Os invito a su lectura, para que veáis que el cerco a los delincuentes, se va cerrando. Parece inevitable el rendimiento de cuentas ante la Justicia Tendrá que volver nuestro dinero a nuestras cuentas y los que nos lo robaron de mala forma, vayan a parar a donde sus señorías decida. También tendrán que responder de los daños causado en las vidas de las persona.
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Asociación
de Clientes Financieros (ACF)
NOVEDADES
DEL CASO BANKIA Zaragoza 7 de septiembre de 2013
EL ESTADO ESPAÑOL TIENE RESPONSABILIDAD PENAL,
EN
EL CASO BANKIA.
Más
pronto que tarde, los tribunales tendrán que dictar sentencia sobre
la ruina económica y los clientes muertos, consecuencia de la
masacre financiera que sufrieron los clientes el año 2009 en Caja
Madrid y Grupo Bankia con las preferentes.
Los
inspectores del Banco de España instalados en Caja Madrid y de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, debían proteger a los
clientes especialmente en Madrid, principal plaza financiera golpeada
por la rapiña de los ejecutivos.
Conforme
avanzan las investigaciones en la Audiencia Nacional del caso Bankia
y la pieza separada por las participaciones preferentes, aparecen
nuevos informes tanto del Banco de España, como de CNMV, que
demuestran que el Estado español, es responsable de las muertes de
clientes concretos, y de la ruina económica de cientos de miles de
españoles.
La
supuesta inmunidad que el Estado español ha invocado hasta ahora,
respecto a su falta de responsabilidad tanto por parte del Banco de
España, y CNMV, amparados por el dictamen de la Fiscalía
Anticorrupción, que han venido a decir que en la venta de las
preferentes en Caja Madrid no se veían actos calificables como
ilícitos penales, se desmorona por momentos
La
inacción de los inspectores in situ del Banco de España, y
posteriormente la falta de sanciones por parte de los inspectores de
CNMV, que han confirmado hace unos días que no hay ninguna sanción
aprobada contra Caja Madrid o el grupo Bankia en general, confirman
la responsabilidad de los inspectores funcionarios apostados en Caja
Madrid y el grupo Bankia posteriormente.
Al
contrario de lo que dicen los funcionarios, el traslado de depósitos
a plazo fijo, con reintegro a fecha determinada y con garantía de
recuperación, a una masiva contratación de preferentes, supone la
adquisición de una DEUDA de Caja Madrid perpétua con los clientes,
pero sin ninguna capacidad de devolución porque ya a fecha de 2009,
Caja Madrid estaba en quiebra.
¿Por
qué decimos que Caja Madrid estaba en quiebra cuando se emiten las
preferentes?
Primeramente
decir que si está en quiebra al emitir las preferentes el delito es
mayúsculo, y la estafa de libro.
Y
segundo por qué estaba en quiebra, pues sencillamente hay que
recordar lo siguiente:
al
cierre de 2010, Banco Financiero y de Ahorros BFA (donde mas de la
mitad corresponde a Caja Madrid) tenía 42.390 millones de agujero
inmobiliario, que resolvía mediante refinanciones de los créditos y
carencias de 2 y 3 años, para ocultar las operaciones en la
contabilidad, o lo que es lo mismo 280 grandes inmobiliarias en
situación de insolvencia, que entrarán en concurso de acreedores y
no pagarán su deuda,
según los resultados no auditados, remitidos por la entidad a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Con
la inactividad de los inspectores, que permitieron la venta masiva de
participaciones preferentes, cuando Caja Madrid ya estaba en quiebra,
la Asociación de Clientes Financieros, sostiene que el Estado
español, pasó a ser responsable efectivo de la actividad de sus
inspectores del Banco de España y de CNMV, que en ningún momento
intervinieron para salvaguardar aquello para lo que fueron destinados
como funcionarios, para salvaguardar la seguriddad económica de los
clientes.
Sin
embargo en lugar de proteger a la población, decidieron proteger los
intereses de los directivos de Caja Madrid, en especial de su
Presidente Sr. Blesa, que luchaba en esos momentos por mantenerse en
la Presidencia de Caja Madrid, apoyado por el alcalde de Madrid, Sr.
Gallardón y que intentaba ser sustituido por un Presidente títere
de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, la
defensa de esos intereses espúreos fue mayor para los inspectores,
que decidieron no intervenir y permitir la masacre financiera que
supuso la venta de las participaciones preferentes en Caja Madrid, en
definitiva los mandos del Banco de España y de CNMV abandonaron a su
suerte a los clientes, todos cayeron en la trampa de una
comercialización que no era sino una gigantesca estafa.
La
venta de las participaciones preferentes y de las obligaciones
subordinadas en Caja Madrid, Bancaja y en todo el grupo Bankia, ha
sido una guerra abierta de los intereses de los directivos contra los
clientes.
En
el año 2009, los inspectores del Banco de España, permitieron el
canje de las participaciones preferentes del 2004 al 2009, y los
inspectores de CNMV continuaban con sus labores de inspección donde
ya desde años se registraban irregularidades. Uno como regulador, el
otro como supervisor, cumplían dos labores vitales de protección al
cliente. Además la normativa Mifid daba una tercera garantía en
este caso por imperativo europeo a los clientes. Ninguna de estas
tres garantías cumplió. Caja Madrid parece que contaba con un pase
epecial del Banco de España y de CNMV, y respecto a la normativa
europea sobre la Mifid, simplemente se dedicó a rellenar a ordenador
y marcar con una cruz los llamados test, para comprobar si los
clientes cumplían los requisitos. Todo una gran mascarada legal pues
se había dado vía libre de antemano por las autoridades oficiales.
Los clientes en innumerables ocasiones han pedido protección al
Banco de España, sin éxito, también a la CNMV la misma respuesta
denegado el apoyo a los clientes, no hay sanciones.
En
este caso nos encontramos con que unos funcionarios cobardes, no han
sido capaces de enfrentarse y cumplir con su responsabilidad, y esos
cobardes han sido los inspectores que abandonaron a los clientes,
caerá sobre sus conciencas los muertos que ya ha habido y los
enfermos por esta causa, pero todavía caerá más el peso de la ley,
a su debido tiempo, porque no todos los funcionarios españoles son
unos cobardes como ellos, y habrá jueces que sabrán castigar sus
delitos, y con él la responsabilidad del Estado español.
José
Ignacio Martín
Pte.
ACF
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