Y, a todo esto, ¿Que hace la C.M?. ¿Que hace su Presidente, su esposa y el Fiscal Moix?. O...¿A lo mejor es mucho preguntar?. Pienso que aquí sí se tienen que notar los indicios delictivos.
Lo malo es que las "primas" que cazan, desde su nacimiento vienen viciadas, porque viciadas son las intenciones de su dedicación. En la presentación de la noticia, también. Se habla del cargo que ostenta el que se pringa, de las cantidades que birlan, de cuantos son pero se silencian sus nombres y sus apellidos, o sea en el comienzo del escandalo nace la semilla de la IMPUNIDAD, que a todos ellos los aplican. ¡¡Como me viene a la memoria el Juez Silva!!.
Un curso sin alumnos, es como un aeropuerto sin aviones. Como unas preferentes sin preferencias. Igual que un plazo fijo, en plan estafa. Un presidente que roba a su entidad. Un Gobierno que persigue a sus subditos...
Pero una patronal que cobra por los trabajadores que emplea y se dedica a despedirlos y se los echa al Estado como parados..., solo puede ser problema de Juzgado de Guardia.
El amigo de la Espe, el cuñado del encarcelado receptor de prestamos de Caja Madrid a bajo interés como él mismo, el de los trabajadores "sin contrato" y otros "problemillas con la banca, el fisco y la Seguridad Social", parece que se le pegaban los billetes a su mano con excesiva facilidad. Me viene a mis recuerdos, una foto en sepia, en la que los miembros recogidos en ella, no están teniendo un feliz final..., os la repongo:
¡Lo que hace el tiempo en su discurrir imparable!. A cada uno le pone, según sabemos, en su sitio. Inexorablemente, aunque unos tarden mas que otros. Pero el sabio refrán de "dime con quien andas..." se cumple una vez mas. Me encantaría que mi Rey se rodeara de otras amistades..., pero esto es lo que hay, y no lo cambia ni Dios.
A don Arturo parece que se le apaga su refulgente candil, por haber abusado del pringue que necesita para alumbrar. Ni Aznar, ni la Espe, ni Blesa, ni Rato, ni tantos otros le prestan la alcuza para pringar...
El camino que le espera, es fácil de recorrer...: Juzgado y tal vez, Soto del Real. Tampoco está tan lejos.
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DOS NOTICIAS SOBRE EL MISMO INDIVIDUO
PRIMERA
La CEIM pagó a sus directivos con dinero de los cursos de formación
Los auditores destapan que los salarios llegaban en 2009 hasta los 220.000 euros
La Cámara señala que la patronal no cobró los intereses bancarios de las ayudas
Los sindicatos UGT y CC OO declararon, en cambio, los réditos de sus cuentas
El presidente de la patronal madrileña CEIM, Arturo Fernández, en un acto en la Comunidad de Madrid en febrero de 2013. / Bernardo Pérez
La Cámara de Cuentas, órgano fiscalizador de los organismos públicos regionales, detectó además que la patronal tampoco declaraba los intereses que salían de mantener las subvenciones recibidas en los bancos, algo que los auditores públicos consideran cuando menos negligente.
Los informes, que están firmados en 2011 y 2012, analizan el “gasto de subvenciones en materia de formación continua otorgadas por la Comunidad de Madrid” a sindicatos y patronal.
Las ayudas que patronal y sindicatos reciben se emplean fundamentalmente en formación; es decir, gastos docentes, profesorado, material y diseño de los cursos. Estos últimos se suelen subcontratar con empresas externas, como las de los empresarios José Luis Aneri o Alfonso Tezanos, detenidos por formar parte supuestamente de una trama de cursos falsos. La policía, de momento, ha arrestado a 14 personas. El agujero económico asciende a 15 millones de euros, procedentes de las arcas regionales y estatales. Madrid recibe cada año unos 115 millones de euros del Estado para cursos de formación.
Pero otra parte de las subvenciones va a los llamados “gastos de apoyo”; es decir, de personal no docente pero que interviene en la gestión de los cursos. Por ejemplo, una telefonista contratada para dar información a los alumnos. Hasta agosto de 2012 ese gasto no podía ser mayor del 20% de la subvención. A partir de esta fecha, se redujo al 10%.
Es en esa parte de la subvención donde la Cámara detectó las irregularidades reflejadas en ambos informes. En 2009, la Cámara señala que la normativa regional (Orden 2816/2008, de 2 de octubre) “no prevé como subvencionables los salarios del personal directivo”. Esto significa que del dinero de los cursos no se pueden pagar las nóminas de los dirigentes de la CEIM ni de los sindicatos. “Sin embargo, se justificaron de nuevo costes salariales de directivos [de la CEIM]”, prosigue el informe, “que además perciben unos salarios elevados, superiores a 100.000 euros, por un total de 405.000”.
La auditoría pública termina diciendo en ese apartado que “se han financiado con fondos públicos el 35% de los costes salariales del secretario general; el 54% en el caso de la directora del departamento de Asuntos Laborales; el 50% de los costes en el caso del director financiero, de la directora de Asuntos Económicos y del director de Comunicación; y en el 90% de la directora de Formación”.
Esta fiscalización, la última realizada por la Cámara sobre cursos de formación, coincide en parte con la del año anterior, la correspondiente a 2008. En esta, la Cámara señala, además, la cuantía de los sueldos. Asegura que entre los salarios con dinero de subvenciones públicas figuran “un alto cargo que cobró 220.000 euros”, dos del equipo de Comunicación, con 132.000 y 107.000 euros, respectivamente, y otro del “equipo económico financiero con 100.000 euros”. Ese informe apunta también a otro puesto directivo, “cuyas retribuciones teóricas partiendo de los importes parciales certificados podrían alcanzar un importe anual de 358.000 euros”. El documento señala que los sindicatos también destinaron dinero a costes de dirección en ese plan, con un total de 77.000 euros (UGT) y 72.000 (CC OO).
La Cámara da otros datos sobre el dinero público destinado a gastos de personal de apoyo. De los 89 trabajadores de personal de la CEIM, en 2008 se financiaron con fondos de la Comunidad y fondos europeos el 54% de los costes salariales de 34 trabajadores. En 2009 se financiaron el 53% de los sueldos de 32 trabajadores de los 114 de personal propio.
La Ley General de Subvenciones recoge como infracción muy grave que no se apliquen “en todo o en parte” las cantidades recibidas para los fines para los que la subvención fue concedida. Y para las entidades que comentan infracciones muy graves contempla, además de la devolución de fondos, la pérdida de un plazo “de hasta cinco años” para obtener ayudas públicas o de contratar con las Administraciones durante un periodo también de hasta cinco años.
La otra irregularidad de calado que encuentra la Cámara de Cuentas es la referida a los rendimientos financieros que generan las subvenciones en las cuentas bancarias de la patronal durante el periodo en el que no se hace uso de ellas. O más bien, la extraña ausencia de esas plusvalías.
Los informes indican que, para comprobar los rendimientos financieros declarados por las entidades que habían recibido subvenciones, se solicitó información a los bancos en los que la Comunidad de Madrid había colocado los fondos. Quería ver el órgano fiscalizador si esos saldos habían sido colocados en algún depósito, fondo, cuenta remunerada u otro producto financiero, así como los intereses o plusvalías que se hubieran producido.
En el informe firmado en 2012, sobre el ejercicio de 2009, la Cámara relata que la patronal ingresó el primer plazo de la subvención en una cuenta del Banco Santander, que fue transferida a los 20 días a una cuenta de Banca March, en la que se ingresó después el segundo plazo. Preguntadas las dos entidades, ambas señalaron que no hubo rendimientos, plusvalías o intereses por el tiempo que pasó el dinero en las cuentas.
La Cámara de Cuentas estima que el saldo medio de ambos fondos fue de 6 millones de euros durante 343 días. El organismo fiscalizador lo compara con los rendimientos declarados por los sindicatos (32.000 euros de intereses en el caso de CC OO y 26.000 en el caso de UGT) y señala que no se entiende que la CEIM no negociara algún tipo de rendimiento con los bancos. Considera esta actitud negligente y explica que, por sus limitaciones competenciales, no se puede comprobar si ese comportamiento se generalizó en el resto de cuentas de la patronal o solo afectó a esos fondos. Fuentes técnicas aseveran que la patronal no suele declarar nunca rendimientos económicos de ese tipo.
Con estas irregularidades, la Cámara de Cuentas elevó los informes al Tribunal de Cuentas, que sí puede ir más allá de las recomendaciones y establecer sanciones. Fuentes consultadas por este diario afirman que el Tribunal de Cuentas elaboró un nuevo informe basado en los dos anteriores y que se remitió a la Comunidad de Madrid. Este periódico no pudo ayer saber qué es lo que había pasado con ese tercer informe, si se había finalizado o si estaba en un periodo de alegaciones. La Comunidad no aclaró nada a este respecto.
A todo esto, la CEIM destacó ayer que ya respondió a la Cámara de Cuentas el 11 de julio de 2012. La patronal asegura que se han cumplido estrictamente las normas, ya que se ha justificado el personal propio necesario para realizar las funciones de programación, coordinación y control de los cursos. Señala que los gastos asignados a sus directivos proceden de la gestión de los cursos y que no encuentran en la normativa nada que les prohíba hacerlo de esa manera.
En cuanto a los rendimientos financieros de las subvenciones, señalan que presentaron los certificados de la inexistencia de plusvalías. La CEIM asegura, además, que todos los proyectos de formación han sido auditados.
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SEGUNDA:
El vicepresidentre de la CEOE y presidente de CEIM, Arturo Fernández. (EFE)
LES PIDE OTRO CRÉDITO TRAS NO PAGAR EL PRIMERO
Arturo Fernández pilla con su deuda a los March y a los cuatro grandes bancos.
LES PIDE OTRO CRÉDITO TRAS NO PAGAR EL PRIMERO
Arturo Fernández pilla con su deuda a los March y a los cuatro grandes bancos.
AA
Esta nueva línea de financiación se la ha solicitado a Banca March, a Banco Santander, BBVA, Bankia y CaixaBank, los cinco principales acreedores del empresario hostelero e inmobiliario, a las que ya adeuda otros 20 millones en créditos bancarios y otros préstamos concedidos mediante la fórmula de project finance. El problema de Arturo Fernández es que ha impagado el primer crédito, por lo que las entidades bancarias no están por la labor de prestarle más.
El que fuera consejero de Bankia hasta su nacionalización en la primavera de 2012 asegura haber alcanzado un acuerdo para alargar el vencimiento de los 20 millones iniciales. Pero varios de los acreedores niegan que se haya renovado la financiación. El principal de ellos es el Grupo March, con cerca de siete millones, seguido por BBVA y Santander, con otros siete millones entre los dos, más Bankia y CaixaBank, con algo más de dos cada uno.
Los bancos califican como muy complicada la situación de Arturo Fernández, que cuando fue imputado por el juez Andreu por el caso Bankia se definió en la Audiencia Nacional como “un empresario desde los 17 años; preparado en temas de economía y con un máster en EEUU. Soy empresario de tercera generación dedicado a hostelería y servicios”. Las diversas reuniones mantenidas hasta la fecha para alargar el vencimiento han acabado sin acuerdo.
Pese a ello, el número dos de la CEOE asegura a los potenciales compradores a los que ha ofrecido la mayoría del capital de su grupo que ya tiene el visto bueno de la banca y que, incluso, le han concedido una quita del 25% sobre el importe a pagar. Varias entidades consultadas por este diario niegan que hayan aceptado perdonarle una cuarta parte de la deuda, como señala el cuaderno de venta que ha entregado a algunos de los interesados.
Ventas fallidas
El presidente de la CEIM lleva meses intentando sin suerte encontrar un inversor que aporte 50 millones de euros para salvar su grupo. En diciembre del pasado año hizo público un acuerdo con Real Investment Holding para que tomase la mayoría del capital, operación que finalmente no se concretó. Era la tercera vez que daba por hecho una solución en falso para hacer frente a sus problemas financieros.
En sus últimas declaraciones explica que va a llevar a cabo "varias ampliaciones de capital en los próximos meses para dar entrada a varios empresarios", cuya identidad no ha querido desvelar. El objetivo es captar 45 millones de euros a cambio de un 51% del grupo, dinero con el que quiere amarrar el futuro de este, que también tiene deudas pendientes con Hacienda y con la Seguridad Social, e invertir en ladrillo.
A finales de 2013, Arturo Fernández llegó a un acuerdo con Serunión y Mediterránea de Catering para venderles la división de colectividades. Ambas firmas rechazaron finalmente consumar la compra, tras realizar una auditoría o due dilligence de las cuentas, un documento que incluía litigios muy significativos con las Administraciones laborales por tener en plantilla a trabajadores sin contrato.
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