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Madrid paga primas a jueces por medio de una empresa privada
El Gobierno regional abona a través de Indra compensaciones a jueces, fiscales y secretarios por asesorar en mejoras informáticas
A la derecha, Francisco Javier Vieira,
presidente del Tribunal Superior de Madrid, con Ignacio González,
presidente de la Comunidad. Detrás, el consejero de Justicia, Salvador
Victoria. / álvaro garcía
El Gobierno de la Comunidad de Madrid mantiene desde 2011 un pacto
con la firma tecnológica Indra para que esta multinacional pague
retribuciones periódicas, establecidas por contrato, a jueces, fiscales,
secretarios y funcionarios judiciales a cambio del asesoramiento que
estos prestan en el desarrollo de nuevas aplicaciones informáticas que
permitan agilizar la justicia madrileña. En total, son 32 los juristas
que han intervenido (muchos siguen haciéndolo), entre ellos el
presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco
Vieira, en unas tareas de asesoramiento que, de momento, han supuesto a
Indra un desembolso cercano a 230.000 euros.
Paga Indra porque así lo establecen las bases del concurso público que ganó esa empresa, según fuentes de la compañía, pero la orden de esos pagos proviene de la Consejería de Justicia de Madrid, a través de su filial 100% pública ICM (Agencia Informática y de Comunicaciones de la Comunidad de Madrid). Las relaciones contractuales entre ICM e Indra están siendo investigadas por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en el marco de la Operación Púnica, ante los numerosos indicios que apuntan a la existencia en el pasado de facturaciones falsas del Gobierno de Ignacio González a través de Indra. El actual consejero de Justicia de Madrid, Salvador Victoria, es uno de los tres aforados que han salido salpicados en la red púnica.
Este sistema estructurado y periódico de pagos a juristas (a razón de entre 400 y 600 euros al mes, en función de la duración de cada una de las tres fases de que se compone el proyecto tecnológico) fue ideado durante la etapa final del mandato de Esperanza Aguirre (en diciembre de 2011). No obstante, la segunda y la tercera fase (las más importantes y mejor nutridas económicamente por el Gobierno regional) se están consumando y ejecutando durante el Ejecutivo de González.
En la práctica, la inmensa mayoría de las empresas privadas contratan a técnicos informáticos para que introduzcan y enseñen a sus trabajadores, con obligación de asistencia, las nuevas tecnologías, pero normalmente no se retribuye a los trabajadores por esa formación. En este caso, los jueces exigieron cobrar por su participación y Justicia trasladó a Indra los pagos.
Todo surge cuando la Ley 18/2011, de 5 de julio, que regula la denominada agenda digital, impone la obligación de introducir en los juzgados y tribunales mejoras informáticas para reducir las esperas de la justicia y hacerla más ágil interconectando los juzgados y las fiscalías en el marco de sus respectivas jurisdicciones (Civil, Penal, Menores, Incapacidades...). Para construir las nuevas herramientas informáticas, Indra necesitaba la colaboración de los usuarios (los juristas) con el fin de conocer sus necesidades e implementarlas mediante la adecuada aplicación informática. Pero los jueces se negaron ante Justicia a colaborar si no se les daba una compensación económica por asistir a las reuniones con los técnicos de Indra. Y así lo expuso en distintas reuniones, en nombre de ellos, el presidente del TSJ de Madrid. Fue entonces cuando el Gobierno de la Comunidad de Madrid pactó que fuese Indra —como adjudicatario del proyecto informático, que empezó a finales de 2011 y cuya tercera fase está previsto concluya en 2017— la que pagase a los juristas. Las tres fases para acometer este proyecto tecnológico se las ha adjudicado Indra, en concurso abierto. Al último concurso, el ahora en marcha, solo concurrió Indra.
Según la Comunidad, el despliegue de Iusmadrid implica que “en cada orden e instancia” jurisdiccional “se desplieguen las siguientes actividades: como tareas previas al inicio del proyecto, se establece la necesidad de participación por parte de los Órganos Judiciales como garantía de conocimiento de los procedimientos de gestión procesal. Para ello”, añade la nota, “se crea un equipo de trabajo compuesto, entre otros, por un magistrado y un secretario judicial. La participación de estas dos figuras es clave en la primera fase [hay tres], en la que se procede a la revisión de la infraestructura jurídica, en todo lo que tiene que ver con los esquemas de tramitación de los procedimientos judiciales y los modelos de documentos”. “Dado el esfuerzo que lleva aparejado este trabajo”, agrega, “la Justicia traslada en 2011 la necesidad de compensar el esfuerzo de los potenciales participantes como forma de garantizar su colaboración en un proyecto de tanto impacto para ambas Administraciones”.
En los sucesivos pliegos de contratos para la ejecución y desarrollo
de las aplicaciones se recoge que los usuarios del cliente, la
Consejería de Justicia, a través de ICM, deben colaborar con el
desarrollo de la aplicación y “revisar y validar” finalmente el
proyecto, pero no se especifican remuneraciones concretas a nadie. Indra
ha pagado a estos colaboradores del dinero de las contratas (las tres
fases han sido adjudicadas en 6.011.441,42 euros).
Distintas fuentes judiciales han mostrado su sorpresa a EL PAÍS por que se estén dando retribuciones a jueces y fiscales por colaborar en la construcción de sus propias herramientas informáticas. “No sé si será legal, pero desde luego parece poco estético”, afirma un magistrado. Les llama la atención que estos pagos “no los haga directamente, en su caso, la Consejería de Justicia a través de ICM y se los trasladen a Indra por la puerta de atrás”. Indra es una empresa con capital muy mayoritariamente privado, y factura anualmente a la Comunidad unos 12 millones de euros.
Fuentes de la multinacional admiten los pagos, que se efectúan directamente en las cuentas de los jueces, fiscales y secretarios tras practicarse las oportunas deducciones fiscales. Estas fuentes añaden: “Indra ha pagado a los jueces que [Justicia] nos han dicho que pagásemos y las cantidades que nos han comentado que demos a cada uno”. Indra reconoce que necesita a los juristas para acometer el proyecto informático.
Y que, logrando que colaboren, la firma no solo “ahorra tiempo” en la ejecución y le sale más “rentable”. Además añade que el asesoramiento resultaba imprescindible porque la herramienta es para ellos y, a la postre, son los que deben “validar” o no el resultado. Los trabajos de la tercera fase del proyecto informático para agilizar la justicia están centrados ahora en la jurisdicción penal: ya se ha hecho en la civil y en parte de la fiscalía. Y los pagos continúan.
Fuentes judiciales también se muestran sorprendidas por que la Comunidad pague a jueces a través de una empresa privada como Indra y, en su caso, no lo haga a través de su organismo público ICM, “ya que un juez nunca debe percibir retribución alguna de una empresa privada”. Indra también ha desarrollado aplicaciones informáticas para la Consejería de Educación, pero en este caso no se ha pagado a ningún profesor o maestro ni personal docente por su colaboración, reconocen fuentes del Gobierno regional.
Fue la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Madrid, que preside Francisco Vieira (uno de los al menos nueve magistrados que están percibiendo dinero por el asesoramiento a Indra), la que nombró oficialmente, el 20 de diciembre de 2011, a los grupos de jueces que intervienen en el proyecto, denominado Iusmadrid. Vieira admitió el pasado miércoles a EL PAÍS su convicción de que los participantes en el proyecto debían cobrar. Y lo explicó así: “Hacer eso no forma parte de nuestras funciones y se debe retribuir de alguna forma”. Las cantidades abonadas (este periódico ha tenido acceso a los datos del periodo 2012/2014, que se muestran en el gráfico) oscilan entre 3.000 y 9.000 euros. Y los pagos continúan todavía para gran parte de ellos. Juristas de esa lista consultados por este periódico señalan que han declarado tales ingresos a Hacienda y que Indra, por su parte, efectúa las correspondientes deducciones. Añaden que se trata de una retribución legal y compatible con la actividad de jueces y fiscales.
Según la ley, la función de juez es incompatible “con todo empleo, cargo o profesión retribuida, salvo la docencia o investigación jurídica, así como la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, y las publicaciones derivadas de aquella”. “Indra necesita de nosotros para hacer la aplicación, nosotros tenemos que explicarles nuestras necesidades para agilizar los trámites y ellos ejecutarlas”, señala un jurista de la lista, quien explica que, como los demás, ha asistido a numerosas reuniones para asesorar en la implementación del sistema. “Es un trabajo que realizamos por las tardes, varias por semana, al margen de nuestros asuntos y sin estar liberados para ello”, apostillan. Fuentes del Consejo del Poder Judicial evitaron ayer pronunciarse hasta tener más detalles de las retribuciones. La Comunidad defiende los pagos por parte de Indra, como adjudicataria de los concursos, porque fue Justicia la que exigió que los proyectos fuesen “revisados y validados” por los jueces, con el “consiguiente esfuerzo y tiempo” que les suponía.
Las relaciones comerciales entre Indra y el ICM están siendo investigadas en la Operación Púnica a raíz, entre otras irregularidades, de un pago de 10.000 euros que supuestamente hizo Indra a un informático, Alejandro de Pedro, implicado en la trama, por mejorar en Internet la imagen del consejero Salvador Victoria y del presidente Ignacio González. Así lo ha declarado al juez el exgerente de ICM José Martínez Nicolás, quien señaló que su jefe, Victoria, le ordenó que pidiese a Indra ese dinero para pagar al imputado De Pedro.
Paga Indra porque así lo establecen las bases del concurso público que ganó esa empresa, según fuentes de la compañía, pero la orden de esos pagos proviene de la Consejería de Justicia de Madrid, a través de su filial 100% pública ICM (Agencia Informática y de Comunicaciones de la Comunidad de Madrid). Las relaciones contractuales entre ICM e Indra están siendo investigadas por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en el marco de la Operación Púnica, ante los numerosos indicios que apuntan a la existencia en el pasado de facturaciones falsas del Gobierno de Ignacio González a través de Indra. El actual consejero de Justicia de Madrid, Salvador Victoria, es uno de los tres aforados que han salido salpicados en la red púnica.
Este sistema estructurado y periódico de pagos a juristas (a razón de entre 400 y 600 euros al mes, en función de la duración de cada una de las tres fases de que se compone el proyecto tecnológico) fue ideado durante la etapa final del mandato de Esperanza Aguirre (en diciembre de 2011). No obstante, la segunda y la tercera fase (las más importantes y mejor nutridas económicamente por el Gobierno regional) se están consumando y ejecutando durante el Ejecutivo de González.
En la práctica, la inmensa mayoría de las empresas privadas contratan a técnicos informáticos para que introduzcan y enseñen a sus trabajadores, con obligación de asistencia, las nuevas tecnologías, pero normalmente no se retribuye a los trabajadores por esa formación. En este caso, los jueces exigieron cobrar por su participación y Justicia trasladó a Indra los pagos.
Todo surge cuando la Ley 18/2011, de 5 de julio, que regula la denominada agenda digital, impone la obligación de introducir en los juzgados y tribunales mejoras informáticas para reducir las esperas de la justicia y hacerla más ágil interconectando los juzgados y las fiscalías en el marco de sus respectivas jurisdicciones (Civil, Penal, Menores, Incapacidades...). Para construir las nuevas herramientas informáticas, Indra necesitaba la colaboración de los usuarios (los juristas) con el fin de conocer sus necesidades e implementarlas mediante la adecuada aplicación informática. Pero los jueces se negaron ante Justicia a colaborar si no se les daba una compensación económica por asistir a las reuniones con los técnicos de Indra. Y así lo expuso en distintas reuniones, en nombre de ellos, el presidente del TSJ de Madrid. Fue entonces cuando el Gobierno de la Comunidad de Madrid pactó que fuese Indra —como adjudicatario del proyecto informático, que empezó a finales de 2011 y cuya tercera fase está previsto concluya en 2017— la que pagase a los juristas. Las tres fases para acometer este proyecto tecnológico se las ha adjudicado Indra, en concurso abierto. Al último concurso, el ahora en marcha, solo concurrió Indra.
Versión del Gobierno de González
El consejero de Justicia y actual número dos del presidente Ignacio González ha declinado hablar con este periódico sobre los pagos a jueces y fiscales. No obstante, la Comunidad ha enviado una nota en la que explica que, a raíz de las transferencias de Justicia, el Gobierno regional comenzó a desarrollar un sistema informático para interconectar los juzgados. Y que se hizo porque así lo impone la Ley 18/2011, de 5 de julio. El proyecto es conocido como Iusmadrid. La citada ley obliga a que esa modernización informática esté en marcha en julio de 2015.Según la Comunidad, el despliegue de Iusmadrid implica que “en cada orden e instancia” jurisdiccional “se desplieguen las siguientes actividades: como tareas previas al inicio del proyecto, se establece la necesidad de participación por parte de los Órganos Judiciales como garantía de conocimiento de los procedimientos de gestión procesal. Para ello”, añade la nota, “se crea un equipo de trabajo compuesto, entre otros, por un magistrado y un secretario judicial. La participación de estas dos figuras es clave en la primera fase [hay tres], en la que se procede a la revisión de la infraestructura jurídica, en todo lo que tiene que ver con los esquemas de tramitación de los procedimientos judiciales y los modelos de documentos”. “Dado el esfuerzo que lleva aparejado este trabajo”, agrega, “la Justicia traslada en 2011 la necesidad de compensar el esfuerzo de los potenciales participantes como forma de garantizar su colaboración en un proyecto de tanto impacto para ambas Administraciones”.
Distintas fuentes judiciales han mostrado su sorpresa a EL PAÍS por que se estén dando retribuciones a jueces y fiscales por colaborar en la construcción de sus propias herramientas informáticas. “No sé si será legal, pero desde luego parece poco estético”, afirma un magistrado. Les llama la atención que estos pagos “no los haga directamente, en su caso, la Consejería de Justicia a través de ICM y se los trasladen a Indra por la puerta de atrás”. Indra es una empresa con capital muy mayoritariamente privado, y factura anualmente a la Comunidad unos 12 millones de euros.
Fuentes de la multinacional admiten los pagos, que se efectúan directamente en las cuentas de los jueces, fiscales y secretarios tras practicarse las oportunas deducciones fiscales. Estas fuentes añaden: “Indra ha pagado a los jueces que [Justicia] nos han dicho que pagásemos y las cantidades que nos han comentado que demos a cada uno”. Indra reconoce que necesita a los juristas para acometer el proyecto informático.
Y que, logrando que colaboren, la firma no solo “ahorra tiempo” en la ejecución y le sale más “rentable”. Además añade que el asesoramiento resultaba imprescindible porque la herramienta es para ellos y, a la postre, son los que deben “validar” o no el resultado. Los trabajos de la tercera fase del proyecto informático para agilizar la justicia están centrados ahora en la jurisdicción penal: ya se ha hecho en la civil y en parte de la fiscalía. Y los pagos continúan.
Fuentes judiciales también se muestran sorprendidas por que la Comunidad pague a jueces a través de una empresa privada como Indra y, en su caso, no lo haga a través de su organismo público ICM, “ya que un juez nunca debe percibir retribución alguna de una empresa privada”. Indra también ha desarrollado aplicaciones informáticas para la Consejería de Educación, pero en este caso no se ha pagado a ningún profesor o maestro ni personal docente por su colaboración, reconocen fuentes del Gobierno regional.
Fue la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Madrid, que preside Francisco Vieira (uno de los al menos nueve magistrados que están percibiendo dinero por el asesoramiento a Indra), la que nombró oficialmente, el 20 de diciembre de 2011, a los grupos de jueces que intervienen en el proyecto, denominado Iusmadrid. Vieira admitió el pasado miércoles a EL PAÍS su convicción de que los participantes en el proyecto debían cobrar. Y lo explicó así: “Hacer eso no forma parte de nuestras funciones y se debe retribuir de alguna forma”. Las cantidades abonadas (este periódico ha tenido acceso a los datos del periodo 2012/2014, que se muestran en el gráfico) oscilan entre 3.000 y 9.000 euros. Y los pagos continúan todavía para gran parte de ellos. Juristas de esa lista consultados por este periódico señalan que han declarado tales ingresos a Hacienda y que Indra, por su parte, efectúa las correspondientes deducciones. Añaden que se trata de una retribución legal y compatible con la actividad de jueces y fiscales.
Según la ley, la función de juez es incompatible “con todo empleo, cargo o profesión retribuida, salvo la docencia o investigación jurídica, así como la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, y las publicaciones derivadas de aquella”. “Indra necesita de nosotros para hacer la aplicación, nosotros tenemos que explicarles nuestras necesidades para agilizar los trámites y ellos ejecutarlas”, señala un jurista de la lista, quien explica que, como los demás, ha asistido a numerosas reuniones para asesorar en la implementación del sistema. “Es un trabajo que realizamos por las tardes, varias por semana, al margen de nuestros asuntos y sin estar liberados para ello”, apostillan. Fuentes del Consejo del Poder Judicial evitaron ayer pronunciarse hasta tener más detalles de las retribuciones. La Comunidad defiende los pagos por parte de Indra, como adjudicataria de los concursos, porque fue Justicia la que exigió que los proyectos fuesen “revisados y validados” por los jueces, con el “consiguiente esfuerzo y tiempo” que les suponía.
Las relaciones comerciales entre Indra y el ICM están siendo investigadas en la Operación Púnica a raíz, entre otras irregularidades, de un pago de 10.000 euros que supuestamente hizo Indra a un informático, Alejandro de Pedro, implicado en la trama, por mejorar en Internet la imagen del consejero Salvador Victoria y del presidente Ignacio González. Así lo ha declarado al juez el exgerente de ICM José Martínez Nicolás, quien señaló que su jefe, Victoria, le ordenó que pidiese a Indra ese dinero para pagar al imputado De Pedro.
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