Entre el Gobierno, la Fiscal, el FROB, Ministerios de Justicia, Hacienda y el que depende de De Guindos, continúan despilfarrando caudales públicos.
¿A quien tendremos que cargar el desajuste que produzca la nefasta gestión del tema de las Preferentes?. Lus juzgados continúan atendiendo a nuestras demandas, Los procesos judiciales son costosos, mas por las tasas de Gallardón e inhibición de las fiscalías. Las costas judiciales casi en su totalidad están siendo cargadas a la entidad demandada...a los estafados siguen haciéndonos sufrir..., ¿Se están vengando de nosotros, estos estafadores desalmados, por defender lo nuestro?. El alto montante de gastos que provocan ÉSTOS POLÍTICOS, por su santa voluntad, ¿No lo son exclusivamente por su forma de actuar?. ¡¡Devuelvan ya todo lo estafado, no nos hagan sufrir mas!!.
¡¡Estan consiguiendo y provocando, que nuestros sentimientos heridos, nos exijan continuar la lucha contra los estafadores, políticos y financieros, aún después de conseguir, A TRAVÉS DE LAS SENTENCIAS, la devolución de nuestros ahorros robados.
Si en las administraciones públicas, citadas al comienzo, ponemos los nombres de los responsables, nos produce mas cabreo. Suena mas sangrante: Mariano, Eduardo, Antonio, Rafael, Cristóbal, Luis. Esta media docena de nombres, han completado la primera lista de COLABORADORES NECESARIOS, para que España no haya dictado la solución para los estafados por las Participaciones Preferentes, ni antes ni después de la NACIONALIZACIÓN de la asquerosa BANKIA. ¡¡¡Bastante mas barata hubiera resultado
si la hubieran dejado quebrada!!!.
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Dinero
La entidad ha provisionado 230 millones para estas circunstancias
07/11/2014
Bankia condenada por vender preferentes a un matrimonio mayor sin estudios y con un hijo con minusvalía
El Juzgado de Primera Instancia número 67 de
Madrid le obliga a pagar 163.000 euros por “abuso de confianza” y “no
informar a los clientes del riesgo de los productos”
El juzgado de Primera Instancia número 67 de
Madrid ha condenado a Bankia a reintegrar a un matrimonio el dinero
invertido en preferentes y acciones de la entidad. El banco ha sido
acusado de “ocultación dolosa”.
El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri.
El 22 de mayo de 2009, Bankia cerró dos contratos de suscripción de participaciones preferentes
con un matrimonio mayor sin apenas formación por importe de 136.000 y
20.000 euros, así como otro el 12 de abril de 2011 por 30.000 más.
También cerró órdenes de compra de acciones de la entidad el 1 de julio de 2011 por 6.000 euros.
Los afectados son una pareja sin estudios. Él -ya jubilado- trabajó en una empresa de limpieza del Ayuntamiento de Madrid. Ella se ha dedicado a las labores del hogar. Tienen un hijo con capacidad intelectual limitada y disminución orgánica y funcional del 52%. No querían poner en riesgo su dinero pensando en sus hijos, sobre todo en el dependiente.
El matrimonio puso el caso en manos de la Justicia. Sus abogados, del bufete Navas & Cusí, constataron que sus clientes “no recibieron la suficiente información precontractual”. Afirman que hubo abuso de confianza del personal de la entidad con el que la pareja llevaba trabajando en los últimos 40 años.
La defensa asegura también que el banco no informó del “riesgo de perder el capital invertido, ni de que la liquidez estaba sujeta al mercado secundario. Tampoco que la rentabilidad estaba ligada a la existencia de beneficios, ni de que en caso de quiebra estaban detrás de los acreedores ordinarios en el orden de prelación”.
El juez considera que la comercialización de preferentes y de acciones de Bankia fue “dolosa” porque ocultó la realidad económico-financiera de la entidad “aparentando una solvencia que no era tal”. Declara que “es imposible que la entidad desconociera las dificultades financieras que atravesaban trasladando el riesgo a quien no podía asumirlo”.
Constata que las preferentes se vendieron como un producto exento de riesgo, recuperable al 100%, con un preaviso de 7 días y con vencimiento en 5 años. Además, concluye que sólo se realizó test de conveniencia (no de identidad) sobre el marido. No sobre la mujer ni sobre el hijo con minusvalía.
La sentencia cita también el informe del Defensor del Pueblo de marzo de 2013 en el que afirma que “las preferentes se comercializaron en las sucursales a clientes minoristas como una alternativa a los depósitos sin informar debidamente de las características del producto”.
En Bankia recuerdan que la entidad tiene provisionados 230 millones para hacer frente a los procesos judiciales derivados del canje de preferentes y deuda subordinada.
Los afectados son una pareja sin estudios. Él -ya jubilado- trabajó en una empresa de limpieza del Ayuntamiento de Madrid. Ella se ha dedicado a las labores del hogar. Tienen un hijo con capacidad intelectual limitada y disminución orgánica y funcional del 52%. No querían poner en riesgo su dinero pensando en sus hijos, sobre todo en el dependiente.
El matrimonio puso el caso en manos de la Justicia. Sus abogados, del bufete Navas & Cusí, constataron que sus clientes “no recibieron la suficiente información precontractual”. Afirman que hubo abuso de confianza del personal de la entidad con el que la pareja llevaba trabajando en los últimos 40 años.
La defensa asegura también que el banco no informó del “riesgo de perder el capital invertido, ni de que la liquidez estaba sujeta al mercado secundario. Tampoco que la rentabilidad estaba ligada a la existencia de beneficios, ni de que en caso de quiebra estaban detrás de los acreedores ordinarios en el orden de prelación”.
“Ocultación dolosa” en la comercialización
Segun ha podido confirmar El Confidencial Digital, la sentencia, fechada el pasado 23 de octubre, da la razón al matrimonio afectado, condenando a Bankia a reintegrar la suma de 157.681, 53 euros por las partipaciones preferentes, además de los 6.000 euros invertidos en acciones. La entidad también deberá hacerse cargo de las costas del proceso.El juez considera que la comercialización de preferentes y de acciones de Bankia fue “dolosa” porque ocultó la realidad económico-financiera de la entidad “aparentando una solvencia que no era tal”. Declara que “es imposible que la entidad desconociera las dificultades financieras que atravesaban trasladando el riesgo a quien no podía asumirlo”.
Constata que las preferentes se vendieron como un producto exento de riesgo, recuperable al 100%, con un preaviso de 7 días y con vencimiento en 5 años. Además, concluye que sólo se realizó test de conveniencia (no de identidad) sobre el marido. No sobre la mujer ni sobre el hijo con minusvalía.
La sentencia cita también el informe del Defensor del Pueblo de marzo de 2013 en el que afirma que “las preferentes se comercializaron en las sucursales a clientes minoristas como una alternativa a los depósitos sin informar debidamente de las características del producto”.
En Bankia recuerdan que la entidad tiene provisionados 230 millones para hacer frente a los procesos judiciales derivados del canje de preferentes y deuda subordinada.
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