'CASO BÁRCENAS'
Imputado el exalcalde de Toledo por el contrato de basuras investigado
El juez Ruz investiga en el marco del 'caso Bárcenas' un contrato de basuras presuntamente concedido a cambio de una comisión de 200.000 euros
El juez Pablo Ruz ha citado a declarar en calidad de imputado al exalcalde de Toledo, José Manuel Molina, en el marco del 'caso Bárcenas' para aclarar si un contrato de basuras fue concedido en 2007 a cambio de una comisión de 200.000 euros pagados al PP regional. El juez también cita a declarar, como testigo, a Emilio García-Page y a Francisco Javier Sánchez Rubio.
El juez instructor de los casos 'Gürtel' y 'Bárcenas' cierra la pinza
sobre el contrato de basuras en Toledo sospechoso de amaño. El
magistrado Pablo Ruz ha decidido llamar a declarar en calidad de
imputado al exalcalde de Toledo, José Manuel Molina, para descubrir si hay algo de cierto en lo que declaró el extesorero Luis Bárcenas: que Sacyr pagó una comisión de 200.000 euros
al PP regional para la campaña electoral, y que una empresa del grupo
se adjudicó este contrato de basuras. Para el juez, en estos hechos se
observan posibles delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de
influencias.
Para el juez, la declaración de Molina es necesaria por dos motivos: el primero, por su posible participación en estos hechos, y el segundo por la responsabilidad que ostentaba en el consistorio en esos momentos.
El magistrado también llama a declarar a varios testigos para esclarecer si existió delito en esta adjudicación: al actual alcalde Emiliano García-Page, a Sebastián González Vázquez y a Francisco Javier Sánchez Rubio. Los dos primeros podrán declarar desde su despacho o desde el TSJ por su condición de aforados. También están llamados a testificar cinco miembros de la empresa que finalmente se adjudicó el contrato.
El juez también indica al Partido Popular que tiene cinco días para entregar los estatutos o normas de régimen interno "o normativa reguladora de la organización" del partido en esta comunidad vigentes en 2006 y 2007.
Para el juez, la declaración de Molina es necesaria por dos motivos: el primero, por su posible participación en estos hechos, y el segundo por la responsabilidad que ostentaba en el consistorio en esos momentos.
El magistrado también llama a declarar a varios testigos para esclarecer si existió delito en esta adjudicación: al actual alcalde Emiliano García-Page, a Sebastián González Vázquez y a Francisco Javier Sánchez Rubio. Los dos primeros podrán declarar desde su despacho o desde el TSJ por su condición de aforados. También están llamados a testificar cinco miembros de la empresa que finalmente se adjudicó el contrato.
El juez también indica al Partido Popular que tiene cinco días para entregar los estatutos o normas de régimen interno "o normativa reguladora de la organización" del partido en esta comunidad vigentes en 2006 y 2007.
No hay comentarios:
Publicar un comentario