ElConfidencial.com
C.Guindal 29/07/2012 (06:00h)
Los casos de Novagalicia y Bankia son sólo el principio. La venta engañosa de participaciones preferentes a cientos de miles de personas en todo el territorio español se ha convertido en una de las máximas preocupaciones para instituciones como la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Ministerio de Economía, el Defensor del Pueblo y las asociaciones de consumidores. Sin olvidar, por supuesto, al millón de familias que han visto como se perdían sus ahorros - un total de 30.000 millones de euros-, al invertirlos en un producto de alto riesgo pensando que se trataba de un depósito al uso. Este asunto podría llevar a los tribunales a más de medio centenar de bancos y cajas que llevaron a cabo esta práctica engañosa.
Novagalicia ha sido condenada recientemente por engañar a un cliente que invirtió su dinero sin conocimiento de lo que firmaba. Pero queda una larga batalla por delante. La próxima semana, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu decidirá si interviene judicialmente Bankia por el desfalco realizado, por engañar a la propia CNMV con informes manipulados para salir a Bolsa y por sus ventas fraudulentas en participaciones preferentes.
Todos los miembros del Consejo de Administración y su expresidente, Rodrigo Rato, están imputados en una causa que se encuentra en estado embrionario. Fuentes próximas a algunos de ellos no desmienten la preocupación que se vive por el devenir de la instrucción. En la causa, el magistrado ha admitido a la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE) como acusación popular, que defenderá a un gran número de clientes estafados.
El recorrido será largo y los afectados pueden tardar en recuperar su dinero, si finalmente lo consiguen. Un antecedente es el caso de Fórum Filatélico y Afinsa, una estafa millonaria que la Audiencia Nacional destapó en 2006 y que afectó a casi 500.000 personas. A día de hoy, la investigación sigue abierta y los perjudicados todavía no han recuperado el dinero invertido en estas dos empresas de venta de sellos que les ofrecían una rentabilidad más alta que la del mercado.
La Caja del Mediterráneo también está judicializada por dejar a más de 54.000 familias sin sus ahorros al invertir en "un instrumento complejo y de riesgo elevado que puede generar rentabilidad, pero también pérdidas en el capital invertido", según la propia definición de la CNMV, concepto que gran parte de los clientes desconocían. Todas las entidades bancarias que colocaron preferentes utilizaron el mismo método. Desde sus sucursales, sus empleados ofrecieron una información falseada y con ocultación del riesgo que suponía. Las pérdidas de numerosas familias se descubrieron al intentar recuperar el dinero y ver que ya no disponían de sus ahorros.
La Caixa se lleva la palma de las reclamaciones.
Según el presidente de la asociación de usuarios ADICAE, Manuel Pardos, la caja se capitalizó "metiendo en un corralito" a 160.000 familias. A cambio de las participaciones, la entidad ofreció un canje de un 70% de deuda subordinada a diez años y un 30% en obligaciones convertibles en acciones. Es decir, convirtieron a pequeños ahorradores en accionistas de la compañía sin su consentimiento, o por lo menos, no con pleno conocimiento.
Esta asociación va a presentar una demanda civil en Barcelona contra la entidad catalana. Pero no va a ser la única que a la vuelta de verano tenga que dar la cara en los tribunales. Banca Cívica, Caja Sol y el Banco Santander son otros de una larga lista de entidades que van a protagonizar este año las demandas civiles y querellas criminales. En total, tienen planeadas actuaciones contra 52 bancos y cajas en representación, por ahora, de más de 30.000 afectados del más de millón que, calculan, puede haber en toda España.
Otras asociaciones van a actuar por su cuenta y hay quienes lo harán a título personal. Todos ellos están apoyados por el Defensor del Pueblo, que ha recibido reclamaciones de medio centenar de personas y ya se ha puesto en contacto con la CNMV, que ha iniciado un proceso sancionador a varias entidades. El Defensor del Pueblo ha abierto varias investigaciones de oficio para conocer lo que está ocurriendo y, según palabras de su propio gabinete, esta práctica abusiva ha generado un grado de "preocupación máxima" en la institución.
Las víctimas tienen un perfil claro. Jubilados o jóvenes que querían rentabilizar sus ahorros a corto plazo para poder comprar su primer vivienda. En la institución explican que estos ahorradores, muchos de ellos ancianos, compraron este tipo de productos financieros, complejos y de riesgo elevado, que no están cubiertos por ningún fondo de garantía. Sin embargo, en sus quejas los ciudadanos aducen que, en el momento de realizar la inversión, las distintas entidades financieras les hicieron creer que se trataba de un producto que funcionaba como los depósitos a plazo fijo, en los que cuando se retira el dinero antes de la finalización del plazo se asume una pérdida, pero nada impide esta disposición.
Además, los afectados indican que han tenido conocimiento de la verdadera naturaleza del producto contratado una vez que comenzaron a solicitar la disposición del dinero depositado, al empezar a sufrir pérdidas. Es entonces cuando se han encontrado con que las entidades financieras les niegan la devolución del dinero invertido, alegando que el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores han paralizado la tramitación de las órdenes de venta en el mercado intermediario.
Novagalicia ha sido condenada recientemente por engañar a un cliente que invirtió su dinero sin conocimiento de lo que firmaba. Pero queda una larga batalla por delante. La próxima semana, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu decidirá si interviene judicialmente Bankia por el desfalco realizado, por engañar a la propia CNMV con informes manipulados para salir a Bolsa y por sus ventas fraudulentas en participaciones preferentes.
Todos los miembros del Consejo de Administración y su expresidente, Rodrigo Rato, están imputados en una causa que se encuentra en estado embrionario. Fuentes próximas a algunos de ellos no desmienten la preocupación que se vive por el devenir de la instrucción. En la causa, el magistrado ha admitido a la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE) como acusación popular, que defenderá a un gran número de clientes estafados.
El recorrido será largo y los afectados pueden tardar en recuperar su dinero, si finalmente lo consiguen. Un antecedente es el caso de Fórum Filatélico y Afinsa, una estafa millonaria que la Audiencia Nacional destapó en 2006 y que afectó a casi 500.000 personas. A día de hoy, la investigación sigue abierta y los perjudicados todavía no han recuperado el dinero invertido en estas dos empresas de venta de sellos que les ofrecían una rentabilidad más alta que la del mercado.
La Caja del Mediterráneo también está judicializada por dejar a más de 54.000 familias sin sus ahorros al invertir en "un instrumento complejo y de riesgo elevado que puede generar rentabilidad, pero también pérdidas en el capital invertido", según la propia definición de la CNMV, concepto que gran parte de los clientes desconocían. Todas las entidades bancarias que colocaron preferentes utilizaron el mismo método. Desde sus sucursales, sus empleados ofrecieron una información falseada y con ocultación del riesgo que suponía. Las pérdidas de numerosas familias se descubrieron al intentar recuperar el dinero y ver que ya no disponían de sus ahorros.
La Caixa se lleva la palma de las reclamaciones.
Según el presidente de la asociación de usuarios ADICAE, Manuel Pardos, la caja se capitalizó "metiendo en un corralito" a 160.000 familias. A cambio de las participaciones, la entidad ofreció un canje de un 70% de deuda subordinada a diez años y un 30% en obligaciones convertibles en acciones. Es decir, convirtieron a pequeños ahorradores en accionistas de la compañía sin su consentimiento, o por lo menos, no con pleno conocimiento.
Esta asociación va a presentar una demanda civil en Barcelona contra la entidad catalana. Pero no va a ser la única que a la vuelta de verano tenga que dar la cara en los tribunales. Banca Cívica, Caja Sol y el Banco Santander son otros de una larga lista de entidades que van a protagonizar este año las demandas civiles y querellas criminales. En total, tienen planeadas actuaciones contra 52 bancos y cajas en representación, por ahora, de más de 30.000 afectados del más de millón que, calculan, puede haber en toda España.
Otras asociaciones van a actuar por su cuenta y hay quienes lo harán a título personal. Todos ellos están apoyados por el Defensor del Pueblo, que ha recibido reclamaciones de medio centenar de personas y ya se ha puesto en contacto con la CNMV, que ha iniciado un proceso sancionador a varias entidades. El Defensor del Pueblo ha abierto varias investigaciones de oficio para conocer lo que está ocurriendo y, según palabras de su propio gabinete, esta práctica abusiva ha generado un grado de "preocupación máxima" en la institución.
Las víctimas tienen un perfil claro. Jubilados o jóvenes que querían rentabilizar sus ahorros a corto plazo para poder comprar su primer vivienda. En la institución explican que estos ahorradores, muchos de ellos ancianos, compraron este tipo de productos financieros, complejos y de riesgo elevado, que no están cubiertos por ningún fondo de garantía. Sin embargo, en sus quejas los ciudadanos aducen que, en el momento de realizar la inversión, las distintas entidades financieras les hicieron creer que se trataba de un producto que funcionaba como los depósitos a plazo fijo, en los que cuando se retira el dinero antes de la finalización del plazo se asume una pérdida, pero nada impide esta disposición.
Además, los afectados indican que han tenido conocimiento de la verdadera naturaleza del producto contratado una vez que comenzaron a solicitar la disposición del dinero depositado, al empezar a sufrir pérdidas. Es entonces cuando se han encontrado con que las entidades financieras les niegan la devolución del dinero invertido, alegando que el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores han paralizado la tramitación de las órdenes de venta en el mercado intermediario.
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