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El nuevo Código Penal facilita a partidos, sindicatos y empresas eludir la responsa bilidad en casos de corrupción
El
nuevo texto aclara que quedarán exentos de responsabilidad jurídica si
demuestran haber implementado planes de control con anterioridad a la comisión
de un delito
Con
los cambios que ahora pretende el PP, estas organizaciones podrán dotarse de
herramientas para alejar la posibilidad de que un juez les imponga multas o
incluso ordene su disolución
13/01/2015 - 21:56h
La
reforma del Código Penal que pretende el Gobierno esconde un cambio de
sustancial importancia que ha pasado prácticamente inadvertido. El nuevo texto
propuesto por el Ejecutivo prevé fórmulas para exonerar a empresas, partidos
políticos y sindicatos de la responsabilidad que hasta ahora tenían en el caso
de haberse beneficiado de la comisión de algún delito. Según la propuesta del
Gobierno, estas organizaciones podrán librarse de problemas con la justicia solo
con poner en marcha planes de control antes de la comisión del delito.
En
nuestro país, hasta 2010, no era posible juzgar a una empresa pero sí a sus
empleados. Dicho de otro modo, si una compañía pagaba sobornos, vertía residuos
ilegalmente o vendía productos en mal estado, los responsables eran personas
físicas, pero no la empresa en sí misma, aunque se hubiera beneficiado
económicamente de esas prácticas. Los cambios introducidos por el Gobierno de
Zapatero abrieron la vía judicial a la imposición de multas e incluso al cierre
de empresas por sus prácticas ilegales.
Aquella
legislación, que supuso un tenso debate en Consejo de Ministros, ya aclaraba que
obraría como atenuante el hecho de que las empresas demostrasen haber puesto en
marcha planes de control del delito. Ahora el PP planea convertir ese atenuante
en eximente.
El
cambio legal afecta también a la posibilidad de juzgar a partidos políticos y
sindicatos. Desde 2012, tras una iniciativa de UPyD, el entonces ministro
Gallardón incorporó a estas entidades como "penalmente responsables". Con los
nuevos cambios que pretende incorporar el Ejecutivo de Rajoy, partidos políticos
y sindicatos deberán crear mecanismos de control y lucha contra el delito si
quieren evitar ser considerados responsables por las infracciones penales que
pudieran cometer sus dirigentes y que beneficien de algún modo a la
organización.
La
actual estructura de las formaciones políticas apenas cuenta con mecanismos que
puedan equipararse a los señalados por la ley como garantes de la vocación de
lucha contra el delito. En el caso del partido que sustenta al Gobierno, Rajoy
encargó en 2009 la redacción de un Código
de Buenas Prácticas. Ana Mato fue la persona escogida para presentar ese
documento. Nadie por entonces podría imaginar que Mato llegaría a ser ministra y
que tendría que dimitir por sus relaciones con la Gürtel. Según fuentes
jurídicas, "parece difícil pensar que un juez pudiera aceptar ese código como
eximente en el caso de que alguien reclame la responsabilidad penal del PP por
la comisión de algún delito".
La
nueva ley obligará a que "la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento
del modelo de prevención implantado haya sido confiado a un órgano de la persona
jurídica con poderes autónomos de iniciativa y control". Nada en la calle
Génova, ni en Ferraz, ni en la sede de sindicato alguno, parece cumplir con la
independencia que señala el texto legal.
Los
cambios en la legislación abren la vía al desarrollo de un nuevo sector de
consultoría todavía no muy implantado en España: el compliance. Este
término, habitual en el marco anglosajón, se refiere a la creación de
departamentos de "cumplimiento normativo" que se encargan de vigilar que la
compañía en la que están insertados no vulnere la legislación en el desarrollo
de sus tareas. Con la nueva ley que pretende aprobar el PP, aquellas empresas
que impulsen la creación de departamentos de Compliance tendrán el
camino allanado para ser exoneradas de cualquier delito que pudiera cometer uno
de sus directivos.
Según
Juan Antonio Lascuraín, catedrático de Derecho Penal en la Universidad Autónoma
de Madrid, "la esencia de la responsabilidad consiste en evitar que alguien de
dentro de la organización cometa un delito en favor de la organización sin que
esta se organice para evitar que suceda". Según este profesor, "hay una
percepción que proviene del mundo anglosajón que señala que las empresas y su
ánimo de lucro poseen en sí mismos un fuerte factor criminógeno. Las empresas,
si no tienen responsabilidad, no tienen alicientes para hacer las cosas bien".
Ese criterio, introducido en 2010, contrasta con la máxima clásica en el Derecho
español que señala que "las sociedades no pueden delinquir".
Lascuraín
considera que "parece de justicia que, si una organización hace bien las cosas,
no debería penar porque una persona de la organización se haya saltado los
controles".
Presiones de las empresas
El
cambio legal impulsado por los populares no responde a una decisión meramente
casual. Según fuentes parlamentarias consultadas por eldiario.es, "ha habido presiones de empresas
extranjeras que amenazaron con retirar sus inversiones si no se les garantizaba
eliminar el riesgo legal que les suponía la anterior legislación".
El
historial de empresas con problemas en países en donde tienen filiales es
abultado. La alemana Siemens aceptó pagar 585 millones de euros a EE UU tras
saberse que había pagado sobornos para conseguir contratos. Los problemas de la
firma alemana se extendieron a otros países y la dirección de la compañía
decidió acometer cambios en sus puestos directivos y realizar una inversión
multimillonaria en control interno.
