No era de recibo la defensa a ultranza de la Infanta contra el pueblo. No es posible comprender tanto desprecio a la ciudadanía, por defender a una delincuente de la familia real. Quizás por este hecho, la casta sea menos casta. Un Estado de Derecho no es compatible con el derecho de pernada. Una vez que se le declara a una persona "colaborador necesario", tiene que demostrar que los hechos no se cometieron por ella, y, como vemos, esto no ha sucedido.
Una sociedad y sus "colaboradores necesarios" nunca debe defender el delito contrastado, descubierto el cual y los delincuentes, solo pueden hablar los Tribunales. Quien la haga que, la pague. La vida que se ha pegado a costa de los demás, no se la quita nadie. !!Cuanto cariño debe tener al pueblo, que le roba y le saquea!!...
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sábado, 3 de enero de 2015
España
La Fiscalía tira la toalla y descarta recurrir la decisión de sentar a la infanta Cristina en el banquillo
Anticorrupción, a lo sumo, se adheriría a la apelación planteada a la Audiencia Provincial por los abogados de la hermana del Rey
Pedro Horrach tira la toalla. No habrá recurso de la Fiscalía contra la decisión del juez José Castro de sentar a la infanta Cristina en el banquillo como «cooperadora necesaria» de los dos delitos fiscales de su marido en el caso Nóos.
Anticorrupción, a diferencia de la defensa de la infanta, considera que
el auto de apertura de juicio oral no es recurrible y, aunque sigue
pensando que la hermana del Rey no debería ser enjuiciada, defenderá su
inocencia en la vista oral. El Ministerio Público, a lo sumo, se
adheriría a la apelación planteada a la Audiencia Provincial por los
abogados de la infanta. Pero no irá más allá. La duquesa de Palma y sus
abogados se quedan así momentáneamente sin aliados en este proceso
después de que durante más de un año y medio la Fiscalía la haya
defendido tanto como sus propios letrados, incluso a costa de
enfrentarse con el juez.
Desde que Castro decidiera por primera vez
imputar en la primavera del 2013 a la infanta, en aquel momento por
delitos vinculados al Instituto Nóos y no a los delitos fiscales de Iñaki Urdangarin, invariablemente la Fiscalía ha recurrido todas y cada una de las decisiones del magistrado que perjudicaban a la hermana de Felipe VI.
También a principios del 2014 Anticorrupción recurrió la intención de
Castro de llamar a declarar a la infanta por su papel en Aizoon, la
empresa familiar que sirvió supuestamente para defraudar a Hacienda,
pero al final la duquesa decidió acudir voluntariamente al juzgado.
El afán de Horrach por salvar a la Cristina de
Borbón del banquillo llevó a la propia Audiencia Provincial a recriminar
a la Fiscalía que estuviera jugando un papel más cercano al de la
defensa que al de acusador público. La decisión de la Fiscalía de no
apelar se conoció solo horas después de que se supiese que la infanta Cristina no se resigna a ser juzgada.
Sus abogados, en una maniobra procesal bastante
inusual y que podría alargar bastante el inicio de la vista oral,
presentaron este viernes un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Palma contra la decisión de Castro de enjuiciarla.
Ardid jurídico
La decisión del equipo jurídico que dirige Miquel
Roca de dirigirse a los superiores de Castro es una suerte de ardid
jurídico para sortear el propio auto de apertura de juicio oral dictado por el instructor el 22 de diciembre
y en el que estableció que contra esa resolución no cabía recurso
alguno. Los letrados de la hermana del Rey no recurren en realidad el
auto de apertura de juicio oral sino la determinación de Castro de
ignorar la llamada «doctrina Botín», según la cual no es posible
enjuiciar a nadie por delito fiscal si las víctimas de ese ilícito, la
Fiscalía como defensora del interés general y la Abogacía del Estado
como defensora de Hacienda, no se sienten agraviadas. Fuentes del
Tribunal Superior de Justicia de Baleares apuntaron la posibilidad de
que esta maniobra procesal tampoco termine de fructificar.
Aunque el recurso de apelación se formula ante la
Audiencia Provincial de Palma, en realidad éste se registra ante
Castro, que es, quien, en última instancia decide si lo admite a trámite
o no, y si lo eleva a sus superiores. Sea como fuere, explicaron
fuentes de los tribunales de Palma, este heterodoxo recurso podría
retrasar aún más el inicio del juicio del caso Nóos. Y todo ello,
sin descartar que la defensa de la infanta trate de llegar hasta el
Tribunal Constitucional con este asunto, alegando indefensión. El
abogado Jaume Riutord, del equipo jurídico de Roca, fue el encargado de
acudir hoy a los juzgados para presentar el recurso de 24 páginas e
informar al juez Castro de que había sido registrado. El letrado admitió
que la decisión o no de estudiar a no el recurso «dependerá del
instructor» y no quiso desvelar el contenido exacto del escrito, del que
el juzgado no dará traslado a las partes hasta la próxima semana.
«Novedosa»
No obstante, Roca, solo horas después de
conocerse que la hermana de Felipe VI debía sentarse en el banquillo, ya
adelantó que veía viable el recurso porque el escrito de Castro no era
un «simple auto de apertura de juicio oral más», sino que era una
resolución en la que el instructor creaba una suerte de nueva doctrina
propia, una interpretación personal puesta en marcha «exprofeso» para
sentar a la infanta en el banquillo.
Llegó a afirmar que el juez había creado una
doctrina «novedosa y excepcional en la historia judicial española» para
justificar que Manos Limpias en solitario lleve a la infanta hasta la
vista oral. Y todo ello, sostuvo el letrado catalán, obviando por
completo que la doctrina Botín está «muy establecida y muy consolidada».
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La Fiscalía no recurrirá la decisión de llevar a la infanta al banquillo
A lo sumo, se adheriría a la apelación planteada por los abogados de Cristina.
Pedro
Horrach tira la toalla. No habrá recurso de la Fiscalía contra la
decisión del juez José Castro de sentar a Cristina de Borbón en el
banquillo como «cooperadora necesaria» de los dos delitos fiscales de su
marido. Anticorrupción, a diferencia de la defensa de la infanta,
considera que el auto de apertura de juicio oral no es recurrible y,
aunque sigue pensando que la hermana del rey no debería ser enjuiciada,
defenderá su inocencia en la vista oral. El Ministerio Público, a lo
sumo, se adheriría a la apelación planteada a la Audiencia Provincial
por los abogados de la infanta. Pero no irá más allá.
La duquesa de Palma y sus abogados se quedan así momentáneamente sin aliados en este proceso después de que durante más de un año y medio la Fiscalía la haya defendido tanto como sus propios letrados, incluso a costa de enfrentarse con el juez. Desde que Castro decidiera por primera vez imputar en la primavera de 2013 a la infanta, en aquel momento por delitos vinculados al Instituto Nóos y no a los delitos fiscales de Iñaki Urdangarín, invariablemente la Fiscalía ha recurrido todas y cada una de las decisiones del magistrado que perjudicaban a la hermana de Felipe VI.
También a principios de 2014 Anticorrupción recurrió la intención de Castro de llamar a declarar a la infanta por su papel en Aizoon, la empresa familiar que sirvió supuestamente para defraudar a Hacienda, pero al final la duquesa decidió acudir voluntariamente al juzgado.
El afán de Horrach por salvar a Cristina de Borbón del banquillo llevó a la propia Audiencia Provincial a recriminar a la Fiscalía que estuviera jugando un papel más cercano al de la defensa que al de acusador público.
La decisión de la Fiscalía de no apelar se conoció solo horas después de que se supiese que la infanta Cristina no se resigna a ser juzgada. Sus abogados, en una maniobra procesal bastante inusual y que podría alargar bastante el inicio de la vista oral, presentaron ayer un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Palma contra la decisión de Castro de enjuiciarla.
Ardid jurídico
La decisión del equipo jurídico que dirige Miquel Roca de dirigirse a los superiores de Castro es una suerte de ardid jurídico para sortear el propio auto de apertura de juicio oral dictado por el instructor el 22 de diciembre y en el que estableció que contra esa resolución no cabía recurso alguno. Los letrados de la hermana del rey no recurren en realidad el auto de apertura de juicio oral sino la determinación de Castro de ignorar la llamada doctrina Botín, según la cual no es posible enjuiciar a nadie por delito fiscal si las víctimas de ese ilícito, la Fiscalía como defensora del interés general y la Abogacía del Estado como defensora de Hacienda, no se sienten agraviadas.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Baleares apuntaron ayer la posibilidad de que esta maniobra procesal tampoco termine de fructificar. Aunque el recurso de apelación se formula ante la Audiencia Provincial de Palma, en realidad éste se registra ante Castro, que es, quien, en última instancia decide si lo admite a trámite o no, y si lo eleva a sus superiores.
La duquesa de Palma y sus abogados se quedan así momentáneamente sin aliados en este proceso después de que durante más de un año y medio la Fiscalía la haya defendido tanto como sus propios letrados, incluso a costa de enfrentarse con el juez. Desde que Castro decidiera por primera vez imputar en la primavera de 2013 a la infanta, en aquel momento por delitos vinculados al Instituto Nóos y no a los delitos fiscales de Iñaki Urdangarín, invariablemente la Fiscalía ha recurrido todas y cada una de las decisiones del magistrado que perjudicaban a la hermana de Felipe VI.
También a principios de 2014 Anticorrupción recurrió la intención de Castro de llamar a declarar a la infanta por su papel en Aizoon, la empresa familiar que sirvió supuestamente para defraudar a Hacienda, pero al final la duquesa decidió acudir voluntariamente al juzgado.
El afán de Horrach por salvar a Cristina de Borbón del banquillo llevó a la propia Audiencia Provincial a recriminar a la Fiscalía que estuviera jugando un papel más cercano al de la defensa que al de acusador público.
La decisión de la Fiscalía de no apelar se conoció solo horas después de que se supiese que la infanta Cristina no se resigna a ser juzgada. Sus abogados, en una maniobra procesal bastante inusual y que podría alargar bastante el inicio de la vista oral, presentaron ayer un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Palma contra la decisión de Castro de enjuiciarla.
Ardid jurídico
La decisión del equipo jurídico que dirige Miquel Roca de dirigirse a los superiores de Castro es una suerte de ardid jurídico para sortear el propio auto de apertura de juicio oral dictado por el instructor el 22 de diciembre y en el que estableció que contra esa resolución no cabía recurso alguno. Los letrados de la hermana del rey no recurren en realidad el auto de apertura de juicio oral sino la determinación de Castro de ignorar la llamada doctrina Botín, según la cual no es posible enjuiciar a nadie por delito fiscal si las víctimas de ese ilícito, la Fiscalía como defensora del interés general y la Abogacía del Estado como defensora de Hacienda, no se sienten agraviadas.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Baleares apuntaron ayer la posibilidad de que esta maniobra procesal tampoco termine de fructificar. Aunque el recurso de apelación se formula ante la Audiencia Provincial de Palma, en realidad éste se registra ante Castro, que es, quien, en última instancia decide si lo admite a trámite o no, y si lo eleva a sus superiores.
