 4,75% a doce meses, para los que hubo más de 230.000 peticiones, se renovaron al año siguiente mediante entradas por valor de 4.200 millones, en este caso, divididas en dos tramos de 12 y 24 meses (2.640 al 4,75% y 1.580 al 5,25%).
Los 2.240 millones de euros a un año de la segunda (al 4,25%, que se complementaron con otros 960 a dos al 4,75%) se abonaron gracias a los 2.300 (1.530 a 12 meses al 4,50% y 780 al 5% a 24) que se captaron en mayo de 2012, en este caso, año y medio más tarde de su aparición, con un interés limitado a 100.000 compradores, menos de la mitad.
A partir de ahí, todas las liquidaciones en tiempo y forma de capital invertido y rendimiento –noviembre de 2012 y 2013 y abril de 2013 y 2014– han corrido por cuenta del Estado, es decir: de usted y de mí, ciudadanía catalana incluida.
Lo que nos lleva a la interesante cuestión de hasta qué punto es legítimo que la Administración abone la extrarremuneración asociada a un riesgo que llevó a que muchos inversores racionales descartaran estos títulos como inversión. ¿No hubiera sido más lógico que se ajustara el retorno finalmente obtenido, al menos, por el coste que todos vamos a tener que pagar por su rescate?
Y a otra casi igual de interesante. En la medida en que esto sucede,cualquier deuda de ayuntamiento o de comunidad autónoma que cotice a un fuerte descuento respecto al nominal es, al calor de esas actuaciones, una oportunidad única de compra, tenga o no aval público explícito. Una compra, por cierto, que, en contra del discurso oficial de Gobierno nacional y organismos internacionales, será propia más del especulador que del que llega para quedarse.
En fin, así son las cosas y así se las estamos contando. Ya saben. Lo que huela a que, al final, Supermán Rajoy va a venir, capa desplegada, en su ayuda, todo suyo. Hasta que el esquema Ponzi de la financiación de la Administración haga catacroc. Pero queda tanto para eso…
Buena semana a todos.
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