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viernes,03 may 2013 MercadodeDinero.es
Los ‘cazasubvenciones ilegales’ del CCU vuelven a integrar el Consejo
El ‘nuevo’ Consejo de Consumidores y Usuarios vuelve a estar integrado por las
asociaciones condenadas por el Tribunal Supremo a devolver subvenciones
ilegales.
Las diez asociaciones condenadas por el Tribunal
Supremo a devolver 1,3 millones de euros en subvenciones declaradas ilegales
(sentencia publicada en el BOE del 16/06/2008), siguen formando parte del
‘nuevo’ Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), nombrado por el Instituto Nacional del Consumo y cuyos
vocales han sido dados a conocer por el Boletín Oficial del Estado, en su
edición del 31 de julio. La anunciada ‘ampliación’ del CCU hasta 15 miembros
–desde los 10 con que contaba– se ha quedado finalmente en 11: los 10 que hasta
ahora pertenecían a él –Adicae, Asgeco, AUC, CEACCU, CECU, FUCI, Hispacoop, OCU,
UCE y UNAE–, más Facua, una organización de origen marxista-leninista, que hace
unos meses solicitó la intervención de los antidisturbios contra los pacíficos
cofrades que dan sentido a la Semana Santa española (ver MD nº 186).
Entre las asociaciones que repiten presencia en
el CCU están Adicae, presidida por Manuel Pardos y que protagoniza notables
cambios de postura en asuntos de tanta trascendencia como Fórum-Afinsa; la OCU,
dirigida
por
José Mª Múgica, a quien expertos en consumo vinculan estratégicamente con
Carrefour; o CEACCU, cuya presidenta es María Rodríguez, una antigua funcionaria
del Ayuntamiento de Madrid que ha aprendido a moverse en el mundillo del consumo
subvencionado”.
El Instituto Nacional del Consumo (INC), que es
quien tiene la última palabra sobre los miembros del CCU, ni siquiera es capaz
de que se presenten suficientes candidatos como para cubrir la ampliación. Ante
este desastre, cabría preguntarse en qué gasta los fondos públicos que recibe y
que están destinados a fomentar el asociacionismo de consumo. Además, el INC se
constituye en líder de esta ‘banda’, por cuanto vuelve a nombrar a estas diez
asociaciones para formar parte del CCU, a pesar de que han desobedecido el
mandato del Supremo y no han devuelto los 1,3 millones de subvenciones
declaradas ilegales.
Aún peor: algunas de ellas –CECU, Adicae, FUCI y UCE– han recibido con posterioridad subvenciones por parte de la Comunidad de Madrid, cuando en el artículo 13, apartado 2G de la Ley General de Subvenciones indica que quienes no hayan devuelto subvenciones declaradas ilegales, no podrán recibir nuevas subvenciones.
Según ha podido saber MD, se están preparando
acciones judiciales de carácter criminal contra los representantes de estas
asociaciones, así como contra los funcionarios nacionales, autonómicos o locales
que estén involucrados en estas ilegalidades. Aunque la Fiscalía General del
Estado no apoye esta acción, las denuncias y querellas se presentarán en
diversos partidos judiciales, donde jueces independientes y honestos defiendan
la legalidad. Precisamente, las subvenciones ilegales y otra sentencia del
Tribunal Supremo, que anulaba los requisitos impuestos por el Real Decreto
894/2005 para pertenecer al CCU –estar inscritos con una antigüedad mínima de
cinco años en el Libro Registro de asociaciones de consumidores del Instituto
Nacional del Consumo–, han ‘obligado’ al INC a convocar un nuevo proceso de
selección de asociaciones para crear un CCU
El ‘Caso Gürtel’ del PSOE | |
»¿Qué ministra del actual Gobierno ha
recibido como regalo un bolso de Dior, de casi 2.000 euros, está encantada de
llevarlo y no lo suelta?
Si Francisco Camps y sus abogados tuvieran la factura y la nota de entrega en mano, ¿qué publicarían los diarios ‘El Mundo’ y ‘La Razón’. |
De este nuevo CCU ha sido excluida una asociación
profesional, independiente y con 23 años de historia como Ausbanc (recomendada
por el UE, junto con Mercado de Dinero: ver página 6), con dos argumentos que
revelan un uso abusivo de la potestad discrecional del INC para nombrar a los
miembros del CCU, susceptible, incluso, de haber incurrido en un acto
arbitrario. Según el escrito enviado por el INC a esta asociación el 28 de
julio, Ausbanc no puede ser seleccionada para el CCU porque no ha presentado “la
totalidad de los estatutos o acuerdos de asamblea general en los que se
establezca el marco de colaboración con los operadores del mercado, ni los
convenios o acuerdos de colaboración de la asociación suscritos con cualquier
organización sin ánimo de lucro”. El INC también señala que “la entidad tampoco
ha depositado en el INC las cuentas anuales de la organización correspondientes
al ejercicio 2007”. El propio INC se dirigió a Ausbanc para proceder a la
subsanación de la documentación presentada hasta el momento, lo que esta
asociación hizo de inmediato. Y en esa petición de subsanación no figuraba la
documentación que el INC dice que Ausbanc no presentó.
Por
tanto, el propio INC ha creado el problema y la contradicción: los argumentos
por los que se ha rechazado la solicitud de Ausbanc no se sostienen.
Ante esta tesitura, las asociaciones que forman
parte de éste y el anterior CCU deberían replantearse la situación, hacer
autocrítica y pensar si este propósito de permanencia es la mejor estrategia. Lo
que corresponde ahora es unirse todas las asociaciones, con lealtad y visión a
largo plazo, y exigir un CCU decente, honesto y eficaz, que no permita que los
defensores del cliente sean nombrados y pagados por las empresas, y que no
existan –salvo en Baleares– oficinas de defensa del consumidor en los
aeropuertos, en un país turístico como España.
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