Esta gente se pasa al estar creándose su propia impunidad. Protegidos con este escudo, pueden delinquir cuanto se les antoje en España y llevarse el fruto de sus rapiñas al extranjero, tanto de dinero como de voluntades y conciencias. Una vez allí, los limites territoriales traspasados les dan el derecho a reírse de todos los que quedamos a este lado de las fronteras. Mafia pura. Corrupción total. Indignación absoluta. El Chicago años treinta, minimizado hasta convertirlo en invisible por su tamaño.
Si esta gentuza pillaran al scarface, se lo merendaban.
Podemos contemplar el placer que produce la aprobación de esta Ley por todos los palmeros, de ancha sonrisa. Hace falta malos instintos para aprobar semejante ataque a la dignidad humana. Ningún gran exterminador de personas, se dedicó a matarlos de hambre. Este debe sentir gran placer contemplando las calamidades y la desesperación de nuestro Género.
Los recortes de esta gentuza están ubicados en el núcleo de sus células neuronales. Los aplican en todo lo que pueden. Pero no todo cabe en una mediana moral, hay que ser ruines y retorcidos para jugar con la carencia total de valores humanos. Cualquier especie animal, tiene mas rasgos humanos que los miembros del actual Gobierno español.
Hacer una ley, para esquivar las leyes, es la mayor degradación a la que puede llegar un ser humano, mas todavía, si se apellida Gallardón y es el Ministro de Justicia. ¿En que manos estamos?. Supongo que podremos sopesarlo cuando nos toque votar.
Y por cierto: ¿Donde están los votos de los que no estaban de acuerdo con la propuesta de ésta ley?. ¡¡Pandilla de hipócritas!!.
Ya me lo decía mi abuela: "La cabra, siempre tira al monte".
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milenio.COM
España mete al archivo la justicia universal
Ante presiones internacionales, como las de Israel y China, el gobernante Partido Popular ha decidido dar carpetazo a la persecución de dictadores, genocidas y criminales acusados de cometer ...
SARA BARDERAS-DPA
Madrid
El
arresto del ex dictador chileno Augusto Pinochet en Londres en 1998,
ordenado por un juez español entonces desconocido para el mundo, marcó
un antes y un después en la persecución de los delitos contra la
humanidad.
Dictadores,
genocidas y criminales acusados de atentar contra la humanidad tuvieron
que pensarse dos veces a partir de ahí si salían o no de sus países
ante la posibilidad de que les pudiera ocurrir lo que a Pinochet con el
juez Baltasar Garzón.
La
situación está a punto de cambiar por la presión diplomática ejercida
por países poderosos ante la persecución de ex altos cargos.
La
mayoría absoluta del Partido Popular (PP) del gobernante Mariano Rajoy
en el Congreso de los Diputados, impuso ayer el inicio de la tramitación
de una reforma exprés que entrará en vigor antes de dos meses y llevará
al archivo la mayoría de las 12 causas de lesa humanidad en la
Audiencia Nacional. Toda la oposición votó en contra.
España
fue uno de los referentes mundiales en la persecución de genocidio,
crímenes de guerra y tortura por el número de investigaciones contra
presuntos criminales que no enjuiciaban sus países.
En
algo más de 15 años, la Audiencia Nacional abrió investigaciones de los
crímenes de la dictadura argentina, el genocidio en Guatemala, el
asesinato del diplomático español Carmelo Soria durante la dictadura en
Chile o las torturas en la base estadunidense de Guantánamo, Cuba.
Solo
el ex militar argentino Adolfo Scilingo fue juzgado y condenado. Pero
como afirma el director de Amnistía Internacional (AI) en España,
Esteban Beltrán, "el impacto también cuenta".
La iniciativa española sirvió para que países como Argentina o Chile enjuiciaran los crímenes de su propio pasado.
La
acción de la Audiencia Nacional incomodó a los gobiernos españoles, que
vieron cómo se abrían crisis diplomáticas con varios países de origen
de los perseguidos.
La
justicia española solo podrá investigar los crímenes de lesa humanidad
cuando los responsables sean españoles o extranjeros que viven en España
o cuya extradición se haya denegado. Las víctimas deben también ser
españolas y no pueden haberse nacionalizado tras haber sufrido los
hechos a perseguir.
Amnistía
Internacional critica "la invasión parlamentaria" para limitar la
acción de los jueces. "Es ilegal de todo derecho. Un parlamento no puede
obligar a un juez", denuncia Beltrán.
Asociaciones
de jueces y fiscales aseguran que contraviene los convenios
internacionales en los que España es parte. Y no es una restricción
cualquiera, sino de la persecución de "los crímenes más atroces que se
conocen", señala la Unión Progresista de Fiscales.
"Un
paso atrás en la lucha contra la impunidad y en la defensa de los
derechos humanos. Perjudica los ideales democráticos y ganan los grandes
delincuentes", enfatiza a su vez Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para
la Democracia.
Justo
el lunes, la Audiencia Nacional ordenaba la busca y captura del ex
presidente de China Jiang Zemin y de otros cuatro ex altos funcionarios
del gobierno comunista por presunto genocidio en 1980-90 en el Tíbet. La
crisis diplomática que se abrió entre Pekín y Madrid, cuando el
tribunal inició en noviembre el camino hacia esa orden de arresto, está
detrás de la limitación de la jurisdicción universal.
Hasta
ahora, el país está a la cabeza mundial de la aplicación de la justicia
universal, incluso después de que esta sufriera ya un primer recorte en
2009, cuando gobernaba el socialista José Rodríguez Zapatero, quien
pactó con el PP una primera poda tras las protestas de Israel por la
imputación de su ex ministro de Defensa Benjamin Ben Eliezer por una
matanza de civiles en Gaza, en 2002.
Con
la reforma, España será el único país europeo que legisla para limitar
la aplicación del principio. En palabras de Beltrán, el único que "ata
las manos del propio Estado para investigar a criminales".
De
la docena de causas abiertas, entre ellas la muerte del camarógrafo
español José Couso en Irak a manos del ejército de EU, los vuelos de CIA
o el asesinato de jesuitas en El Salvador en 1989, lo probable es que
quede solo una abierta: el proceso al ex ministro del Interior de
Guatemala Carlos Vielman, nacionalizado español y acusado de ejecuciones
extrajudiciales en su país.
Beltrán
cree que la reforma caerá con un recurso ante Estrasburgo –sede de la
eurocámara y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos- o cuando un juez
plantee una cuestión de inconstitucionalidad. Pero son procesos que
pueden llevar años.
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