Los populares rechazaron en el Congreso y en el
Senado propuestas en este sentido formuladas por UPyD, Izquierda Unida y
Compromís. Asimismo, el Gobierno ha negado en dos respuestas escritas que tenga
intención de "quitar la protección a los integrantes del Poder Judicial y la
Fiscalía, contemplada ya desde la Constitución de 1931".
vozpopuli.com
¿Cortina
de humo? ¿El enésimo farol? La propuesta esbozada ahora por el ministro de
Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, consistente en pasar de 17.621 a 22 aforados
en España choca con el sentido del voto de los populares en el último año de
legislatura. Gallardón ha manifestado que su departamento ha incluido esta
iniciativa en el texto de la próxima reforma de la Ley Orgánica del Poder
Judicial que será debatida en las Cortes. Y lo ha hecho, incluso rebajando
expectativas al recalcar que tal propuesta no se puede realizar a través de ley
orgánica, ya que algunos de esos aforamientos están recogidos en la Constitución
o en los Estatutos de autonomía. En el supuesto de seguir adelante, habría que
reformar estas normas básicas con gran consenso, ha apuntado el ministro.
Precisamente,
esa compleja reforma de la Carta Magna y otros argumentos de diversa índole han
sido esgrimidos por los populares para tumbar en el Congreso y en el Senado al
menos nueve iniciativas planteadas por la oposición para regular el aforamiento.
El grupo parlamentario de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), los dos senadores
de Izquierda Unida (IU) y el diputado de Compromís, Joan Baldoví, han sido los
más activos actuando como azote del Gobierno en esta cuestión.
En
el caso de la formación de Rosa Díez, el partido que más ha atacado al Ejecutivo
por este frente, presentó dos mociones consecuencia de interpelaciones urgentes,
una propuesta de resolución al debate del Estado de la Nación de 2013, una
proposición no de ley y una serie de enmiendas tanto en la Comisión de Justicia
como en el Pleno del Congreso a la ley de racionalización del sector público,
donde Moncloa incluyó como anexo el aforamiento exprés de Juan Carlos I.
La
primera de esas dos mociones trató sobre "propósitos del Gobierno en relación
con las reformas legales necesarias a fin de eliminar distintos supuestos de
aforamiento y otros privilegios procesales de políticos y cargos públicos". Esta
iniciativa, en la que UPyD emplazaba al Gobierno a poner fin a la figura del
aforamiento, basada en una "una cierta desconfianza por parte de poder
legislativo respecto de la injerencia del ejecutivo o del judicial", fue
rechazada el 20 de junio de 2013 por 184 votos en contra, en su mayoría del PP
(hubo 19 a favor y 98 abstenciones, principalmente del Partido Socialista).
EL BLINDAJE EXPRÉS DE LA FIGURA DEL REY PADRE
SIRVIÓ A UPYD Y A LOS SENADORES DE IU PARA QUE EL GOBIERNO SE RETRATARA EN SU
NEGATIVA DE REVISAR EL AFORAMIENTO
La
segunda moción, todavía más reciente, de mayo de 2014, abordó "las reformas
legales necesarias a fin de combatir la corrupción política". El texto de UPyD
instaba aquí al Gobierno en su sexto punto a "suprimir, en el ámbito de sus
competencias, todos y cada uno de los supuestos de aforamiento que han
proliferado en distintas leyes". Sin embargo, la propuesta no salió adelante por
172 votos frente a 19 (registró 123 abstenciones).
El
tema del aforamiento también estuvo presente en el debate sobre el estado de la
Nación de 2013. UPyD presentó una propuesta de resolución, en concreto la número
28, que reclamaba al Gobierno "impulsar las reformas legales necesarias a fin de
suprimir, en el ámbito de sus competencias, todos y cada uno de los supuestos de
aforamiento que han proliferado en distintas leyes y que impiden que los
políticos acusados de corrupción puedan ser enjuiciados por el juez natural". La
formación magenta no logró que este séptimo punto de la iniciativa tuviera luz
verde.
En
junio de 2014, UPyD lo intentó con una proposición no de ley (PNL) relativa a la
"eliminación de las exenciones a la obligación de testificar y concurrir al
llamamiento judicial para declarar", un privilegio del que gozan los políticos
aforados. La formación magenta demandó al Gobierno que tomara ya cartas en el
asunto en un plazo de tres meses, pero los populares votaron en contra alegando
que no existe tanta urgencia y que esas exenciones irán contempladas en una
próxima reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La propuesta, debatida en
el seno de la Comisión de Justicia del Congreso, fue rechazada por 21 votos en
contra, tres votos a favor y 16 abstenciones (diputados de CiU, PNV y PSOE).
La
tramitación del proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley de
racionalización del sector público, donde el Gobierno blindó la figura del rey
padre, sirvió a UPyD y a los senadores de IU para poner a prueba al Gobierno
sobre la regulación del aforamiento. Las dos enmiendas (número 6 y 7) que
registró al respecto el partido de Rosa Díez se toparon con la mayoría del PP en
la Comisión de Justicia de la Cámara Baja (23 votos en contra, uno a favor y 16
abstenciones). Lo mismo ocurrió cuando el debate pasó al Pleno del Congreso. La
enmienda de la formación magenta que pedía abolir de golpe más de 9.000 aforados
obtuvo 183 votos en contra, 18 a favor y 121 abstenciones.
Por
su parte, los parlamentarios de Izquierda Unida en el Senado, Jesús Iglesias y
José Manuel Mariscal, defendieron una enmienda de adición (la número 10) al
mismo texto normativo, donde instaban al Gobierno a presentar "en el plazo de
seis meses los proyectos de ley y las reformas normativas necesarias para
limitar el número de aforamientos a los reconocidos en los Estados de nuestro
ámbito y permitir que al inicio de su función los aforados puedan renunciar al
mismo". Los populares tumbaron esta propuesta en la Comisión de Justicia de la
Cámara Alta con 16 votos en contra (hubo tres a favor y 6 abstenciones). La
misma enmienda también recibió el rechazo del Pleno del Senado por 149 votos
negativos (procedentes en su mayoría de la bancada popular) frente a 5
favorables y 77 abstenciones.
UNA IMPUNIDAD QUE CAUSA
INDIGNACIÓN
Un
último ejemplo lo protagoniza Compromís. Su diputado nacional, Joan Baldoví,
presentó el pasado julio una moción "sobre el incremento de espacios de
impunidad en el ámbito de la Administración de Justicia frente a las políticas
de restricción de libertades". En esta iniciativa, criticó a Gallardón que
"cuando hay un clamor para revisar que seamos el país democrático con más
aforados del mundo --más de 10.000-- a usted se le ocurre incrementar el número
de aforados, no sea que haya más jueces Castro por ahí, en los juzgados de
Instrucción y don Juan Carlos acabe imputado, como parece que pasará hoy con su
hija". La iniciativa tuvo el respaldo de UPyD por reclamar una reducción del
número de aforados y también del PSOE. Sin embargo, no salió adelante por el
rodillo del PP (174 votos en contra, 132 a favor y 18 abstenciones).
Además,
existen dos recientes respuestas parlamentarias del Gobierno a sendas preguntas
escritas de UPyD que ponen en evidencia el afán reformista que muestra ahora el
ministro de Justicia. En la entrevista concedida a El País, Gallardón aboga por
dejar en 22 los 17.621 aforados --sin contar a las fuerzas y cuerpos de
seguridad-- que hay en España, incluyendo aquí "todos los políticos de ámbito
nacional, autonómico, el total de los miembros de los órganos judicial y fiscal,
y los jueces de paz, que son 7.685". Sin embargo, esta pretensión de Gallardón
cae por su propio peso si se tiene en cuenta que el Ejecutivo respondió en junio
a UPyD que "este Gobierno no tiene intención de quitar la protección (del
aforamiento) a los integrantes del Poder Judicial y la Fiscalía, contemplada
desde ya la Constitución de 1931".
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