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domingo, 25 de noviembre de 2012

PREFERENTES BANKIA: ACLARACIONES DE UN ABOGADO

Como vengo haciendo últimamente, hoy pongo a vuestra posposición,  una información para parte del colectivo. Las dudas de varios de los que le forman, me llegan por e-mail, o por telefono y a veces bis a bis.
Cuanto mas aclaraciones vayamos asumiendo, mejor para nuestra tranquilidad. Os dejo unos párrafos de un letrado de Tenerife, que a mas de uno le resultara aprovechable:
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“Una demanda colectiva es muy arriesgada”


 Sábado, 24 de noviembre de 2012
El letrado tinerfeño Carlos Gómez Sirvent lleva años especializado en luchar en los juzgados para revertir los efectos de los productos tóxicos que la banca española empezó a comercializar masivamente entre sus clientes desde el inicio de la crisis. Gracias a su asesoramiento, los lectores de DIARIO DE AVISOS conocen desde años que tras las enigmáticas palabras swap o clip se ocultaban productos financieros de altísimo riesgo para el inversor, o que las participaciones preferentes son exactamente lo contrario, ya que relegan a quien las adquiere a un mercado subordinado en el que difícilmente encuentra comprador en un ciclo económico como el actual.
Ahora que esta temática es harto conocida por los afectados y que la Justicia ha respondido anulando los contratos salvo en los casos en que los clientes eran grandes empresas a las que se les puede exigir un conocimiento financiero alto, surgen nuevas dudas sobre la viabilidad procesal de estos casos. Para Gómez, “la posibilidad de una demanda colectiva es enormemente arriesgada para los inversores, que de por sí ya han sufrido bastante riesgo con sus ahorros. Por mucho que puedan parecerse, en realidad cada caso tiene sus particularidades y hay que analizarlas debidamente”.
En cuanto a la quita europea, Gómez Sirvent duda mucho de que España logre frenar los porcentajes que maneja la prensa especializada. “Al fin y al cabo, el que presta el dinero siempre pone las condiciones” reflexiona el abogado. “Otra cosa bien distinta es cuando estos asuntos se diriman en los tribunales europeos, a los que ya se han dirigido afectados de Galicia. Pero si lo que se quiere es anular el contrato, lo más rápido sigue siendo la Justicia española, que confirma una y otra vez el vicio en el consentimiento prestado”.