Cada día que amanece, los escándalos son mas, y mayores. Y yo de forma cándida espero en cada amanecer, la disposición contundente de que alguien vaya a la cárcel, previa devolución de lo "trincado".
¿Como se puede consentir, esta enorme plaga de corruptos ladrones de guante blanco?. ¿Quien tiene que dictar las normas o las ordenes, para que todo lo robado vuelva a sus legítimos dueños?. ¿Quien tiene que dar la orden de que cada uno responda de lo que ha hecho, con sus propios patrimonios?.
Aquí parece que la meta está en la estafa, en el latrocinio, en la apropiación indebida, en el engaño, en la inmoralidad, en el timo, y, lo peor de todo: En la permisividad de los que mandan. Pero...¿Por que?. ¿Que ganancia tienen los que deben decidir para consentir tanto como consienten. ¿Acaso los gobernantes están obligados a consentir todos los abusos de esta gentuza que forman el mas grande grupo de bandidos que España haya padecido jamas?.
Que yo sepa, en España hay Gobierno, ministros e inspección, o por lo menos los pagamos. ¿Por que no actúan evitando tanto abuso?. Es mas fácil ordenar a las policías que persigan a los "top manta". Pero así no se arregla nada. El hambre sigue cundiendo, porque trabajo no hay para ellos y el dinero de los jornales se los apropian los "permitidos".
Y por si todo esto fuera poco, a un estafado-robado por un banco, se le lleva a un juzgado porque se cabrea de haber sido robado... Esto es España, esto es lo que hacen los golfos y lo que les permiten los que gobiernan. Y porque nos conocen y no nos dan los JJ.OO, decimos que hay tongo olímpico. ¡¡¡Seremos caraduras!!!
Una preguntita, antes de terminar. ¿¿¿¿¿¿¿Por que de estas noticias aparecidas en provincias, no se hacen eco los diarios de grandes tiradas??????? Todos sabemos cuales son.
Avisadme cuando veáis al guaperas de la noticia, entrar en la cárcel...
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con un sobrecoste de 2 millones
Dos informes jurídicos dados a conocer al Consejo señalan
que el ex director general Lucas Hernández y De . la Vega
engañaron a la comisión ejecutiva ocultando una tasación
inferior de un inmueble comprado en Valencia.
F. RAMOS | VALLADOLID 16/09/2013
El director general de Banco Ceiss, José María de la Vega, en una foto de archivo.ical
Si hace unos días salieron a la luz las imputaciones del ex presidente de Caja Duero, Julio Fermoso; del ex director general, Lucas Hernández; y del actual director general del banco Ceiss, José María de la Vega, por su participación en la compra del edificio Titán a la constructora Nozar, una operación ruinosa para Caja Duero que pagó un sobrecoste de 20 millones de euros, ahora se sabe que Lucas Hernández y el departamento de José María de la Vega urdieron también la adquisición del inmueble en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, la que sería sede principal de Caja Duero y por que la entidad pagó casi dos millones más de su valor de tasación. Una operación en la que, a diferencia del escándalo de Nozar, no está implicado Julio Fermoso.
Esta nueva operación de compra de la que es la sede de Caja Duero en la capital del Turia se cerró en junio de 2007 con la sociedad Just Tres S.L. en 18,3 millones. Así se desprende de los dos informes jurídicos que se dieron a conocer en el último Consejo de Administración ordinario de Ceiss, que tuvo lugar el jueves y que duró cinco horas, según trasladaron a este periódico fuentes de la dirección de la Caja en Salamanca, conocedoras de lo ocurrido en ese consejo. Escritos que fueron leídos íntegramente a los miembros del Consejo salvo al director general, que en ese momento se ausentó al tratarse de un tema en el que está directamente involucrado.
Y tanto. En ellos se señala que el ex director general de Caja Duero, Lucas Hernández, y el actual director general de Ceiss, José María de la Vega, engañaron a la comisión ejecutiva de la Caja, al ocultarle una tasación inferior a esos 18,3 millones que finalmente se abonaron. De hecho, los informes, según las mismas fuentes, hablan de precio «superior al valor del mercado». Y lo hacen en base a que Tinsa cifró en 16,3 millones el valor del inmueble. Pero aquí no acaba el «engaño» a los miembros de la comisión ejecutiva, porque Lucas Hernández y el departamento de José María de la Vega engordaron en 35 los metros cuadrados del edificio, algo que se dio a conocer en el consejo del banco Ceiss del jueves pasado, ante el estupor de los consejeros y del comité ejecutivo que acudió.
Ambos informes, a decir de las fuentes consultadas, dejan claro que la compra del edificio de Valencia se hizo a partir de una propuesta del director general de Infraestructuras de Caja Duero, Juan Marcos Marín, con el consentimiento del entonces director general, Lucas Hernández, y del director de la División de Desarrollo Corporativo, José María de la Vega. Eso sí, ni uno ni otro, ni Lucas Hernández ni José María de la Vega, hicieron referencia en ningún momento a la tasación de Tinsa, ni justificaron la «conveniencia» de pagar el sobrecoste de dos millones que finalmente se abonó.
Las mismas fuentes de la dirección de la Caja en Salamanca son claras a la hora de asegurar que en los informes jurídicos leídos en el Consejo de Administración del Banco Ceiss, se deja claro que la actuación de los responsables de la División de Desarrollo Corporativo, que dirigía José María de la Vega, y del ex director general fue negligente y con un «importante perjuicio» económico para la entidad.
Es más, a decir de uno de esos informes que se leyeron en el consejo, estos directivos podrían haber incurrido en un presunto delito de «estafa en su subtipo agravado», tanto por el montante de lo supuestamente defraudado como por el abuso de sus relaciones personales, en el que además los entonces miembros de la Comisión Ejecutiva de Caja Duero habrían sido «víctimas de un engaño», ya que habrían aprobado una operación sin toda la información precisa.
El informe que recoge el presunto delito de estafa, que no habría prescrito –lo hace a los diez años y esta operación es de junio de 2007–, habla también de otro presunto delito: el de «administración desleal», que éste sí ya habría prescito –lo hace a los cinco años– en junio del año pasado. Una vía penal que no ve el segundo de los informes leídos, según el cual no concurren las causas típicas de una supuesta estafa, algo que sí aprecia en el caso del presunto delito de administración desleal, pero ni siquiera lo analiza porque ya estaría prescrito.
Por si faltaba aún algún elemento más para hacer de esta operación de compra del edificio de Caja Duero en pleno centro de Valencia un escándalo de las dimensiones del ‘caso Nozar’, los informes jurídicos añaden un elemento más: el de la urgencia con la que se hizo la operación. Una urgencia que las conclusiones de esos informes califican de «inusitada».
Unas prisas por parte del departamento de Desarrollo Corporativo, con su director José María de la Vega a la cabeza, y de Lucas Hernández que se demuestran en el hecho que ni siquiera se incorporó ni estudio ni informe alguno con la «conveniencia» de reagrupar en este nuevo edificio las cuatro oficinas de la Caja en Valencia, que supuestamente fue la «motivación» de la compra.
Lo que sí concluyen estos dos informes es en culpar directamente a los «directivos» que urdieron y autorizaron la operación, entre ellos el actual director general del banco Ceiss y no a la Comisión Ejecutiva, ya que en su «inmensa mayoría» no se les había facilitado «toda la información» y ni siquiera la «información correcta».
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