haber escrito.
Rafael Narbona, nos muestra las palpitaciones de su alma, más fuertes que los latidos de su corazón. Percibe con la mayor sensibilidad humana, las atrocidades cometidas por los bárbaros desde el Poder, contra los indefensos y pacíficos ciudadanos, incapaces de revelarse ante ningún abusivo ataque contra sus derechos y necesidades.
El comentario es algo extenso, pero no por eso carece de interés. Ruego a los lectores, que le lean entero, que no se salten ni un solo renglón. Porque raramente se podrá leer semejante exposición. Solo deja sin tocar el tema de las Participaciones Preferentes pero, al generalizar entre lo canalla y el sometimiento, todo queda comprendido.
Si intentara extenderme mas, comentando éste escrito, cometería una falta de respeto al autor Narbona. Me rindo a su arte descriptivo y lleno de sentimientos y os dejo con su lectura
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Rafael Narbona, Escritor y crítico literario
Febrero 4, 2014
ESPAÑA: EL ESTADO CONTRA LOS CIUDADANOS
Hace
unos días, afirmé que participar en el desahucio de un enfermo crónico,
con una incapacidad laboral permanente, constituía un acto de
terrorismo. Alabé a los vecinos del barrio de Lavapiés, que intentaron
frenar el desahucio y consideré una hazaña épica la expulsión de la
policía, hostigada con piedras, macetas, latas y otros objetos. Algunos
vecinos patearon los furgones policiales. Su gesto está tipificado como
delito, pero yo lo considero digno de elogio, pues surge de un legítimo
deseo de resistencia contra la tiranía de los bancos, verdaderos amos
del mundo. La gesta de Gamonal y de los barrenderos de Madrid ha
demostrado que el poder sólo retrocede, cuando los contenedores y las
lunas de los bancos sufren la justa ira de un pueblo humillado y
pisoteado por un capitalismo cada vez más desalmado. Hace unos días,
recibí el mensaje de un policía que se justificaba alegando que se
limitaban a cumplir órdenes. No me convence ese argumento, pues ser
policía no es una obligación forzosa, sino una elección y, en teoría, el
papel de las Fuerzas de Seguridad del Estado es proteger al ciudadano y
garantizar el ejercicio de sus derechos. Sin embargo, todos sabemos que
eso no es cierto, pues la policía y el ejército siempre han actuado
como perros de presa de las oligarquías, recurriendo a la tortura y a
los asesinatos extrajudiciales cuando la subversión del orden
establecido se perfilaba como algo real y posible.
Argentina,
Chile, Guatemala, El Salvador, Colombia, Honduras, Bolivia o España son
ejemplos históricos que revelan el instinto homicida de unos cuerpos
instruidos en la represión de las libertades y los derechos del pueblo
trabajador. Si un policía se baja la visera para que nadie descubra sus
lágrimas durante un desahucio, debería plantearse desobedecer, pues las
órdenes inmorales no deben ejecutarse jamás. Los pobres, los parias, los
enfermos, no pueden ser maltratados, con el pretexto de no infringir
los principios de disciplina y obediencia. Los nazis ya explotaron esa
pobre argumentación y la Historia, lejos de absolverlos, los envío a la
horca. Pienso que todos los policías que desahucian a las familias y
apalean a los activistas sociales obran como Adolf Eichmann, un
burócrata escrupuloso que organizó la deportación de millones de
personas a los campos de exterminio nazi. “No es posible reinar de modo
inocente”, afirmó Saint-Just, jacobino ejemplar. Su frase puede
modificarse ligeramente, sin traicionar su sentido: “No es posible
colaborar con las iniquidades de un sistema injusto y ser inocente”.
Hace pocos días, una mujer de 56 años fue hospitalizada en Valladolid
con pronóstico grave, después de sufrir una brutal agresión policial. Se
trata de una militante de Stop Desahucios que protestaba a las puertas
de un restaurante donde unos dirigentes del PP comían tranquilamente,
disfrutando de esas dietas que les permiten organizar banquetes
pantagruélicos, mientras su política de austeridad condena a las
familias a ponerse en la cola de los comedores sociales o a husmear en
los cubos de basura, no sin exponerse a una aberrante multa. La víctima
se llama Encarna y, según el parte hospitalario, sufre una lesión
cerebral y una hemorragia interna. Al parecer, los golpes en la cabeza
le han provocado un derrame y un ictus. ¿Un nuevo Iñigo Cabacas, si bien
el joven vasco ni siquiera participaba en una manifestación y recibió
el pelotazo de espaldas y en la nuca, mientras auxiliaba a una muchacha
lesionada por la Ertzaintza? Las autoridades han reaccionado desalojando
la planta donde se halla ingresada Encarna y acordonando el hospital
con efectivos policiales. La Consejería de Sanidad ha presionado al
Hospital, enviándole instrucciones para “gestionar” la información y no
crear alarma social. Algunos dicen que los policías consumen cocaína
para estimular su agresividad e inhibir el miedo. Puede que sólo sea un
rumor, pero yo he escuchado a un guerrillero de Cristo Rey, relatando
con orgullo que la Policía Armada les invitaba a una copa de coñac en
los sótanos de la DGS de Madrid durante los años de la inmodélica
transición. Además, les facilitaban cascos, escudos, porras, cadenas y
coordinaban sus intervenciones para machacar a los melenudos que pedían
amnistía y libertad. Era la época de Mari Luz Nájera, Arturo Ruiz,
Yolanda González y los abogados de Atocha. Perdí la pista de ese
energúmeno cuando aprobó unas oposiciones de inspector de trabajo. Han
pasado casi 40 años, pero las cloacas del régimen siguen desprendiendo
el mismo hedor homicida.
Encarna
apenas puede hablar y sufre una hemiplejía. No puede mover el brazo ni
el hombro derechos. José Antonio Bermejo, subdelegado del gobierno en
Valladolid, ha comparecido en una rueda de prensa, acusando a los
testigos presenciales y a los movimientos sociales de mentir. Sus
declaraciones me han recordado a las de Juan José Rosón, Ministro del
Interior del gobierno de UCD, mintiendo sobre el caso Almería, cuando la
Guardia Civil torturó hasta la muerte a tres jóvenes trabajadores a los
que confundió con un comando de ETA. Sucedió en 1981. Estamos en 2014,
pero cada vez menos personas se creen el cuento de la Transición,
enfatizada con unas ridículas mayúsculas. Tres testigos presenciales han
declarado que los agentes de la siniestra UIP golpearon en la cabeza a
Encarna, cuando ya se encontraba en el suelo y las cámaras no grababan
su cobarde agresión. Al parecer, está prohibido golpear en la cabeza,
pero los policías ignoran esta orden. ¿Se puede hablar entonces de
obediencia debida? ¿No será más cierto afirmar que las Fuerzas de
Seguridad del Estado son un nido de ultras, con tendencias
psicopatológicas? No sería justo responsabilizarles por completo, pues
la ley les protege y les encubre, utilizando “la presunción de
veracidad” como criterio clarificador. Se trata de una estrategia
perversa, pues convierte al ciudadano de pie en un testigo de segunda
categoría y atribuye al agente una improbable y poco creíble honestidad.
La infamia no acaba ahí. Otra mujer ha sufrido fracturas de huesos por
culpa de tres policías que han utilizado su peso con la intención de
causar lesiones. El subdelegado del gobierno ha mentido de nuevo al
asegurar que hay agentes lesionados, lo cual parece altamente
improbable, pues sus cascos, escudos y protecciones les convierten en
prácticamente invulnerables. Es una mentira habitual, avalada por la
prensa conservadora, que elogia a los manifestantes ucranianos (muchos
de ideología neonazi) y demoniza a los vecinos de Gamonal. Este tipo de
hechos ya son habituales. Hace poco, la UIP cargó en Zaragoza contra una
manifestación de apoyo a los vecinos de Gamonal. La escaramuza se saldó
con cuatro detenidos y varios lesionados. Santiago Lanzuela, portavoz
del PP, afirmó que la actuación de la policía fue justa, proporcional e
impecable. Los que hemos vivido el final del franquismo, experimentamos
la sensación de escuchar de nuevo al inmundo Fraga Iribarne, responsable
de la masacre de Vitoria-Gasteiz y otros crímenes repugnantes.
Es imposible recoger todos los abusos policiales (y gubernamentales) que acontecen a diario en el Estado español, pero quiero mencionar el caso de una chica que ha sido detenida en Sevilla por realizar una pintada a favor del aborto. Ya le habían requisado hace unos días una pancarta que pretendía colgar en el Puente de Triana, utilizando cuerdas y arneses. Cuando acudió a comisaría para recoger sus pertenencias, fue detenida y acusada de daños materiales y vandalismo. No es menos ultrajante la orden de desalojo de la Corrala Utopía, ordenada por un juez para el próximo 16 de febrero. Se trata de un bloque de viviendas de nueva construcción, propiedad de Ibercaja y vacío hasta mayo de 2012. En esa fecha, 40 familias ocuparon el inmueble para tener un techo sobre su cabeza. La urgencia del juez responde al deseo de “restaurar el orden jurídico perturbado”. Por supuesto, no menciona en ningún caso que en la Corrala Utopía hay niños y ancianos. Está claro que la justicia y el orden jurídico son cosas diferentes. Proteger la propiedad de los bancos que han causado una crisis mediante obscenas maniobras especulativas constituye una prioridad jurídica. Garantizar el derecho constitucional a la vivienda no es una prioridad jurídica, pues no se trata de un derecho preceptivo, sino puramente orientativo. El cinismo del lenguaje judicial es un verdadero alarde de cobardía e inhumanidad. Algunos vecinos ya han iniciado una huelga de hambre y han manifestado su voluntad de oponer resistencia. Amado Franco, presidente de Ibercaja, se ha negado a recibirlos. A estas alturas, pocos dudan que los “caballeros de la banca” son auténticos rufianes. No es un secreto, pero sus intereses prevalecen sobre los derechos humanos y la voluntad popular.
Se entiende que una guerra empieza cuando un Estado firma un documento, declarando su hostilidad a otro. En esos casos, se respetan (al menos, teóricamente) los Convenios de Ginebra aprobados en 1949 y sus protocolos adicionales. Si no existe una declaración de guerra, se entiende que cualquier acción armada es un acto de terrorismo, si bien el Preámbulo de la Declaración de Derechos Humanos de 1948 reconoce el derecho de rebelión contra la tiranía. ¿No se puede afirmar que ya estamos en guerra? Vivimos en un mundo donde la democracia sólo es el barniz de un capitalismo globalizado y desregulado que ha concentrado el poder real en las grandes corporaciones transnacionales, cuyos principales accionistas son los gigantes de la banca. El gobierno de Rodríguez Zapatero reformó la Constitución, con el apoyo del PP, CiU y PNV, para convertir el pago de la deuda en una prioridad que se anteponía a cualquier otra partida presupuestaria. Yo interpreto esta decisión como una declaración de guerra contra la ciudadanía. Sin embargo, hay alternativas. El gobierno ecuatoriano de Rafael Correa realizó una auditoría de la deuda externa y declaró que era ilegítima, odiosa e inconstitucional. El 50% de los recursos de Ecuador se consumían en el pago de la deuda. Correa afirmó: “Lo primero es la vida, después la deuda”. El FMI y el Banco Mundial montaron en cólera y advirtieron consecuencias apocalípticas. Sin embargo, han mejorado los indicadores sobre salud, educación, vivienda y empleo. El bono ecuatoriano se depreció un 80%, pero el gobierno empleó 800 millones de dólares para adquirir 3.000 millones de su propia deuda, lo cual significó una notable reducción de su deuda real y sus intereses, ahorrando al país 7.000 millones. Al igual que el tristemente desaparecido Hugo Chávez, Rafael Correa se ha convertido en la bestia negra de los medios conservadores. Su negativa a firmar el Tratado de Libre Comercio, que sólo favorece a las grandes corporaciones norteamericanas y arruina al campesino y al pequeño comerciante, se interpretó como un desafío al nuevo orden mundial que sólo podía esconder un propósito dictatorial. Desaparecido Chávez, Rafael Correa es vituperado con saña por las plumas del neoliberalismo: Vargas Llosa, Fernando Savater, Rosa Montero, Jorge Volpi.
Por
el contrario, en España prospera el Estado autoritario y se agudiza la
lucha de clases. El diario londinense The Guardian ya lo advirtió hace
unos meses al comentar la reforma del Código Penal y la Ley Mordaza.
Saber que la Audiencia Nacional ha condenado a un año de prisión a Alba
González Camacho, una joven de 21 años por escribir en su cuenta de
Twitter frases incendiarias (“Prometo tatuarme la cara de quien le pegue
un tiro en la nuca a Rajoy y otro a De Guindos”, “Lo alto que voló
Carrero no es nada en comparación a cómo va a acabar Rajoy en cuanto
estalle la Revolución”), corrobora que el poder ejecutivo, legislativo y
judicial actúan como un frente común contra los ciudadanos. Se protege a
un torturador como Billy el Niño, se boicotea la exhumación de las
fosas clandestinas del franquismo o se paralizan las causas abiertas por
crímenes contra la humanidad, pero se procesa a una joven que se
desahoga en Twitter con fantasías revolucionarias. En la calle Génova
hay una placa que celebra el nacimiento de José Antonio Primo de Rivera,
pionero de la “dialéctica de los puños y las pistolas”. Es una placa
grande, muy visible y está al lado de la Audiencia Nacional. Los jueces
que trabajan en la versión actualizada del infame Tribunal de Orden
Público la ven a diario y nunca han considerado que honrar al creador
del fascismo español represente un delito de “enaltecimiento del
terrorismo”. Alba González Camacho ha aceptado una condena de un año de
cárcel. Imagino que por miedo e impotencia. Los jueces que la han
condenado saben perfectamente que sus exabruptos sólo reflejan el
malestar de una generación sin otra opción que el paro, la emigración o
los contratos basura. Sin embargo, se han puesto sus togas para
condenarla y dejar muy claro a quién defiende la justicia. Los policías
que han golpeado a una mujer de 56 años en Valladolid tal vez sean
amonestados, pero no comparecerán ante la Audiencia Nacional por una
gravísima violación de los derechos humanos. Nadie les acusará de
“enaltecimiento del terrorismo”, pese a que su conducta es criminal,
inmoral y desproporcionada. A fin de cuentas, han cumplido con su
misión. Al igual que los jueces que han condenado a Alba González
Camacho, su función es propagar el miedo, silenciar a los disidentes,
desmovilizar a los descontentos, mostrar a los ciudadanos la verdadera
faz del poder. No creo que Alba sea un terrorista, pero sí opino que los
políticos, los jueces y los policías de este desdichado país promueven
el terrorismo de estado. Desgraciadamente, no disfrutamos de un escritor
con el coraje moral y el mérito artístico de Valle-Inclán, capaz de
escribir: “La Leyenda Negra, en estos días menguados, es la Historia de
España”. Aún me extraña que Luces de bohemia(1924), no haya sido
secuestrada y prohibida por apología del terrorismo. Conviene recordar
que pide una guillotina eléctrica en la Puerta del Sol para acabar con
patronos, políticos y banqueros, sin escatimar elogios a la campaña de
atentados de los anarquistas. Tal vez será porque los jueces de la
Audiencia Nacional sólo leen manuales de derecho y algún best-seller que
alivie la monotonía de la prosa jurídica, pero sin obligarlos a
incurrir en la funesta manía de pensar.
RAFAEL NARBONA
Las dos primeras fotografías fueron realizadas por Olmo Calvo y se publicaron en El Diario.es. La tercera fotografía fue realizada por Sergio de la Torre y fue publicada porUltimo Cero, un periódico digital. Desconozco la autoría del resto. Quiero señalar que no pretendo apropiarme del trabajo ajeno y si alguien me pide que retire una de sus fotos, lo haré sin problemas. Mi blog no tiene copyright y todos mis textos se pueden compartir.
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