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La causa de las preferentes encalla en la Audiencia Nacional nada más arrancar.
Las acusaciones apuntan como obstáculo que el juez y el fiscal nocreen que hubiera un plan precondebido por Blesa y sus colaboradores.
Intentaran desatascar la instrucción pidiendo que declaren otros directivos de Caja Madrid y los expresidentes del Banco de España y la CNMV.
La negativa de Andréu a incorporar los correos impide que los testigos y querellados puedan ser preguntados por su contenido.
07/03/2014 - 20:53h
El
caso de las preferentes en la Audiencia Nacional nace enfermo y solo un vuelco
podrá hacer que culmine con la celebración de un juicio, coinciden distintas
acusaciones tras la primera semana de interrogatorios. Durante cinco jornadas,
uno tras otro de los quince querellados se han negado a contestar a los abogados
de las acusaciones y solo lo han hecho a preguntas del fiscal, el juez y sus
propios letrados. Y siempre para negar irregularidades y descargarse de
responsabilidades en la comercialización del producto que ha provocado el mayor
escándalo financiero en la historia de España.
Nada
de esto, sin embargo, es inusual en los interrogatorios. ¿Por qué entonces el
pesimismo en las acusaciones? Los abogados señalan a la actitud de partida del
juez, Fernando Andreu, y del fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón. Creen que
el primero instruye obligado
por la Sala de lo Penal –solo ha hecho una pregunta en un total de 15
interrogatorios- y el segundo yerra al centrarse en la ocultación del verdadero
estado de Caja Madrid cuando se emitieron las preferentes. Alegan que ninguno de
los dos está convencido de que la gran estafa de las preferentes responda a un
plan concebido desde la cúpula de Caja Madrid.
Andreu
se opuso en un primer momento a sumar la investigación de las preferentes por el
caso Bankia, aunque después decidió abrir una pieza separada en contra del
criterio de la Fiscalía. Los recursos presentados por las defensas de los
querellados obligaron a la Sala de lo Penal a delimitar la investigación: el
caso se centraría en investigar si la cúpula de Caja Madrid ideó el producto
para tapar el agujero que ya existía en 2009 en la entidad. Ni los presuntos
engaños a los clientes cometidos entre las cuatro paredes de una sucursal, ni el
case de operaciones en el mercado secundario serían objeto de la pieza
separada.
Las
preferentes fueron vendidas a los ahorradores de Caja Madrid con la apariencia
de un depósito de vida limitada. Sin embargo, se trataba de un producto de alto
riesgo y a perpetuidad: los ahorradores no recuperarían su dinero tras un
periodo estipulado sino que tendrían que recurrir a un supuesto mercado
secundario, el case interno. Caja Madrid buscaba entonces un comprador, pudiendo
manipular los precios a su antojo. Cuando se corrió la voz de que el producto no
era tan seguro como creían los inversores, todos corrieron a vender y se
encontraron, sencillamente, con que no había mercado, según los argumentos de la
acusación popular.
Andrés
Herzog es el abogado que representa a UPyD, uno de los artífices de que el caso
Bankia esté en la Audiencia Nacional. Para Herzog, dejar fuera el case de
operaciones desinfla toda la investigación. "La Fiscalía sigue defendiendo que
ese mercado ficticio era objetivo", critica. El mismo diseño de las preferentes
demuestra, a su entender, que las preferentes son “un hecho delictivo en sí”.
Esto es lo que justificaría una investigación de la gran estafa en la Audiencia
Nacional, más allá de las vías preferidas por los afectados para recuperar su
dinero: el arbitraje, la vía civil y los juzgados locales.
“El
fiscal se limita a relacionar las preferentes con los estados financieros de
Caja Madrid cuando eso ya es objeto de la investigación a Bankia. La situación
es muy caótica”, lamenta el abogado de UPyD. Aún así, Herzog confía en que la
práctica de diligencias haga reconsiderar a Andreu el ámbito de investigación.
“El que marcó la Sala es absurdo”, zanja.
Para
Juan Ignacio Morengo Yagüe, abogado de #15MpaRato, el Tribunal Supremo debería
resolver sobre la decisión de la Sala de no investigar el citado case de
operaciones. Coincide en que las preferentes suponen un fraude masivo en su
comercialización y una estafa generalizada. Y suma, a la vista del contenido de
los interrogatorios, el delito de falseamiento de cuentas públicas por el
desfase en más de 4.000 millones entre los recursos propios que presentó Caja
Madrid en 2009, fecha de emisión de las preferentes, y al año siguiente.
Círculo exculpatorio
Miguel
Blesa defendió en su declaración del lunes que las preferentes cumplían con
todos los requisitos exigidos por el regulador. En cualquier caso, añadió, los
responsables de su diseño eran los departamentos de Cumplimiento Normativo y
Marketing. El responsable de Cumplimiento Normativo, Manuel Fernández Navarro,
dijo dos días después que Caja Madrid había sido “más exigente” que otras
entidades para lanzar las preferentes, y que cuando lo hizo, no había normativa
al respecto de la CNMV. Por su parte, Fernando Cuesta, de Marketing,
responsabilizó del folleto informativo a Matías Amat, director de Negocio que no
figura entre los querellados.
Los
consejeros querellados han declarado que por ellos no pasó en ningún momento la
decisión de emitir preferentes, asegurando que de eso se encargaban otros
miembros del Consejo que a su vez integraban la comisión ejecutiva. Pero los
abogados de la acusación particular que presentaron la querella solo incluyeron
a un miembro de la comisión ejecutiva en la misma, Miguel Blesa. Esto ha
permitido que por el momento se cierre el círculo exculpatorio.
Para
salir de él, las acusaciones populares planean solicitar nuevos interrogatorios.
Entre ellos, los de miembros de la comisión ejecutiva y los ejecutivos de la
entidad, entre ellos el director general, Ildefonso Sánchez Barcoj, o el
director de Negocio, Matías Amat. Si Andreu acepta llamarlos como testigos,
comparecerán sin abogado, con la obligación de decir la verdad y contestar
también a las preguntas de los abogados de la acusación.
En
este sentido, Blesa repitió en varias ocasiones que el Banco de España y la CNMV
avalaron las preferentes de Caja Madrid. UPyD ya pidió que declararan sus
responsables entonces como imputados y Andreu se negó. Ahora, las acusaciones
planean solicitar que declaren como testigos para cotejar las afirmaciones del
expresidente de Caja Madrid.
Los correos se quedan fuera
Jordi
Ruiz Villa es abogado del despacho barcelonés Jausas, que representa a una
pareja de preferentistas que invirtió 300.000 euros en el producto, y autor de
la querella. Son los responsables de que Andreu haya tenido que decidir sobre la
incorporación de los correos de Blesa al caso de las preferentes. El juez
decidió que quedaran fuera y solo comunicó su decisión unas horas antes de que
el exbanquero declarara en la Audiencia Nacional, a pesar de que Anticorrupción
le había informado hace un mes de que también se oponía. Si Andreu acepta a
llamar algún testigo a declarar, ninguno de los abogados de la acusación podrá
interrogar sobre el contenido de los correos publicados. En el caso de que lo
hicieran, el juez declararía la pregunta improcedente.
En
el caso de Matías Amat, por ejemplo, nadie podría interrogarle por el
intercambio de correos previo y el mismo día de la emisión de preferentes en
mayo de 2009. En esos mensajes,publicados
por eldiario.es, Amat y Blesa celebran las "cifras de récord" en el
lanzamiento del producto. El expresidente se lanza a decir a su número dos: "Lo
que he aprendido es que si a los sindicatos no les gusta, probablemente es un
buen producto".
Ruiz
Villa tiene sus esperanzas puestas en el resultado de las diligencias que ordenó
Andreu el 19 de febrero. En ellas, se requiere a Bankia numerosa documentación
para arrojar luz sobre la situación de la entidad a mediados de 2009, aún como
Caja Madrid, y los documentos de emisión de preferentes. El abogado recuerda que
Andreu ha escogido la figura del querellado para interrogar a Blesa y el resto.
“Mientras no se conviertan en imputados, el plazo de prescripción no se
interrumpe”, advierte.
Andreu
podía haber citado a Blesa y a los otros 14 como imputados, pero optó por la
figura del querellado. El letrado también advierte de que el juez puede no
esperar a la petición de nuevas diligencias y archivar la pieza separada de las
preferentes, lo que obligaría a las acusaciones a recurrir a la Sala.
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