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viernes, 13 de febrero de 2015

PREFERENTES BANKIA: CUANDO UN JUEZ QUIERE...

                                           ¡¡ULTIMA NOTICIA!!                           
                   COPIO, CORTO Y PEGO
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Andreu impone una fianza civil de 800 millones a Bankia





Fernando Andreu ha fijado en 800 millones las fianzas solidarias en concepto de responsabilidad civil para asegurar las eventuales responsabilidades que se puedan acordar en sentencia. Una fianza que el juez requiere a Bankia S.A, al Banco Financiero de Ahorros S. A. y a Rodrigo Rato, Francisco Verdu, y Jose Manuel Fernabdez Norniella y José Manuel Olivas, a fin de que en un mes y de forma solidaria depositen el dinero de cualquiera de las formas que permite el derecho para hacerlo.
Con la pericial practicada y de lo instruido hasta el momento, el juez considera que se ha podido cometer un delito tipificado en el Código Penal en el artículo 282 bis, que castiga a quienes como administradores de hecho o de derecho de una sociedad emisora de valores, falsearan la información económica financiera contenida en los folletos de emisión de cualesquiera instrumentos financieros, con el propósito de captar inversores o depositantes.
Del informe pericial obrante en las actuaciones se desprende, según Andreu, "con toda rotundidad que los estados financieros contenidos en el folleto de la OPS de Bankia no expresaban la imagen fiel de la entidad".
Una conclusión que ni siquiera contradice el informe realizado a instancias de la parte querellada. Para Andreu hay indicios de la comisión de este delito, ya que en primer lugar se produjo una falsedad, puesto que los estados financieros de Bankia Y BFA desde su constitución no expresaban la imagen fiel de dichas entidades. Se trata de una falsedad, " al tratarse de un relato incompatible con la verdad".
Ese folleto informativo estaba dirigido a los inversores minoristas, "pues las negociaciones con los inversores del tramo institucional tienen otro recorrido, dado que los mismos conocen otros aspectos complementarios tanto de su inversión como de los riesgos, teniendo conocimientos más amplios de los que tienen los minoristas" motivo por el que, sin perjuicio de salvaguardar los intereses de los inversores institucionales, la estimación que se hace con carácter provisional es de asegurar las legítimas expectativas de los citados accionistas minoristas.
De esta forma, se estima proporcionada, adecuada y justificada a los fines la cantidad de 800 millones, que haría una tercera parte de la suma invertida por los accionistas minoritarios ( 1800 millones), es decir, serían 600 más un tercio de dicha cantidad, por lo que la cifra asciende a 800. El juez recuerda que la ley permitirá ampliar o reducir esa cifra, según la evolución del proceso judicial.
A los cuatro ex miembros del Consejo de Administración se les requiere en tanto que fueron responsables del acuerdo adoptado en la reunión del consejo de administración de Bankia de 15 de junio de 2011 que supuso la aprobación de los estados financieros que fueron incorporados al folleto informativo de la salida a bolsa, " cuya veracidad esta cuestionada con sólidos y fundados indicios".

sábado, 8 de marzo de 2014

PREFERENTES BANKIA: ANDREU, EVOLUCIONA.

                           COPIO, CORTO Y PEGO.


                                           
 ELDIARIO.es

La causa de las preferentes encalla en la Audiencia Nacional nada más arrancar.


Las acusaciones apuntan como obstáculo que el juez y el fiscal nocreen que hubiera un plan precondebido por Blesa y sus colaboradores.

 Intentaran desatascar la instrucción pidiendo que declaren otros directivos de Caja Madrid y los expresidentes del Banco de España y la CNMV.

La negativa de Andréu a incorporar los correos impide que los testigos y querellados puedan ser preguntados por su contenido.

07/03/2014 - 20:53h

Blesa declara hoy de nuevo como imputado por la compra del Banco de Florida
Los preferentistas han puesto muchas esperanzas en el proceso abierto en la Audiencia Nacional.
El caso de las preferentes en la Audiencia Nacional nace enfermo y solo un vuelco podrá hacer que culmine con la celebración de un juicio, coinciden distintas acusaciones tras la primera semana de interrogatorios. Durante cinco jornadas, uno tras otro de los quince querellados se han negado a contestar a los abogados de las acusaciones y solo lo han hecho a preguntas del fiscal, el juez y sus propios letrados. Y siempre para negar irregularidades y descargarse de responsabilidades en la comercialización del producto que ha provocado el mayor escándalo financiero en la historia de España.
Nada de esto, sin embargo, es inusual en los interrogatorios. ¿Por qué entonces el pesimismo en las acusaciones? Los  abogados señalan a la actitud de partida del juez, Fernando Andreu, y del fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón. Creen que el primero instruye obligado por la Sala de lo Penal –solo ha hecho una pregunta en un total de 15 interrogatorios- y el segundo yerra al centrarse en la ocultación del verdadero estado de Caja Madrid cuando se emitieron las preferentes. Alegan que ninguno de los dos está convencido de que la gran estafa de las preferentes responda a un plan concebido desde la cúpula de Caja Madrid.
Andreu se opuso en un primer momento a sumar la investigación de las preferentes por el caso Bankia, aunque después decidió abrir una pieza separada en contra del criterio de la Fiscalía. Los recursos presentados por las defensas de los querellados obligaron a la Sala de lo Penal a delimitar la investigación: el caso se centraría en investigar si la cúpula de Caja Madrid ideó el producto para tapar el agujero que ya existía en 2009 en la entidad. Ni los presuntos engaños a los clientes cometidos entre las cuatro paredes de una sucursal, ni el case de operaciones en el mercado secundario serían objeto de la pieza separada.
Las preferentes fueron vendidas a los ahorradores de Caja Madrid con la apariencia de un depósito de vida limitada. Sin embargo, se trataba de un producto de alto riesgo y a perpetuidad: los ahorradores no recuperarían su dinero tras un periodo estipulado sino que tendrían que recurrir a un supuesto mercado secundario, el case interno. Caja Madrid buscaba entonces un comprador, pudiendo manipular los precios a su antojo. Cuando se corrió la voz de que el producto no era tan seguro como creían los inversores, todos corrieron a vender y se encontraron, sencillamente, con que no había mercado, según los argumentos de la acusación popular.
Andrés Herzog es el abogado que representa a UPyD, uno de los artífices de que el caso Bankia esté en la Audiencia Nacional. Para Herzog, dejar fuera el case de operaciones desinfla toda la investigación. "La Fiscalía sigue defendiendo que ese mercado ficticio era objetivo", critica. El mismo diseño de las preferentes demuestra, a su entender, que las preferentes son “un hecho delictivo en sí”. Esto es lo que justificaría una investigación de la gran estafa en la Audiencia Nacional, más allá de las vías preferidas por los afectados para recuperar su dinero: el arbitraje, la vía civil y los juzgados locales.
“El fiscal se limita a relacionar las preferentes con los estados financieros de Caja Madrid cuando eso ya es objeto de la investigación a Bankia. La situación es muy caótica”, lamenta el abogado de UPyD. Aún así, Herzog confía en que la práctica de diligencias haga reconsiderar a Andreu el ámbito de investigación. “El que marcó la Sala es absurdo”, zanja.
Para Juan Ignacio Morengo Yagüe, abogado de #15MpaRato, el Tribunal Supremo debería resolver sobre la decisión de la Sala de no investigar el citado case de operaciones. Coincide en que las preferentes suponen un fraude masivo en su comercialización y una estafa generalizada. Y suma, a la vista del contenido de los interrogatorios, el delito de falseamiento de cuentas públicas por el desfase en más de 4.000 millones entre los recursos propios que presentó Caja Madrid en 2009, fecha de emisión de las preferentes, y al año siguiente.

Círculo exculpatorio

Miguel Blesa defendió en su declaración del lunes que las preferentes cumplían con todos los requisitos exigidos por el regulador. En cualquier caso, añadió, los responsables de su diseño eran los departamentos de Cumplimiento Normativo y Marketing. El responsable de Cumplimiento Normativo, Manuel Fernández Navarro, dijo dos días después que Caja Madrid había sido “más exigente” que otras entidades para lanzar las preferentes, y que cuando lo hizo, no había normativa al respecto de la CNMV. Por su parte, Fernando Cuesta, de Marketing, responsabilizó del folleto informativo a Matías Amat, director de Negocio que no figura entre los querellados.
Los consejeros querellados han declarado que por ellos no pasó en ningún momento la decisión de emitir preferentes, asegurando que de eso se encargaban otros miembros del Consejo que a su vez integraban la comisión ejecutiva. Pero los abogados de la acusación particular que presentaron la querella solo incluyeron a un miembro de la comisión ejecutiva en la misma, Miguel Blesa. Esto ha permitido que por el momento se cierre el círculo exculpatorio. 
Para salir de él, las acusaciones populares planean solicitar nuevos interrogatorios. Entre ellos, los de miembros de la comisión ejecutiva y los ejecutivos de la entidad, entre ellos el director general, Ildefonso Sánchez Barcoj, o el director de Negocio, Matías Amat. Si Andreu acepta llamarlos como testigos, comparecerán sin abogado, con la obligación de decir la verdad y contestar también a las preguntas de los abogados de la acusación.
En este sentido, Blesa repitió en varias ocasiones que el Banco de España y la CNMV avalaron las preferentes de Caja Madrid. UPyD ya pidió que declararan sus responsables entonces como imputados y Andreu se negó. Ahora, las acusaciones planean solicitar que declaren como testigos para cotejar las afirmaciones del expresidente de Caja Madrid.

Los correos se quedan fuera

Jordi Ruiz Villa es abogado del despacho barcelonés Jausas, que representa a una pareja de preferentistas que invirtió 300.000 euros en el producto, y autor de la querella. Son los responsables de que Andreu haya tenido que decidir sobre la incorporación de los correos de Blesa al caso de las preferentes. El juez decidió que quedaran fuera y solo comunicó su decisión unas horas antes de que el exbanquero declarara en la Audiencia Nacional, a pesar de que Anticorrupción le había informado hace un mes de que también se oponía. Si Andreu acepta a llamar algún testigo a declarar, ninguno de los abogados de la acusación podrá interrogar sobre el contenido de los correos publicados. En el caso de que lo hicieran, el juez declararía la pregunta improcedente.
En el caso de Matías Amat, por ejemplo, nadie podría interrogarle por el intercambio de correos previo y el mismo día de la emisión de preferentes en mayo de 2009. En esos mensajes,publicados por eldiario.es, Amat y Blesa celebran las "cifras de récord" en el lanzamiento del producto. El expresidente se lanza a decir a su número dos: "Lo que he aprendido es que si a los sindicatos no les gusta, probablemente es un buen producto".
Ruiz Villa tiene sus esperanzas puestas en el resultado de las diligencias que ordenó Andreu el 19 de febrero. En ellas, se requiere a Bankia numerosa documentación para arrojar luz sobre la situación de la entidad a mediados de 2009, aún como Caja Madrid, y los documentos de emisión de preferentes. El abogado recuerda que Andreu ha escogido la figura del querellado para interrogar a Blesa y el resto. “Mientras no se conviertan en imputados, el plazo de prescripción no se interrumpe”, advierte.
Andreu podía haber citado a Blesa y a los otros 14 como imputados, pero optó por la figura del querellado. El letrado también advierte de que el juez puede no esperar a la petición de nuevas diligencias y archivar la pieza separada de las preferentes, lo que obligaría a las acusaciones a recurrir a la Sala.

domingo, 29 de julio de 2012

PREFERENTES BANKIA. POR LA BULLA, AUMENTA LA ESPERANZAp

ElConfidencial.com

C.Guindal 29/07/2012   (06:00h)

Los casos de Novagalicia y Bankia son sólo el principio. La venta engañosa de participaciones preferentes a cientos de miles de personas en todo el territorio español se ha convertido en una de las máximas preocupaciones para instituciones como la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Ministerio de Economía, el Defensor del Pueblo y las asociaciones de consumidores. Sin olvidar, por supuesto, al millón de familias que han visto como se perdían sus ahorros - un total de 30.000 millones de euros-, al invertirlos en un producto de alto riesgo pensando que se trataba de un depósito al uso. Este asunto podría llevar a los tribunales a más de medio centenar de bancos y cajas que llevaron a cabo esta práctica engañosa.
Novagalicia  ha sido condenada recientemente por engañar a un cliente que invirtió su dinero sin conocimiento de lo que firmaba. Pero queda una larga batalla por delante. La próxima semana, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu decidirá si interviene judicialmente Bankia por el desfalco realizado, por engañar a la propia CNMV con informes manipulados para salir a Bolsa y por sus ventas fraudulentas en participaciones preferentes.
Todos los miembros del Consejo de Administración y su expresidente, Rodrigo Rato, están imputados en una causa que se encuentra en estado embrionario. Fuentes próximas a algunos de ellos no desmienten la preocupación que se vive por el devenir de la instrucción. En la causa, el magistrado ha admitido a la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE) como acusación popular, que defenderá a un gran número de clientes estafados.
El recorrido será largo y los afectados pueden tardar en recuperar su dinero, si finalmente lo consiguen. Un antecedente es el caso de Fórum Filatélico y Afinsa, una estafa millonaria que la Audiencia Nacional destapó en 2006 y que afectó a casi 500.000 personas. A día de hoy, la  investigación sigue abierta y los perjudicados todavía no han recuperado el dinero invertido en estas dos empresas de venta de sellos que les ofrecían una rentabilidad más alta que la del mercado.
La Caja del Mediterráneo también está judicializada por dejar a más de 54.000 familias sin sus ahorros al invertir en "un instrumento complejo y de riesgo elevado que puede generar rentabilidad, pero también pérdidas en el capital invertido", según la propia definición de la CNMV, concepto que gran parte de los clientes desconocían. Todas las  entidades bancarias que colocaron preferentes utilizaron el mismo método. Desde sus sucursales, sus empleados ofrecieron una información falseada y con ocultación del riesgo que suponía. Las pérdidas de numerosas familias se descubrieron al intentar recuperar el dinero y ver que ya no disponían de sus ahorros.
La Caixa se lleva la palma de las reclamaciones.
Según el presidente de la asociación de usuarios ADICAE, Manuel Pardos, la caja se capitalizó "metiendo en un corralito" a  160.000 familias. A cambio de las participaciones, la entidad ofreció un canje de un 70% de deuda subordinada a diez años y un 30% en obligaciones convertibles en acciones. Es decir, convirtieron a pequeños ahorradores en accionistas de la compañía sin su consentimiento, o por lo menos, no con pleno conocimiento.
Esta asociación va a presentar una demanda civil en Barcelona contra la entidad catalana. Pero no va a ser la única que a la vuelta de verano tenga que dar la cara en los tribunales. Banca Cívica, Caja Sol y el Banco Santander son otros de una larga lista de entidades que van a protagonizar este año las demandas civiles y querellas criminales. En total, tienen planeadas actuaciones contra 52 bancos y cajas en representación, por ahora, de más de 30.000 afectados del más de millón que, calculan, puede haber en toda España.
Otras asociaciones van a actuar por su cuenta y hay quienes lo harán a título personal. Todos ellos están apoyados por el Defensor del Pueblo, que ha recibido reclamaciones de medio centenar de personas y ya se ha puesto en contacto con la CNMV, que ha iniciado un proceso sancionador a varias entidades. El Defensor del Pueblo ha abierto varias investigaciones de oficio para conocer lo que está ocurriendo y, según palabras de su propio gabinete, esta práctica abusiva ha generado un grado de "preocupación máxima" en la institución.
Las víctimas tienen un perfil claro. Jubilados o jóvenes que querían rentabilizar sus ahorros a corto plazo para poder comprar su primer vivienda. En la institución explican que estos ahorradores, muchos de ellos ancianos, compraron este tipo de productos financieros, complejos y de riesgo elevado, que no están cubiertos por ningún fondo de garantía. Sin embargo, en sus quejas los ciudadanos aducen que, en el momento de realizar la inversión, las distintas entidades financieras les hicieron creer que se trataba de un producto que funcionaba como los depósitos a plazo fijo, en los que cuando se retira el dinero antes de la finalización del plazo se asume una pérdida, pero nada impide esta disposición.
Además, los afectados indican que han tenido conocimiento de la verdadera naturaleza del producto contratado una vez que comenzaron a solicitar la disposición del dinero depositado, al empezar a sufrir pérdidas. Es entonces cuando se han encontrado con que las entidades financieras les niegan la devolución del dinero invertido, alegando que el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores han paralizado la tramitación de las órdenes de venta en el mercado intermediario.