Parece que no va a haber suficiente jabón para su aseo. Empieza a dar lo mismo el cargo, o el nombre, o los apellidos, o sus caras bonitas, o la amistad que les une a..., o al otro..., o lo que les de la gana inventarse, para que el chupe y el latrocinio continúe.
Porque..., no me dirán ustedes que no clama al cielo que, quien recibe 1.800 euros mensuales, se aloje en el Hotel Palace, frente al Congreso, cobrando de Éste en especies por residencia, además del plus de los citados 1.800€. Y el colmo de los colmos es que este "caballero" es el mismo que defiende a toda costa la moral y la decencia de su amigo Bárcenas. Antes del pringue, durante el pringue y después del pringue. Esto no es como la virginidad defendida, ni tiene nada que ver con el parto.
Esto, que es malísimo, no sé si llega al cabreo de los ciudadanos de a pie, tánto como el caso de la jefa del la CNMV. Esta mujer tiene como mérito ser madrileña, como siempre ha sido, pero un día se presentó a unas Generales por Jaén. Salió elegida y, sin salir de Madrid, se encuentra con un plus legal, sin entrar a sopesar si es justo o no, de 1.800€, como el Sr. Arenas, dándose la circunstancia personal de que dispone de cinco viviendas en Madrid. ¿?..., pero es así.
¿Quien sobra?, ¿Quien falta?. Rajoy, Gallardón, Guindos, Montoro, Rato, Goirigolzarri, Blesa, Bárcenas, Olivas, Díaz-Ferran, Arturo Fernandez el pagador en "B" que aún lo tienen suficientemente defendido para que no declare, Urdangarin, la Mato esa que se encontraba en casa cualquier fiesta o cualquier regalo con ruedas y no se enteraba de nada, o quizás: la protejida del señor Álvaro Lapuerta.
Claro que habrá mas de uno que dirá que la culpa será de la HERENCIA RECIBIDA.
En manos de éstos, y otros afines, estamos.
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VANITATISLA FIRMA SE ENFRENTA A LA PÉRDIDA DE LA LICENCIA PARA OPERAR EN ESPAÑA
Economía encuentra “infracciones muy graves” en la auditoría de Deloitte a Bankia
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos. (EFE)
José María Olmo
02/07/2013
(06:00)
En su propuesta de sanción, el ICAC asegura que Deloitte podría haber incumplido en dos ocasiones “el deber de independencia de los auditores de cuentas” incurriendo además en “dolo o negligencia especialmente grave e inexcusable”, una infracción que la Ley de Auditoría de Cuentas califica como “muy grave” y que llega a castigar con la pérdida de la licencia necesaria para seguir prestando servicio en territorio nacional.
Asimismo, el ICAC también aprecia que la labor de Deloitte en Bankia podría ser constitutiva de otras dos infracciones, en este caso de carácter “grave”, por el incumplimiento de “normas de auditoría” esenciales que acabaron teniendo “un efecto significativo sobre el resultado de su trabajo y, por consiguiente, en su informe”. En este caso, la sanción a la que se enfrenta la auditora se limitaría a una multa equivalente a un máximo del 3% “de los honorarios facturados en el último ejercicio”.
Las cuentas de la salida a Bolsa
Los hechos señalados afectan especialmente, según el órgano supervisor del Ministerio de Economía, al control de las cuentas de Bankia correspondientes al primer trimestre de 2011 y al primer semestre del mismo ejercicio, justo los balances que se utilizaron para la salida a Bolsa de la entidad el 20 de julio de 2011, una operación que provocó abultadas pérdidas a miles de accionistas y que terminó acelerando el proceso para su nacionalización. En sólo un año, la cotización de Bankia se desplomó un 82%, una caída sin precedentes en un valor del Ibex-35.
Entre otras deficiencias, el ICAC concluye en los documentos a los que ha tenido acceso este diario que "los saldos de activos y pasivos contabilizados en Bankia a 31 de marzo y a 30 de junio de 2011 son agregaciones de las distintas cajas y sociedades instrumentales", no el examen pormenorizado del conglomerado que correspondía. De hecho, prosigue el expediente, "posteriormente al proceso de agregación y para la obtención del balance de la entidad, se han producido eliminaciones y ajustes no analizadas por los auditores, ya que no constan pruebas de auditoría dirigidas a verificar su razonabilidad".
Los técnicos del organismo supervisor subrayan de forma reiterada que la labor que supuestamente habrían realizado los auditores no tiene ningún soporte documental. Así, denuncian que "los auditores no han dejado constancia en los papeles de trabajo de la realización de pruebas de auditoría para analizar que los saldos traspasados a Bankia difieren de los estados financieros consolidados incorporados en los papeles de trabajo". En otras ocasiones, ni siquiere se detalla la "fuente" de las cifras utilizadas ni "el trabajo realizado" para verificarlas.
Conflicto de intereses en la auditoría
Por otro lado, el expediente considera que Deloitte pudo incurrir en un problema de parcialidad porque al mismo tiempo que inspeccionó las cuentas de Bankia también trabajó para la entidad “en la determinación de la rentabilidad por negocios y consumo de capital de cada uno de ellos, en la cuantificación de la deuda a mantener en el Banco malo, en las alternativas posibles de salida a bolsa, en la evaluación de la necesidades de capital adicional”, entre otros encargos.
En resumen, el expediente sancionador asegura que “los auditores habrían intervenido en la preparación de un plan de negocio que llevaría a la determinación de las cifras de los balances de Bankia y BFA a 1 de enero 2011 (…) y del balance de Bankia a 31 de marzo de 2011, que fue incluido en el folleto informativo de su salida a Bolsa”. Antes todas estas pruebas recopiladas por los investigadores, el órgano supervisor concluye que toda esta labor de asesoramiento era completamente incompatible con la función de auditoría de la entidad financiera.
Antecedentes del ICAC
Fuentes cercanas a la investigación aseguran que este es casi con total probabilidad el expediente con el resultado más contundente de todos los que ha realizado nunca el ICAC sobre una fima auditora, y será difícil que la investigación no termine en sanción por el elevado número de indicios que señalan los técnicos de este organismo. En todo caso, Deloitte aún tiene la opción de oponerse a estas conclusiones.
Las consencuencias que pueden derivarse de esta investigación no sólo afectan a Deloitte como compañía. Su socio auditor Francisco Celma, responsable de dar su visto bueno a las cuentas de Bankia, también se enfrenta a una sanción que implicaría la pérdida de su licencia para operar en España. Celma ya declaró en la causa como testigo el pasado mes de febrero.
La propia firma auditora emitió un comunicado el pasado 13 de junio admitiendo la existencia de esta propuesta de sanción, aunque aseguró que las infracciones se limitaban sólo a “formalidades técnicas” relacionadas con los estados financieros resumidos consolidados de Bankia a cierre de marzo de 2011 y junio del mismo año que “perfectamente pueden ser archivadas o concluir en una propuesta de sanción”.
Estos documentos podrían dar un nuevo impulso al caso Bankia. Hasta ahora, todas las imputaciones acordadas por el juez Andreu afectan únicamente a antiguos directivos de la entidad, entre ellos, el ex director general del Fondo Monetario Internacional y ex presidente de Bankia Rodrigo Rato. En total, son 32 los acusados de forma provisional por las irregularidades que presuntamente se habrían cometido en el proceso de integración y salida a Bolsa de Bankia. Pero las contundentes conclusiones del ICAC pueden extender el radio de acción de las pesquisas judiciales a otros ámbitos que hasta ahora han salido indemnes. 02/07/2013 (06:00)
La inspección realizada por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) del Ministerio de Economía sobre la actuación de Deloitte en el proceso de fusión y salida a bolsa de Bankia ha detectado “infracciones muy graves” que podrían provocar la pérdida de la licencia de la firma auditora para continuar operando en España. Las conclusiones, que figuran en tres documentos a los que ha tenido acceso El Confidencial, ya han sido remitidas al instructor del caso Bankia, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que tendrá que valorar ahora si de ellas se desprenden nuevas responsabilidades penales. En estos momentos hay 32 exdirectivos de Bankia imputados en un caso que arrancó tras una denuncia de Unión, Progreso y Democracia (UPyD).
En su propuesta de sanción, el ICAC asegura que Deloitte podría haber incumplido en dos ocasiones “el deber de independencia de los auditores de cuentas” incurriendo además en “dolo o negligencia especialmente grave e inexcusable”, una infracción que la Ley de Auditoría de Cuentas califica como “muy grave” y que llega a castigar con la pérdida de la licencia necesaria para seguir prestando servicio en territorio nacional.
Asimismo, el ICAC también aprecia que la labor de Deloitte en Bankia podría ser constitutiva de otras dos infracciones, en este caso de carácter “grave”, por el incumplimiento de “normas de auditoría” esenciales que acabaron teniendo “un efecto significativo sobre el resultado de su trabajo y, por consiguiente, en su informe”. En este caso, la sanción a la que se enfrenta la auditora se limitaría a una multa equivalente a un máximo del 3% “de los honorarios facturados en el último ejercicio”.
Las cuentas de la salida a Bolsa
Los hechos señalados afectan especialmente, según el órgano supervisor del Ministerio de Economía, al control de las cuentas de Bankia correspondientes al primer trimestre de 2011 y al primer semestre del mismo ejercicio, justo los balances que se utilizaron para la salida a Bolsa de la entidad el 20 de julio de 2011, una operación que provocó abultadas pérdidas a miles de accionistas y que terminó acelerando el proceso para su nacionalización. En sólo un año, la cotización de Bankia se desplomó un 82%, una caída sin precedentes en un valor del Ibex-35.
Entre otras deficiencias, el ICAC concluye en los documentos a los que ha tenido acceso este diario que "los saldos de activos y pasivos contabilizados en Bankia a 31 de marzo y a 30 de junio de 2011 son agregaciones de las distintas cajas y sociedades instrumentales", no el examen pormenorizado del conglomerado que correspondía. De hecho, prosigue el expediente, "posteriormente al proceso de agregación y para la obtención del balance de la entidad, se han producido eliminaciones y ajustes no analizadas por los auditores, ya que no constan pruebas de auditoría dirigidas a verificar su razonabilidad".
Los técnicos del organismo supervisor subrayan de forma reiterada que la labor que supuestamente habrían realizado los auditores no tiene ningún soporte documental. Así, denuncian que "los auditores no han dejado constancia en los papeles de trabajo de la realización de pruebas de auditoría para analizar que los saldos traspasados a Bankia difieren de los estados financieros consolidados incorporados en los papeles de trabajo". En otras ocasiones, ni siquiere se detalla la "fuente" de las cifras utilizadas ni "el trabajo realizado" para verificarlas.
Conflicto de intereses en la auditoría
Por otro lado, el expediente considera que Deloitte pudo incurrir en un problema de parcialidad porque al mismo tiempo que inspeccionó las cuentas de Bankia también trabajó para la entidad “en la determinación de la rentabilidad por negocios y consumo de capital de cada uno de ellos, en la cuantificación de la deuda a mantener en el Banco malo, en las alternativas posibles de salida a bolsa, en la evaluación de la necesidades de capital adicional”, entre otros encargos.
En resumen, el expediente sancionador asegura que “los auditores habrían intervenido en la preparación de un plan de negocio que llevaría a la determinación de las cifras de los balances de Bankia y BFA a 1 de enero 2011 (…) y del balance de Bankia a 31 de marzo de 2011, que fue incluido en el folleto informativo de su salida a Bolsa”. Antes todas estas pruebas recopiladas por los investigadores, el órgano supervisor concluye que toda esta labor de asesoramiento era completamente incompatible con la función de auditoría de la entidad financiera.
Antecedentes del ICAC
Fuentes cercanas a la investigación aseguran que este es casi con total probabilidad el expediente con el resultado más contundente de todos los que ha realizado nunca el ICAC sobre una fima auditora, y será difícil que la investigación no termine en sanción por el elevado número de indicios que señalan los técnicos de este organismo. En todo caso, Deloitte aún tiene la opción de oponerse a estas conclusiones.
Las consencuencias que pueden derivarse de esta investigación no sólo afectan a Deloitte como compañía. Su socio auditor Francisco Celma, responsable de dar su visto bueno a las cuentas de Bankia, también se enfrenta a una sanción que implicaría la pérdida de su licencia para operar en España. Celma ya declaró en la causa como testigo el pasado mes de febrero.
La propia firma auditora emitió un comunicado el pasado 13 de junio admitiendo la existencia de esta propuesta de sanción, aunque aseguró que las infracciones se limitaban sólo a “formalidades técnicas” relacionadas con los estados financieros resumidos consolidados de Bankia a cierre de marzo de 2011 y junio del mismo año que “perfectamente pueden ser archivadas o concluir en una propuesta de sanción”.
Estos documentos podrían dar un nuevo impulso al caso Bankia. Hasta ahora, todas las imputaciones acordadas por el juez Andreu afectan únicamente a antiguos directivos de la entidad, entre ellos, el ex director general del Fondo Monetario Internacional y ex presidente de Bankia Rodrigo Rato. En total, son 32 los acusados de forma provisional por las irregularidades que presuntamente se habrían cometido en el proceso de integración y salida a Bolsa de Bankia. Pero las contundentes conclusiones del ICAC pueden extender el radio de acción de las pesquisas judiciales a otros ámbitos que hasta ahora han salido indemnes.
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