A algunos, les toca padecer todas las calamidades juntas.
Es cierto que los hay que, han de padecer las "siete plagas" en sí mismos. Por si todo esto fuera poco, además, padecen el mayor escarnio al que se puede someter a una persona, tener que cargar con las posibilidades que marcan estos impresentables desde la Moncloa.
De verdad que el panorama que mas de uno padecemos, es desolador: Paro sin prestaciones, Sanidad recortada, Educación limitada, vivienda inaccesible, alquileres inalcanzables, recibo de la luz para millonarios, porvenir demasiado obscuro para los hijos que hemos engendrado. Políticos insensibles a estas y otras necesidades...
El panorama culmina en un Presidente del Gobierno que nos toma a todos por bobos y nos suelta la parida de que;: "España tiene un Estado del Bienestar como nadie en el mundo". Este señor debe mostrar mas respeto del que muestra, a los que le votaron como a los otros, no se puede insultar a si a la gente. Si él llega a final de mes sin limitaciones económicas, mi caso es distinto. Llego con hambre y sin un €.
Retomando lo de la dependencia, hacer una pregunta, a quien corresponda: ¿La ley depende de las necesidades o del presupuesto?. ¿Que hace el Gobierno con sus dependientes familiares?. YO QUIERO Y TENGO DERECHO A HACER LO MISMO.
EN LA CAMPAÑA ELECTORAL, EL SEÑOR RAJOY NO NOS DIJO QUE SE LA IBA A CARGAR la Ley para la dependencia.
Ellos no se quitan ningún privilegio y a nosotros nos quitan desde el primero al ultimo, todos los que nos habíamos ganado con nuestro propio esfuerzo. Está perfectamente claro que estos gobernantes no son buena gente.
Todo aclarado: A los dependientes reconocidos, les quitan los derechos. A los demás, sencillamente, no se les reconoce. Dejan pasar el tiempo, hasta que todos van muriendo por ley natural, acelerando su muerte, por falta de dedicación y atención.
Esto, aunque nadie lo crea, lo diseñan y lo practican políticos españoles. La demostración es que en cada Comunidad dan a los dependientes tratos diferentes.
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El sistema de dependencia pierde 3.413 beneficiarios cada mes de 2014
En los últimos tres años se calcula que han muerto 70.000 personas que tenían la prestación reconocida pero nunca la llegaron a recibir
El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) ha perdido una media de 3.413 beneficiarios al mes durante este año, ya que aquellos que fallecen no son sustituidos por los que se encuentran en la lista de espera, según el último dictamen del Observatorio de la Dependencia.
Gráfico que muestra el gasto público en dependencia por habitante y año.- (OBSERVATORIO DE DEPENDENCIA)
- Cuidadores de vida
- Andalucía denuncia un reparto muy desigual de las ayudas contra la pobreza infantil
- Algunas autonomías tardan 300 días en ayudar a dependientes
- Educación, sanidad y dependencia, las partidas con más recortes
- Habrá más recortes en Dependencia
- Un hachazo mayor para la Ley de Dependencia
En el informe décimo tercero, presentado este martes en una rueda de
prensa, se evalúa también el desarrollo del SAAD por parte de las
comunidades autónomas y en él vuelve a destacar Castilla y León como la
mejor mientras que la Comunidad Valenciana se sitúa a la cola.
Si el pasado 31 de diciembre, 753.842 dependientes recibían la prestación reconocida, esa cifra se ha reducido a 736.777 a 31 de mayo de este año, tal y como refleja el dictamen, que evalúa cada seis meses la aplicación de la ley de la dependencia.
El presidente de la Asociación de Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, ha destacado que en los primeros cinco meses del año hay 17.000 personas menos atendidas, lo que supone que cada cuarto de hora "se deja de atender" a un dependiente. Así, ha mostrado su sorpresa después de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dijera el pasado 6 de julio en el curso de verano de la Fundación FAES que el sistema de dependencia "atiende a más gente" que cuando llegó al Gobierno en diciembre de 2011. En este sentido, ha apuntado que desde que el PP ganó las elecciones hay 1.810 personas atendidas menos, porque entonces había 738.587 y ahora 736.777.
En cuanto a la reducción de la lista de espera de dependientes con la prestación reconocida -que en diciembre de 2011 ascendía a 305.941 personas y según los últimos datos es ahora de 184.060- el Observatorio asegura que no se debe al incremento de atendidos sino a la combinación de "retirar" el derecho a la atención y a los fallecimientos. Ramírez ha resaltado que cada año en los últimos tres se calcula que han muerto 70.000 personas que tenían la prestación reconocida pero nunca la llegaron a recibir.
El informe vuelve a insistir en la financiación insuficiente que aporta el Estado a las comunidades, ya que según las estimaciones del Observatorio, aporta el 19%, cuando tendría que abonar el 50%, por lo que el peso recae tanto en las comunidades autónomas como en los dependientes a través del copago. El dictamen destaca que en los últimos dos años desde que el Gobierno reformó la ley de dependencia, las comunidades "en líneas generales" han hecho "denodados" esfuerzos por mantener, al menos, los niveles de atención si bien matiza que "no siempre ha sido posible".
En general, la implantación de la ley pasa de una puntuación media entre las comunidades autónomas de 4,70 puntos -en diciembre de 2013- a 4,61 en junio de este año y once comunidades suspenden. Del total, siete comunidades mantienen su puntuación, seis la empeoran y cinco la mejoran.
Las comunidades que siguen con la misma calificación, además de Castilla y León (9,6) son el País Vasco (8,3), La Rioja (6,3) -que coinciden con las tres que están a la cabeza-, Castilla-La Mancha (5,4), Extremadura (5,4), Murcia (5) y Asturias (3,8).
Las que han disminuido su puntuación son: Cantabria (pasa de 6,3 a 5,4), Andalucía (de 5,8 a 5,4), Cataluña (de 5,4 a 4,6), Navarra (de 5 a 4,6), Galicia (de 5 a 3,8) y Aragón (de 3,8 a 3,3).
Por el contrario, las que han mejorado, aunque todas ellas siguen con suspenso, son las autonomías de Madrid (de 4,2 a 4,6), Baleares (2,9 a 3,3), las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (de 1,3 a 1,7) y Valencia (de 0,4 a 1,3).
Si el pasado 31 de diciembre, 753.842 dependientes recibían la prestación reconocida, esa cifra se ha reducido a 736.777 a 31 de mayo de este año, tal y como refleja el dictamen, que evalúa cada seis meses la aplicación de la ley de la dependencia.
El presidente de la Asociación de Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, ha destacado que en los primeros cinco meses del año hay 17.000 personas menos atendidas, lo que supone que cada cuarto de hora "se deja de atender" a un dependiente. Así, ha mostrado su sorpresa después de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dijera el pasado 6 de julio en el curso de verano de la Fundación FAES que el sistema de dependencia "atiende a más gente" que cuando llegó al Gobierno en diciembre de 2011. En este sentido, ha apuntado que desde que el PP ganó las elecciones hay 1.810 personas atendidas menos, porque entonces había 738.587 y ahora 736.777.
En cuanto a la reducción de la lista de espera de dependientes con la prestación reconocida -que en diciembre de 2011 ascendía a 305.941 personas y según los últimos datos es ahora de 184.060- el Observatorio asegura que no se debe al incremento de atendidos sino a la combinación de "retirar" el derecho a la atención y a los fallecimientos. Ramírez ha resaltado que cada año en los últimos tres se calcula que han muerto 70.000 personas que tenían la prestación reconocida pero nunca la llegaron a recibir.
El informe vuelve a insistir en la financiación insuficiente que aporta el Estado a las comunidades, ya que según las estimaciones del Observatorio, aporta el 19%, cuando tendría que abonar el 50%, por lo que el peso recae tanto en las comunidades autónomas como en los dependientes a través del copago. El dictamen destaca que en los últimos dos años desde que el Gobierno reformó la ley de dependencia, las comunidades "en líneas generales" han hecho "denodados" esfuerzos por mantener, al menos, los niveles de atención si bien matiza que "no siempre ha sido posible".
En general, la implantación de la ley pasa de una puntuación media entre las comunidades autónomas de 4,70 puntos -en diciembre de 2013- a 4,61 en junio de este año y once comunidades suspenden. Del total, siete comunidades mantienen su puntuación, seis la empeoran y cinco la mejoran.
Las comunidades que siguen con la misma calificación, además de Castilla y León (9,6) son el País Vasco (8,3), La Rioja (6,3) -que coinciden con las tres que están a la cabeza-, Castilla-La Mancha (5,4), Extremadura (5,4), Murcia (5) y Asturias (3,8).
Las que han disminuido su puntuación son: Cantabria (pasa de 6,3 a 5,4), Andalucía (de 5,8 a 5,4), Cataluña (de 5,4 a 4,6), Navarra (de 5 a 4,6), Galicia (de 5 a 3,8) y Aragón (de 3,8 a 3,3).
Por el contrario, las que han mejorado, aunque todas ellas siguen con suspenso, son las autonomías de Madrid (de 4,2 a 4,6), Baleares (2,9 a 3,3), las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (de 1,3 a 1,7) y Valencia (de 0,4 a 1,3).
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