domingo, 30 de junio de 2013

PREFERENTES BANKIA: LAS ORDENES LAS DA TORRES-DULCE

De vez en cuando, menos de lo deseado, aparecen noticias y comentarios de "periodismo sincero y valiente",  de periodistas, en fin,  que no son "la voz de su amo". Dentro del grupo de los "insometibles" tenemos a nuestro amigo y defensor de los ESTAFADOS, Rafael Torres.

Este comentario de redacción, reune los ingredientes necesarios para hacernos recordar al amigo Rafa. Os dejo con un comentario que a todos nos hubiera gustado escribir, al menos, a mí. Subrayo en rojilla, lo que considero mas importante en ciertas conductas, de algunos señores fiscales.

                                                       Copio. corto y pego:
   
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30.06.13 - 00:48 -
    Les han criticado por sus posiciones cercanas a los «poderosos» en casos tan mediáticos como 'Blesa' 'Urdangarin' o 'Bankia'
    Les han llamado «protectores de los poderosos» y «codefensores de los banqueros». Están en el punto de mira por sus posiciones en los temas judiciales más candentes, Urdangarin, Bárcenas, Blesa, Bankia o preferentes. Y asumen que en un futuro cercano tendrán más ojos sobre sus pasos cuando se ocupen de la investigación de los procesos penales, hasta ahora en manos de los jueces.
    Son los fiscales. Funcionarios de la Administración de Justicia encargados de promover la defensa de la legalidad, del derecho de los ciudadanos y del interés público, según la Constitución. Una trascendental tarea que hoy navega entre fuerte marejada, con furibundos ataques procedentes de la clase política y el sentir generalizado de la opinión pública de que se han alejado de su cometido normativo, al menos en los asuntos mediáticos.
    Ocurrió con el 'caso Urdangarin' y el recurso de la Fiscalía Anticorrupción para no imputar a la infanta Cristina (críticas de los partidos minoritarios republicanos); subió la ebullición cuando el departamento dirigido por Antonio Salinas frenó en seco la investigación de las preferentes en la Audiencia Nacional (se soliviantaron los afectados); hubo sorna entre las acusaciones por la pasividad del fiscal de los 'papeles de Bárcenas', Antonio Romeral, pese a que este jueves sus dos compañeras del 'caso Gürtel' abrieron la puerta al ingreso en prisión incondicional del extesorero del PP.
    También fue muy criticada la posición del fiscal jefe de Madrid en el 'caso Blesa', Eduardo Esteban, y sus «denodados esfuerzos» en conseguir la anulación de parte de las actuaciones del juez Elpidio Silva. «Han sido codefensores del expresidentes de Caja Madrid en lugar de defender el interés público», denunció la acusación de Manos Limpias después de que la Audiencia de Madrid les dejara sin personación.
    Igual de cortante fue la diputada nacional de UPyD Irene Lozano, que en un reciente artículo criticaba la inacción de los fiscales anticorrupción del 'caso Bankia', en el que está personado su partido, y el cerrojo a investigar la venta de preferentes, al menos por la vía penal. «¿De qué lado están los fiscales?, ¿contra los delincuentes -presuntos- y a favor de las víctimas? Juzguen ustedes mismos», escribía.
    Terremoto
    Con mucho dolor se quejaba recientemente Isabel de la Fuente, madre de Cristina, una de las cinco chicas fallecidas en la avalancha del 'Madrid Arena': «La Fiscalía debe velar por los derechos de las víctimas; en ningún sitio pone que debe defender a los imputados, y es lo que están haciendo», denunció en velada referencia a los políticos y responsables de seguridad acusados.
    Pero, ¿por qué este terremoto ahora contra los fiscales? ¿Atiende a hechos jurídicamente razonables o es por intereses espurios? «Que estemos en la palestra quizá no sea una situación inesperada. Más bien podríamos pensar que ocurre de forma intencionada, quizá por el nuevo papel que nos dará el Código Procesal Penal en la instrucción de los procedimientos penales», apunta Álvaro García Ortiz, presidente de la Unión Progresista de Fiscales.
    Este fiscal de Galicia opina que «no es casual» que los ataques lleguen por los casos más conocidos por la opinión pública, que son minoritarios y no representan a las decenas de procesos que impulsa Anticorrupción: 266 procedimientos en 2011.
    García Ortiz, acusador público en el 'caso Prestige', pone como ejemplo la imputación de la Infanta Cristina, a la que el fiscal Pedro Horrach se opuso y luego le apoyó la Audiencia de Palma. «Ha importado más su posición con respecto a la Infanta que todos los informes que ha elaborado en el 'caso Nóos' y que han permitido, en muchos casos acumulando horas extras y robando tiempo a la familia, llegar hasta aquí».
    Casualmente, rememora un fiscal de Madrid que ha preferido el anonimato, hace siglos se conocían a los acusadores públicos como los «hombres del Rey» porque representaban a los intereses del monarca de turno. «Parece que nos quieren meter en el túnel del tiempo y llevarnos al medievo. Hay un interés desmedido en desprestigiarnos», retrata en tono pesimista.
    La realidad es que los fiscales son un colectivo particular. Llevan el peso de la acusación procesal pero su normativa establece que se rigen por los principios de unidad y dependencia jerárquica, teniendo en última instancia que cumplir la palabra que dicta el fiscal general, que es designado por el Gobierno.
    «Pese a que tenemos clara la vocación de servicio público, estamos sujetos a las órdenes de nuestros superiores jerárquicos», dice Lucía Girón, presidenta de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. «Para ganarnos a la ciudadanía habría que unificar las carreras judicial y fiscal y garantizar el principio de autonomía de los fiscales como en Italia o Portugal», concluye.

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