El Gobierno de la Comunidad de Madrid mantiene desde 2011 un pacto
con la firma tecnológica Indra para que esta multinacional pague
retribuciones periódicas, establecidas por contrato, a jueces, fiscales,
secretarios y funcionarios judiciales a cambio del asesoramiento que
estos prestan en el desarrollo de nuevas aplicaciones informáticas que
permitan agilizar la justicia madrileña. En total, son 32 los juristas
que han intervenido (muchos siguen haciéndolo), entre ellos el
presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco
Vieira, en unas tareas de asesoramiento que, de momento, han supuesto a
Indra un desembolso cercano a 230.000 euros.
Paga Indra porque así lo establecen las bases del concurso público
que ganó esa empresa, según fuentes de la compañía, pero la orden de
esos pagos proviene de la Consejería de Justicia de Madrid, a través de
su filial 100% pública ICM (Agencia Informática y de Comunicaciones de
la Comunidad de Madrid). Las relaciones contractuales entre ICM e Indra
están siendo investigadas por el juez de la Audiencia Nacional Eloy
Velasco en el marco de la
Operación Púnica,
ante los numerosos indicios que apuntan a la existencia en el pasado de
facturaciones falsas del Gobierno de Ignacio González a través de
Indra. El actual consejero de Justicia de Madrid,
Salvador Victoria, es uno de los tres aforados que han salido salpicados en la
red púnica.
Este sistema estructurado y periódico de pagos a juristas (a razón de
entre 400 y 600 euros al mes, en función de la duración de cada una de
las tres fases de que se compone el proyecto tecnológico) fue ideado
durante la etapa final del mandato de Esperanza Aguirre (en diciembre de
2011). No obstante,
la segunda
y la tercera fase (las más importantes y mejor nutridas económicamente
por el Gobierno regional) se están consumando y ejecutando durante el
Ejecutivo de González.
En la práctica, la inmensa mayoría de las empresas privadas contratan
a técnicos informáticos para que introduzcan y enseñen a sus
trabajadores, con obligación de asistencia, las nuevas tecnologías, pero
normalmente no se retribuye a los trabajadores por esa formación. En
este caso, los jueces exigieron cobrar por su participación y Justicia
trasladó a Indra los pagos.
Indra sostiene que pagó a los jueces que le indicó la Consejería de Justicia
Todo surge cuando
la Ley 18/2011, de 5 de julio, que regula la denominada agenda digital,
impone la obligación de introducir en los juzgados y tribunales mejoras
informáticas para reducir las esperas de la justicia y hacerla más ágil
interconectando los juzgados y las fiscalías en el marco de sus
respectivas jurisdicciones (Civil, Penal, Menores, Incapacidades...).
Para construir las nuevas herramientas informáticas, Indra necesitaba la
colaboración de los usuarios (los juristas) con el fin de conocer sus
necesidades e implementarlas mediante la adecuada aplicación
informática. Pero los jueces se negaron ante Justicia a colaborar si no
se les daba una compensación económica por asistir a las reuniones con
los técnicos de Indra. Y así lo expuso en distintas reuniones, en nombre
de ellos, el presidente del TSJ de Madrid. Fue entonces cuando el
Gobierno de la Comunidad de Madrid pactó que fuese Indra —como
adjudicatario del proyecto informático, que empezó a finales de 2011 y
cuya tercera fase está previsto concluya en 2017— la que pagase a los
juristas. Las tres fases para acometer este proyecto tecnológico se las
ha adjudicado Indra, en concurso abierto. Al último concurso, el ahora
en marcha, solo concurrió Indra.
Versión del Gobierno de González
El consejero de Justicia y actual número dos del presidente
Ignacio González ha declinado hablar con este periódico sobre los pagos a
jueces y fiscales. No obstante, la Comunidad ha enviado una nota en la
que explica que, a raíz de las transferencias de Justicia, el Gobierno
regional comenzó a desarrollar un sistema informático para interconectar
los juzgados. Y que se hizo porque así lo impone la Ley 18/2011, de 5
de julio. El proyecto es conocido como Iusmadrid. La citada ley obliga a
que esa modernización informática esté en marcha en julio de 2015.
Según la Comunidad, el despliegue de Iusmadrid implica que “en cada
orden e instancia” jurisdiccional “se desplieguen las siguientes
actividades: como tareas previas al inicio del proyecto, se establece la
necesidad de participación por parte de los Órganos Judiciales como
garantía de conocimiento de los procedimientos de gestión procesal. Para
ello”, añade la nota, “se crea un equipo de trabajo compuesto, entre
otros, por un magistrado y un secretario judicial. La participación de
estas dos figuras es clave en la primera fase [hay tres], en la que se
procede a la revisión de la infraestructura jurídica, en todo lo que
tiene que ver con los esquemas de tramitación de los procedimientos
judiciales y los modelos de documentos”. “Dado el esfuerzo que lleva
aparejado este trabajo”, agrega, “la Justicia traslada en 2011 la
necesidad de compensar el esfuerzo de los potenciales participantes como
forma de garantizar su colaboración en un proyecto de tanto impacto
para ambas Administraciones”.
En los sucesivos pliegos de contratos para la ejecución y desarrollo
de las aplicaciones se recoge que los usuarios del cliente, la
Consejería de Justicia, a través de ICM, deben colaborar con el
desarrollo de la aplicación y “revisar y validar” finalmente el
proyecto, pero no se especifican remuneraciones concretas a nadie. Indra
ha pagado a estos colaboradores del dinero de las contratas (las tres
fases han sido adjudicadas en 6.011.441,42 euros).
Distintas fuentes judiciales han mostrado su sorpresa a EL PAÍS por
que se estén dando retribuciones a jueces y fiscales por colaborar en la
construcción de sus propias herramientas informáticas. “No sé si será
legal, pero desde luego parece poco estético”, afirma un magistrado. Les
llama la atención que estos pagos “no los haga directamente, en su
caso, la Consejería de Justicia a través de ICM y se los trasladen a
Indra por la puerta de atrás”. Indra es una empresa con capital muy
mayoritariamente privado, y factura anualmente a la Comunidad unos 12
millones de euros.
Fuentes de la multinacional admiten los pagos, que se efectúan
directamente en las cuentas de los jueces, fiscales y secretarios tras
practicarse las oportunas deducciones fiscales. Estas fuentes añaden:
“Indra ha pagado a los jueces que [Justicia] nos han dicho que pagásemos
y las cantidades que nos han comentado que demos a cada uno”. Indra
reconoce que necesita a los juristas para acometer el proyecto
informático.
Y que, logrando que colaboren, la firma no solo “ahorra tiempo” en la
ejecución y le sale más “rentable”. Además añade que el asesoramiento
resultaba imprescindible porque la herramienta es para ellos y, a la
postre, son los que deben “validar” o no el resultado. Los trabajos de
la tercera fase del proyecto informático para agilizar la justicia están
centrados ahora en la jurisdicción penal: ya se ha hecho en la civil y
en parte de la fiscalía. Y los pagos continúan.
Justicia dice que hay que compensar el "esfuerzo" de los juristas
Fuentes judiciales también se muestran sorprendidas por que la
Comunidad pague a jueces a través de una empresa privada como Indra y,
en su caso, no lo haga a través de su organismo público ICM, “ya que un
juez nunca debe percibir retribución alguna de una empresa privada”.
Indra también ha desarrollado aplicaciones informáticas para la
Consejería de Educación, pero en este caso no se ha pagado a ningún
profesor o maestro ni personal docente por su colaboración, reconocen
fuentes del Gobierno regional.
Fue la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Madrid, que preside
Francisco Vieira (uno de los al menos nueve magistrados que están
percibiendo dinero por el asesoramiento a Indra), la que nombró
oficialmente, el 20 de diciembre de 2011, a los grupos de jueces que
intervienen en el proyecto, denominado Iusmadrid.
Vieira admitió el pasado miércoles a EL PAÍS su convicción
de que los participantes en el proyecto debían cobrar. Y lo explicó
así: “Hacer eso no forma parte de nuestras funciones y se debe retribuir
de alguna forma”. Las cantidades abonadas (este periódico ha tenido
acceso a los datos del periodo 2012/2014, que se muestran en el gráfico)
oscilan entre 3.000 y 9.000 euros. Y los pagos continúan todavía para
gran parte de ellos. Juristas de esa lista consultados por este
periódico señalan que han declarado tales ingresos a Hacienda y que
Indra, por su parte, efectúa las correspondientes deducciones. Añaden
que se trata de una retribución legal y compatible con la actividad de
jueces y fiscales.
Las empresas privadas no pagan a sus trabajadores por formarse
Según la ley, la función de juez es incompatible “con todo empleo,
cargo o profesión retribuida, salvo la docencia o investigación
jurídica, así como la producción y creación literaria, artística,
científica y técnica, y las publicaciones derivadas de aquella”. “Indra
necesita de nosotros para hacer la aplicación, nosotros tenemos que
explicarles nuestras necesidades para agilizar los trámites y ellos
ejecutarlas”, señala un jurista de la lista, quien explica que, como los
demás, ha asistido a numerosas reuniones para asesorar en la
implementación del sistema. “Es un trabajo que realizamos por las
tardes, varias por semana, al margen de nuestros asuntos y sin estar
liberados para ello”, apostillan. Fuentes del Consejo del Poder Judicial
evitaron ayer pronunciarse hasta tener más detalles de las
retribuciones. La Comunidad defiende los pagos por parte de Indra, como
adjudicataria de los concursos, porque fue Justicia la que exigió que
los proyectos fuesen “revisados y validados” por los jueces, con el
“consiguiente esfuerzo y tiempo” que les suponía.
Las relaciones comerciales entre Indra y el ICM están siendo investigadas en la
Operación Púnica
a raíz, entre otras irregularidades, de un pago de 10.000 euros que
supuestamente hizo Indra a un informático, Alejandro de Pedro, implicado
en la trama, por mejorar en Internet la imagen del consejero Salvador
Victoria y del presidente Ignacio González. Así lo ha declarado al juez
el exgerente de ICM José Martínez Nicolás, quien señaló que su jefe, Victoria, le ordenó que pidiese a Indra ese dinero para pagar al imputado De Pedro.
Según el mandato otorgado el día 1 de diciembre en la
asamblea de afiliados que tuvo lugar en el Ateneo de Madrid, convocada por la
Portavocía de esta capital y siguiendo con el calendario expuesto y acordado
según publicación emitida en la web del partido a tal efecto, se convoca a todos
los afiliados con derecho a voto y a todos los simpatizantes en calidad de
observadores, para culminar el proceso de constitución de la agrupación política
de la comunidad de Madrid, para lo cual, antes del próximo día 1 de enero, las
candidaturas que quieran presentarse al proceso de elección, deberán haber
enviado sus propuestas de listas con aquellas personas que se quieran someter al
referido proceso.
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