Mira por donde, para interpretar los caprichos de este Consejero o del Gobierno que le ordena, hay jueces por el camino. Y uno de ellos, ha dicho :"Pues va a ser que no. Por encima de sus caprichitos, están los derechos de los ciudadanos, y por ahí, no trago". Así es, protegido de la ESPE, tendrá usted que esperar a que vengan tiempos mejores. De momento tiene que ir masticando la tajada que tiene usted en la boca, porque no se la puede tragar. Mastíquela lo necesario, hasta que se la eche "p'a dentro". Luego veremos si es capaz de digerirla.
En cuanto a su arrogancia, al decir lo que el juez ha hecho bien o mal, intente usted tener, la próxima vez, mas respeto por su señoría. Entre los PPeros, cuando las cosas no salen según sus deseos, solo saben criticar. ¿Acepta algo, alguien del PP, cuando de obedecer se trata?. La mayoría absoluta con la que cuentan, no es obra suya, ni su merito, es porque un montón de españoles fueron engañados por ustedes y les dieron su voto. Pero nada mas. Jamas un pueblos ha sido arrastrado a unas elecciones generales con mayor numero de mentiras.
Señor D. Javier Fernández-Lasquetty., debe usted aprender un poco mas, para andar por estas rutas. Sobre todo a respetar los derechos constitucionales que amparan a un pueblo.
Ahora llame usted a los conflictivos, con las leyes de su origen, portorriqueños, y cuéntaselo.
¡¡Mi enhorabuena a todos los que lucharon/luchamos por una Sanidad Pública!!
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Las concesionarias cierran sus despachos
Las adjudicatarias de los seis hospitales privatizados congelan su toma de control tras el auto judicial
Las empresas adjudicatarias de la gestión de los seis hospitales
públicos que la Comunidad sacó a concurso no tomarán, de momento,
posesión de sus despachos. O si ya estaban en ellos, los cerrarán,
después de conocer ayer la decisión del juzgado de lo contencioso que
ayer paralizó el proceso privatizador. Estaba previsto que los nuevos
responsables empezasen a tomar decisiones ejecutivas el próximo día 1 de
octubre, momento en que se haría efectiva la externalización de la
gestión.
A finales de septiembre la gestión de la asistencia sanitaria de más de un millón de madrileños iba a pasar a manos privadas. Pese a la multitud de recursos en los juzgados contra el proceso, de los que la mayoría todavía siguen pendientes, la Comunidad adjudicó a mediados de agosto la gestión de los seis de los hospitales más nuevos de la red madrileña. El Gobierno regional decidió seguir adelante alegando que no se podía parar el procedimiento administrativo. Primero adjudicó las del hospital Infanta Leonor (Vallecas), y el del Sureste (Arganda del Rey), ambos a Ribera Salud. El del Henares (Coslada) lo asumió BUPA Sanitas. Una semana después hizo lo propio con el grupo puertorriqueño Hima San Pablo, responsable de la gestión de los hospitales Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla) y el del Tajo (Aranjuez).
El auto judicial del martes que paralizó el proceso de privatizaciónde la gestión de seis de los hospitales más nuevos de la red pública madrileña pilló desprevenidas a las concesionarias. También al Ejecutivo, que recibió la decisión con “absoluta sorpresa”, según reconoció el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty.
La incertidumbre que plantea la interrupción del proceso —el auto considera “virtual” el ahorro del 20% que defiende la Comunidad— abre varios frentes incómodos para el Gobierno de Ignacio González. Para empezar, la inseguridad jurídica que afrontan las empresas ganadoras, que tuvieron que depositar avales por valor de 28 millones de euros. Otra es que, en caso de que finalmente la justicia tumbe la privatización, la Comunidad debería modificar sus presupuestos de 2013. Madrid ya tuvo que recortar más de mil millones a mitad de 2012.
“En el hospital del Henares habíamos empezado una fase de toma de contacto, de presentar propuestas, de hablar con colectivos... De momento se paraliza hasta que sepamos hacia dónde va a ir esto ahora”, expuso un portavoz de BUPA Sanitas. “La decisión judicial no está relacionada con nuestra propuesta o con nuestra puesta en escena, es una decisión judicial relacionada con el procedimiento del concurso. Es la Comunidad de Madrid quien tiene que presentar sus alegaciones, lo único que podemos hacer es esperar”, añadió.
La compañía, que contaba con dos despachos en el centro hospitalario, anuló todas las entrevistas que tenían para previstas para ayer con trabajadores. Desde principios de esta semana, representantes de BUPA Sanitas ya se habían instalado en el centro y habían comenzado a mantener reuniones informativas con los diferentes colectivos. El más perjudicado era el de los trabajadores interinos y eventuales, a los que se les estaban ofreciendo contratos con aumento de la jornada laboral, disminución del salario una media de 300 euros al mes, reducción de bonificaciones por nocturnidad y supresión de pagas suplementarias por trabajar en domingos y festivos. La adjudicataria se escudaba en que el contrato con la Comunidad solo le obligaba a mantener el número de puestos de trabajo pero no las condiciones económicas y subrayaba que estaba ofreciendo contratos indefinidos a todos.
Tras conocer el auto, el grupo Ribera Salud cerró las “oficinas técnicas de asesoramiento” con las que ya contaba en los hospitales a su cargo. “Tenemos plena confianza en la continuidad del proceso. Desde nuestra experiencia de 15 años, sabemos que los proyectos innovadores tienen varios hitos en su implantación”, dijo una portavoz, que quiso resaltar que el “95% de los profesionales ya habían mostrado su aceptación” a las condiciones de la adjudicataria. Hima San Pablo afirmó que “mantiene su interés por el mercado español”.
A finales de septiembre la gestión de la asistencia sanitaria de más de un millón de madrileños iba a pasar a manos privadas. Pese a la multitud de recursos en los juzgados contra el proceso, de los que la mayoría todavía siguen pendientes, la Comunidad adjudicó a mediados de agosto la gestión de los seis de los hospitales más nuevos de la red madrileña. El Gobierno regional decidió seguir adelante alegando que no se podía parar el procedimiento administrativo. Primero adjudicó las del hospital Infanta Leonor (Vallecas), y el del Sureste (Arganda del Rey), ambos a Ribera Salud. El del Henares (Coslada) lo asumió BUPA Sanitas. Una semana después hizo lo propio con el grupo puertorriqueño Hima San Pablo, responsable de la gestión de los hospitales Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla) y el del Tajo (Aranjuez).
El auto judicial del martes que paralizó el proceso de privatizaciónde la gestión de seis de los hospitales más nuevos de la red pública madrileña pilló desprevenidas a las concesionarias. También al Ejecutivo, que recibió la decisión con “absoluta sorpresa”, según reconoció el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty.
La incertidumbre que plantea la interrupción del proceso —el auto considera “virtual” el ahorro del 20% que defiende la Comunidad— abre varios frentes incómodos para el Gobierno de Ignacio González. Para empezar, la inseguridad jurídica que afrontan las empresas ganadoras, que tuvieron que depositar avales por valor de 28 millones de euros. Otra es que, en caso de que finalmente la justicia tumbe la privatización, la Comunidad debería modificar sus presupuestos de 2013. Madrid ya tuvo que recortar más de mil millones a mitad de 2012.
“En el hospital del Henares habíamos empezado una fase de toma de contacto, de presentar propuestas, de hablar con colectivos... De momento se paraliza hasta que sepamos hacia dónde va a ir esto ahora”, expuso un portavoz de BUPA Sanitas. “La decisión judicial no está relacionada con nuestra propuesta o con nuestra puesta en escena, es una decisión judicial relacionada con el procedimiento del concurso. Es la Comunidad de Madrid quien tiene que presentar sus alegaciones, lo único que podemos hacer es esperar”, añadió.
La compañía, que contaba con dos despachos en el centro hospitalario, anuló todas las entrevistas que tenían para previstas para ayer con trabajadores. Desde principios de esta semana, representantes de BUPA Sanitas ya se habían instalado en el centro y habían comenzado a mantener reuniones informativas con los diferentes colectivos. El más perjudicado era el de los trabajadores interinos y eventuales, a los que se les estaban ofreciendo contratos con aumento de la jornada laboral, disminución del salario una media de 300 euros al mes, reducción de bonificaciones por nocturnidad y supresión de pagas suplementarias por trabajar en domingos y festivos. La adjudicataria se escudaba en que el contrato con la Comunidad solo le obligaba a mantener el número de puestos de trabajo pero no las condiciones económicas y subrayaba que estaba ofreciendo contratos indefinidos a todos.
Tras conocer el auto, el grupo Ribera Salud cerró las “oficinas técnicas de asesoramiento” con las que ya contaba en los hospitales a su cargo. “Tenemos plena confianza en la continuidad del proceso. Desde nuestra experiencia de 15 años, sabemos que los proyectos innovadores tienen varios hitos en su implantación”, dijo una portavoz, que quiso resaltar que el “95% de los profesionales ya habían mostrado su aceptación” a las condiciones de la adjudicataria. Hima San Pablo afirmó que “mantiene su interés por el mercado español”.
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