Se están cargando la democracia y nadie dice nada
Los locutores de RTVE sonríen cuando cuentan que no
se sabe si Arias Cañete será cesado en este Consejo de ministros o si la
decisión se postergará una semana más. Las demás cadenas también se
toman a broma el asunto, si es que se acuerdan del mismo. El atentado
contra las normas democráticas que supone el hecho de que un candidato
electoral siga siendo ministro ha sido ya aceptado como la cosa más
natural de este mundo. Lo mismo que el linchamiento mediático del juez
Elpidio Silvia. O que María Dolores de Cospedal se haya cargado el
Tribunal de Cuentas de Castilla La Mancha en vísperas de una campaña
electoral. O cincuenta cosas más, que confirman que si gravísima es la
erosión sistemática de la democracia que está llevando a cabo este
Gobierno, tal vez lo sea aún más la falta absoluta de reacción ante ese
proceso por parte de las instituciones que deberían velar por la misma,
empezando por la prensa.
La mayor parte de los hechos
que jalonan la crónica política española hieren cualquier sensibilidad
democrática. Asistimos, sin que lo denuncie ninguno de los muchos
organismos, públicos y privados que podrían hacerlo, a una larga campaña
publicitaria del Gobierno sobre la recuperación económica que está
únicamente montada sobre la base de unos pronósticos que ese mismo
Gobierno, o sus adláteres, elaboran y que unos meses más tarde quedan
desmentidos por los datos fehacientes: como ha ocurrido con los del PIB
del cuarto trimestre de 2013 y como seguramente ocurrirá con los del
primero de este año, que ahora dicen que crecerá un 0,5%. Al tiempo,
crecen la sospechas de que algunas estadísticas fundamentales están
siendo manipuladas. Pero de ello se habla casi clandestinamente.
Rajoy y los suyos se siguen llenando la boca asegurando que quieren
negociar con la Generalitat, pero un día tras otro confirman que no
están dispuestos a ceder un ápice en sus posiciones, al tiempo que sus
corifeos mediáticos pintan a Artur Mas como un fanático descerebrado que
está jugando a aprendiz del diablo. Pero son muy pocos, y casi no se
les oye, los que advierten de los peligros esa actitud. Porque no sólo
es un engaño flagrante a la opinión o porque puede llevar a una
enfrentamiento de consecuencias imprevisibles –y la primera tarea de un
Gobierno de España sería evitarlas–, sino porque un día ese mismo
procedimiento se podría aplicar en cualquier otro contexto. Sobre todo
si hoy se aplica en medio de la pasividad general.
El
Ministerio de Hacienda acaba de hacer una interpretación torticera de
sus propias normas que, autorizando el aval del Estado sus créditos
fiscales, permitirá a los bancos ahorrarse cerca de 41.000 millones de
euros de capital, un regalo aún más sustancioso que el del rescate
bancario que figura en el debe del Estado, es decir, de todos los
contribuyentes. Y cuando hasta hace poco los bancos eran la institución
más denostada por la amplia mayoría de la opinión pública, ahora la
noticia ha pasado prácticamente desapercibida. Y ninguna voz se ha
alzado en el Congreso, al menos hasta ahora, contra ese desaguisado.
El Gobierno del PP no sólo goza de las ventajas que le confiere la
mayoría absoluta –y que utiliza de la manera más burda posible,
despreciando sin sonrojo la voluntad y los intereses de los millones de
ciudadanos que votaron a los partidos de la oposición–, sino también de
las que se derivan del silencio cómplice de quienes tendrían que
denunciar el deterioro cotidiano de la democracia que suponen la mentira
sistemática o el abuso de poder. Uno y otro envueltos en la retórica
aparentemente aséptica del leguaje funcionarial, administrativo, que tan
bien aprendió la derecha española durante los 40 años de franquismo.
El director general de la Policía acaba de destituir al jefe madrileño
de los antidisturbios por los errores que los suyos cometieron al final
de la manifestación del 22-M, viniendo a reconocer que el desaguisado
que entonces se produjo fue culpa de la ineptitud policial, pero sin
rectificar una sola palabra de las barbaridades que el propio Cosidó
dijo en aquella ocasión sobre los manifestantes. Porque es así como
actúan los regímenes autoritarios: si alguno de los míos me falla, lo
castigaré yo solo, sin que nadie de fuera me diga lo que tengo que
hacer. Y encima mi prensa me aplaudirá por justo y magnánimo. Y si
alguien me dice algo sobre la barbarie de la playa de Ceuta, le
contestaré que eso es cosa de la Guardia Civil.
Ruiz
Gallardón mintió cuando dijo que su Gobierno no había indultado a ningún
corrupto, cuando en dos años lo había hecho con siete de ellos. Y ahora
está por ver que no lo haga también con Jaume Matas. A la espera de
ello, 30 jueces catalanes favorables a la consulta han denunciado que la
policía los ha investigado. El Consejo General del Poder Judicial se ha
limitado a tomar nota. Pero el ministro de Justicia no ha dicho una
palabra al respecto. Ni tampoco sobre que María Tardón, exmiembro de la
Asamblea de Cajamadrid, en representación del Ayuntamiento de Madrid, y
exconcejala del PP, sea uno de los magistrados que está juzgando a
Elpidio Silva. Quien, por muchas irregularidades que cometiera en su
instrucción contra el presidente de Cajamadrid, ya es una nueva víctima
de un sistema judicial incompatible con la democracia, cuando menos a
los ojos de cualquier ciudadano digno de tal nombre.
Y
Miguel Blesa, gran vencedor de esta batalla, como los implicados en
Gürtel lo fueron en la que se libró contra Baltasar Garzón, está ahora
bastante más cerca de salir de rositas. Como algunos malpensados
sospechaban desde un primer momento que terminaría por ocurrir. Y encima
hay que aguantar que digan que ellos son los responsables de que se
cumpla la Constitución democrática. Pero lo malo es que puede
perfectamente ocurrir que dentro de un par de años lo que ahora
relatamos sea una broma comparada con lo que vaya a venir.
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