Asturias: sindicalista sospechoso
El caso que palpita en este momento lleva el nombre de un
sindicalista, aunque no uno cualquiera; el caso Villa va tras la pista
del origen de una fortuna aflorada al hilo de la amnistía fiscal del año
2012, a nombre del histórico líder del sindicato minero SOMA-UGT, José
Ángel Fernández Villa. El que fuera hombre fuerte del socialismo
asturiano entregó en el banco un buen montón de fajos hasta el millón y
medio de euros que justificó aludiendo a una herencia de su madre, que
regentó hasta su muerte un modesto bar en las cuencas mineras. La
Fiscalía Anticorrupción no se ha dado por satisfecha y trata de
desentrañar como Villa acumuló semejante capital. Pero hay más, está
pendiente de juicio el caso Marea, una trama de contratos amañados con
varios imputados, entre ellos el ex consejero de Educación del PSOE,
José Luis Iglesias Riopedre. Y habrá que ver en que acaba el expediente
europeo por la ampliación del Puerto de Gijón, que habla de
irregularidades y fraude en la gestión de la obra y propone la
devolución de casi 250 millones de ayudas comunitarias.
Canarias: con Lanzarote a la cabeza
Con más de 200.000 folios de sumario, el caso Unión es el primero de
los grandes casos de corrupción en el que ya ha comenzado la vista oral,
aunque la operación estalló en mayo de 2009. Afectó a varios
ayuntamientos de Lanzarote. En su día se detuvieron a concejales,
alcaldes, empresarios y funcionarios públicos. El expresidente del
cabildo de Lanzarote, Dimas Martín está considerado el cabecilla de esta
trama de corrupción urbanística y fue detenido en la misma cárcel,
donde estaba ingresado por condenas anteriores. En Gran Canaria están
pendientes el caso Eólico, que afecta a una trama corrupta relacionada
con un concurso de energía eólica que se convocó cuando era consejero de
Industria Luis Soria, hermano del actual ministro de Turismo y energía
José Manuel Soria. También en Gran Canaria está el caso Faycán, que
afecta al ayuntamiento de Telde, el segundo más importante de la isla.
Se investiga cobro de comisiones y presunta financiación ilegal del PP.
Casi 30 imputados, entre ellos la alcaldesa de Telde, para la que el
fiscal pide 5 años de cárcel, Carmen Castellano, que se presentó a la
alcaldía por el PP cuando ya estaba imputada por este caso. En Tenerife
uno de los más destacados es el caso Las Teresitas, considerado por la
Fiscalía Anticorrupción un pelotazo urbanístico de manual. Uno de los
principales imputados es el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel
Zerolo. Actualmente es senador de Coalición Canaria. Zerolo fue
condenado por otro caso, por el tribunal supremo y podría dejar su
escaño en la cámara alta en los próximos días.
Catalunya: no se escapa nadie
Las investigaciones por presunta corrupción han salpicado la familia
del expresident de la Generalitat, Jordi Pujol. La justicia quiere
averiguar el origen de la fortuna familiar y mira con lupa las
actividades de 3 de sus hijos, como la compra de 1.000 oficinas del
Santander por 2.000 millones de euros de Oleguer Pujol o la presunta
compra del voto de Oriol Pujol a cambio de 40.000 euros en la presunta
trama de las ITV. Pero el goteo de casos salpica a todos los partidos:
desde la supuesta financiación ilegal de Convergència en el caso Palau,
más de 6 millones de euros supuestamente desviados y la sede del partido
embargada, al presunto cobro de sobresueldos de 40 alcaldes de todos
los colores en la Federación de Municipios.
Galicia: sucesión de alcaldes
Lo último sobre corrupción en Galicia pasa por la operación Zeta y el
supuesto fraude de 20 millones de euros de fondos públicos de la Xunta
para cursos de formación. Como cabecilla de la trama se sitúa un
empresario coruñés que tenía relaciones de privilegio con el actual
gobierno y con el anterior. El principal conseguidor es el empresario
Pachi de Lucas, amigo del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, y
muy bien relacionado con la plana mayor del PP. Se acaba de cerrar
además la instrucción de la operación Campeón que provocó la dimisión de
la cúpula del IGAPE, un organismo de la Xunta para la dinamización
empresarial... Y está la operación Pokémon, con más de cien imputados
por tráfico de influencias, cohecho, prevaricación. Se trata de una
operación que ha puesto patas arriba a los gobiernos de varias ciudades
gallegas, Ourense, A Coruña, Lugo y Santiago. Un ejemplo de las
consecuencias que provoca la corrupción en Galicia lo encontramos en
Santiago de Compostela, con tres alcaldes en tres años. Conde Roa, del
PP, tuvo que dimitir por un fraude fiscal. Su sucesor, Ángel Currás
todavía imputado en la Pokémon, dimitió después de que medio gobierno
fuera condenado por prevaricación administrativa, por decidir el pago
con fondos públicos del abogado de un concejal acusado de corrupción.
Ahora el actual alcalde, Agustín Hernández, gobierna con siete
concejales no electos.
Madrid: lo último, la operación Púnica
Valdemoro es uno de los municipios de Madrid que se ha encontrado en
pleno ojo del huracán de la 'operación Púnica': donde Francisco
Granados, eje de la trama, fue alcalde, y donde según la justicia se
concedieron contratos públicos de forma irregular.
Málaga: 400.000 folios de instrucción
Uno de cada diez municipios de la provincia se ha visto salpicado por
casos de corrupción. Continúan en instrucción o pendientes de juicio
más de un centenar de causas con cerca de 200 imputados de los que medio
centenar son, o han sido, cargos públicos o funcionarios de las
distintas corporaciones. Caso Malaya, Astapa, Arcos, Casares, Manilva…
Los asuntos de corrupción pendientes de juicio en Málaga suman más de
1.000 tomos y 400.000 folios de instrucción.
Murcia: fútbol, constructores y granjeros
El caso Umbra mantiene imputada a toda la cúpula de urbanismo del
Ayuntamiento de Murcia, incluido el alcalde, Miguel Angel Cámara, el
exconcejal de Urbanismo, Fernando Berberena, el exjefe de la Gerencia y
exjefe de planeamiento, además de a Jesús Samper, presidente del Real
Murcia y otros empresarios. El juzgado de instrucción número ocho de la
capital investiga desde hace años los convenios urbanísticos de norte de
la ciudad, especialmente el de Nueva Condomina donde Samper pudo haber
tenido un trato de favor por parte del equipo del PP en el Ayuntamiento
en la recalificación de terrenos a cambio de construir un campo de
fútbol. En pieza separada se investiga el patrimonio del alcalde de
Murcia (un informe de 600 páginas) que está declarado secreto casi un
año. La última pieza del caso Umbra es un informe pericial que se acaba
de conocer y que revela que el Ayuntamiento cifró en casi 69 millones de
euros la compensación a los propietarios de tres granjas de cerdos
situadas en los terrenos de Nueva Condomina, para ser trasladadas a otro
lugar por diez más que su valor.
Sevilla: 220 imputados por los EREs
En Sevilla hace casi cuatro años que la jueza Mercedes Alaya
investiga si el pago de ayudas socio laborales, ayudas directas a
empresas y EREs se pagaron al margen del procedimiento legal, evitando
los controles previos de la Intervención y al margen de la Ley de
Subvenciones. En muchos casos supuestamente se dieron ayudas millonarias
sin solicitud del interesado. Hay más de 220 imputados, entre ellos la
exconsejera Magdalena Álvarez, y están " preimputados" los dos ex
presidentes de la Junta, Chaves y Griñán; los ex viceconsejeros Gaspar
Zarrías, Mar Moreno, Carmen Martínez Agüayo, José Antonio Viera, Antonio
Fernández, Manuel Recio, Antonio Ávila, Francisco Vallejo, Martín
Soler. El Supremo tendrá que decidir en unos meses si divide la
macrocausa en piezas como desea Anticorrupción y si asume la que afecta a
los políticos. La jueza ha cifrado el supuesto fraude en 855 millones
de euros. Desde el principio ha impuesto fianzas civiles millonarias que
llegan a los 2.950 millones. Las mayores, 808 millones al ex consejero
Fernández y 686 millones al exdirector de Trabajo, Javier Guerrero.
Toledo: comisiones en el servicio de basuras
El juez Ruz está investigando la adjudicación del servicio de basuras
y limpieza de Toledo porque, según Luis Bárcenas, la adjudicataria pagó
a cambio al PP de Castilla-La Mancha 200.000 euros como comisión. Esto
ocurría en 2007, cuando el PP gobernaba en el Ayuntamiento de Toledo.
Valencia: caso abierto
El caso Cooperación es el único de momento con un culpable ya
declarado. Rafael Blasco fue sentenciado a ocho años de cárcel y veinte
años de inhabilitación absoluta por el desvío en 2008 de 1,8 millones de
euros teóricamente destinados a Nicaragua y que se invirtieron
principalmente en pisos y plazas de garaje en Valencia. Ahora están
pendientes las dos piezas separadas del
caso cuya investigación
aún no ha concluido. Y siguen pendientes, el caso Brugal, y el
urbanismo alicantino, con la imputada Sonia Castedo; el caso Nóos, con
varios altos cargos de la Generalitat imputados por la celebración de
eventos en Valencia, organizados por Iñaki Urdangarín; el caso Gürtel ,
que además de los trajes de Francisco Camps están pendientes de juicio
varias asuntos por la estrecha relación entre los máximos responsables
de la trama con el PP en la Comunitat Valenciana.
Bankia deberá devolver más de un millón de euros en preferentes y subordinadas
