| Martes, 10 diciembre 2013Actualizado 12:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Ponferrada emite 100% de sentencias favorables en casos de preferentes
El
abogado Marco Antonio Morala advierte de una "gran avalancha" de
demandas tras la última oferta de Unicaja para los ahora 'bonistas' del
Banco Ceiss
V. Silván 09/12/2013
Cada
vez más afectados por preferentes acuden a los Juzgados de Ponferrada
para recuperar su dinero por la vía judicial. (Foto: Quinito)
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A
lo largo de este año los Juzgados de Ponferrada han tenido un intensa
actividad en la resolución de procedimientos de preferentes y
participaciones subordinadas y, en los últimos dos meses, ha emitido un
cien por cien de sentencias favorables al demandante, según constata el
abogado Marco Antonio Morala. Y es que sólo este letrado tiene unos 150
procedimientos presentados e iniciados en los juzgados, otros 50 nuevos
en estudio y ha obtenido unas 22 sentencias favorables. “Ninguna
desfavorable”, apostilla. “Las sentencias han decaído
básicamente entre octubre y noviembre, son procedimientos que se
iniciaron en mayo, junio y julio y, teniendo en cuenta que agosto es
inhábil , la verdad es que hay juzgados en Ponferrada muy eficaces y que
trabajan muy bien, muy diligentemente”, apunta Morala, que advierte que
se espera ahora “una gran avalancha” de demandas judiciales porque
había muchos afectados que aún se lo estaban pensando, pendientes de
conocer la solución que les ponía sobre la mesa Unicaja.
Unas sentencias que son “íntegramente estimatorias”, que anulan los contratos, obligan a las restituciones de las prestaciones y también imponen las costas a la entidad financiera. Así, Morala explica que en estos casos se invoca por regla general al “error en el consentimiento” que supone que el demandante no conocía en el momento de la contratación qué producto era, ni las características ni los riesgos reales de lo que estaban contratando. “Qué persona sea joven o mayor contrata un producto perpetuo, qué personas contrata un producto con el que puede perder todo su dinero o dejar de percibir intereses”, plantea.
En su opinión, la falta de información “está clarísima” y la obligación de informar recae en las cajas y bancos. El Tribunal Supremo, los juzgados y las audiencias provinciales establecen que procesalmente “la carga de la prueba del correcto asesoramiento y de la correcta información corresponde a la entidad financiera”. Según recalca Morala, informar es dar conocimiento de algo a alguien, “lo que implica que además de haber recibido una serie de datos, esa persona destinataria de la información también de haber comprendido toda la naturaleza, características y riesgos del producto que se le colocaba”.
Y es que, aunque el perfil del afectado por preferentes y subordinadas es muy variado en cuanto a edades, profesión y nivel de estudios, prácticamente la totalidad de las personas que adquirieron estos productos son personas “con conocimientos financieros muy básicos o nulos y sin experiencia inversora”. “Tienen riesgos muy importantes y son productos complejos, muy difíciles de comprender, con lo cual la experiencia inversora y los conocimientos financieros deben ser muy avanzados y muy altos”, puntualiza Morala.
Un producto legal
Las participaciones preferentes existen desde finales de los años 80 y es legal, la cuestión entonces es, apunta el abogado, a quién se lo vendes. “No esta destinado, pensado ni es apropiado para los pequeños ahorradores, no se pueden colocar a las personas de la calle y se tenía que haber fiscalizado e intervenido en esa colocación masiva a gente sin cultura financiera, sin conocimientos financieros y sin experiencia inversora”, explica Morala, que da un tirón de orejas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y al propio Banco de España por no haber actuado de manera más eficaz y no haber paralizado esas colocaciones.
Por otro lado, el letrado alaba el trabajo que están realizando los juzgados de Ponferrada, que están dando un tratamiento prioritario a estos temas, agilizándolos procesalmente y dictando sentencia muy rápido. “No podemos pedirles más”, añade Morala, que puntualiza que aunque los plazos dependen del juzgado, hay sentencias de procedimientos presentados en mayo o junio -teniendo en cuenta que agosto no es hábil- que ya están emitidas y en otras salas, que tienen una mayor carga de trabajo, va a durar unos meses más, alrededor de un año.
Una agilidad y eficacia de la que carecen los juzgados de León, por el “grave handicap” que ha supuesto la implantación de la oficina judicial y que, en palabras de Morala, “ha sido un absoluto fracaso y retrasa los procedimientos una auténtica barbaridad”. Así, apunta también a un buen funcionamiento de las salas de Astorga y La Bañeza que si bien son “un poco más lentas” también son eficaces en función de los plazos que marcan los procedimientos.
Afectados por las preferentes en Ponferrada rechazan aceptar el canje que le ofrece el Banco Ceiss. (Foto: César Sánchez)
Las respuesta de las cajas
“Caja España ha sido la entidad que peor se ha portado con los afectados por preferentes en todos los conceptos”. Así de tajante se muestra el jurista, que criticó que esta entidad, ahora Banco Ceiss, primero les hizo directamente una quita a los afectados, que después trasformó en bonos que no pueden tocar ni disponer de ellos y, ahora, “está el tema de la fusión o absorción de Unicaja que todavía va a empeorar notablemente la situación de estas personas”., aunque el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) vaya a estar como mecanismo de revisión respecto a la comercialización de estos productos.
A este respecto, puntualiza que “no es un arbitraje” y que será resuelto por un “experto independiente” que será nombrado por el FROB, que es Price Waterhouse, y que cierra la puerta a acudir a un tribunal de justicia. “¿Por qué?”, pregunta Morala, “porque para aceptar esta oferta de Unicaja hay que ir a un notario y renunciar a las acciones judiciales”. “Por todo ello, entiendo que la peor entidad, la que peor se está comportando con sus clientes ha sido y es Caja España, Banco Ceiss”, insiste.
En esta línea, considera que han tenido una mejor actitud, por ejemplo, Bankia (antigua Caja Madrid) que en su día dio la posibilidad del arbitraje -que ya esta cerrado- y ahora queda la posibilidad de demandar judicialmente y, sobre todo, Nova Caixa Galicia, que en su momento planteó una resolución del FROB por la que obtuvieron liquidez para al menos la mitad del dinero invertido y está negociado con sus clientes para intentar resolver “extrajudicialmente” todos los procedimientos que están en marcha mediante acuerdos -aunque las cantidades son inferiores a las que se pueden obtener con una sentencia judicial favorable-.
Dramas personales
Morala reconoce que detrás de cada historia y de cada procedimiento de preferentes hay “un drama personal”. Así, recuerda casos “sangrantes” como el del bebé de cuatro meses que “contrató” 4.800 euros de participaciones o, más aún, el de una persona de 94 años a la que su banco le colocó sus ahorros en preferentes “que no sabía absolutamente que las tenía, pensaba que tenía una cartillina del banco”. Se dieron cuenta de la situación cuando arregló el tejado de la casa que tiene en el pueblo y envió a sus hijas al banco a buscar el dinero para pagar las obras y se encontraron con que no podían sacar nada porque estaba en preferentes. “Ahora es una sentencia ganada y firme, problema resuelto”, añade.
Otra situación complicada es la de los afectados por el síndrome tóxico de la Colza, cuyas indemnizaciones también se quedaron “atrapadas” tanto en preferentes como subordinadas y que también se ha resuelto favorablemente, o la de algunos trabajadores mineros que han estado durante meses sin cobrar y tenían ahí metido el dinero. “Tienen un drama personal y familiar, a parte del propio laboral, porque se han encontrado que esos ahorros que ahora necesitaban disponer de ellos pues no pueden tocarlos”, lamenta.
Un hito de los juzgados de Ponferrada es que fueron uno de los primeros en admitir como prueba en un caso de preferentes un informe “secreto” de la CNMV, elaborado en febrero de 2013 y que fue sacado a la luz pública por el eldiario.es, que además fue valorado en la propia sentencia. Un documento que está utilizando en otros casos contra Bankia y lo ha facilitado a compañeros para que puedan hacer uso de él en sus respectivos procedimientos. “Esta siendo admitido en otros juzgados, fuera de la provincia, incluso en Madrid hay un juzgado que ya ha admitido a trámite esa prueba”, puntualiza.
Cada afectado tendrá que “pelear” por su dinero porque, entiende Morala, la acción del Gobierno en este asunto “es complicada”. “Qué puede hacer el Gobierno, sacar una especie de ley de amnistía y que las cajas devuelvan todo el dinero”, plantea el jurista, que apostilla que, por ejemplo, el Banco Ceiss “no tiene capacidad para restituir todas esas aportaciones y obligaría a intervenir al FROB con dinero público, que al final pagan todos los españoles con sus impuestos”.
Unas sentencias que son “íntegramente estimatorias”, que anulan los contratos, obligan a las restituciones de las prestaciones y también imponen las costas a la entidad financiera. Así, Morala explica que en estos casos se invoca por regla general al “error en el consentimiento” que supone que el demandante no conocía en el momento de la contratación qué producto era, ni las características ni los riesgos reales de lo que estaban contratando. “Qué persona sea joven o mayor contrata un producto perpetuo, qué personas contrata un producto con el que puede perder todo su dinero o dejar de percibir intereses”, plantea.
En su opinión, la falta de información “está clarísima” y la obligación de informar recae en las cajas y bancos. El Tribunal Supremo, los juzgados y las audiencias provinciales establecen que procesalmente “la carga de la prueba del correcto asesoramiento y de la correcta información corresponde a la entidad financiera”. Según recalca Morala, informar es dar conocimiento de algo a alguien, “lo que implica que además de haber recibido una serie de datos, esa persona destinataria de la información también de haber comprendido toda la naturaleza, características y riesgos del producto que se le colocaba”.
Y es que, aunque el perfil del afectado por preferentes y subordinadas es muy variado en cuanto a edades, profesión y nivel de estudios, prácticamente la totalidad de las personas que adquirieron estos productos son personas “con conocimientos financieros muy básicos o nulos y sin experiencia inversora”. “Tienen riesgos muy importantes y son productos complejos, muy difíciles de comprender, con lo cual la experiencia inversora y los conocimientos financieros deben ser muy avanzados y muy altos”, puntualiza Morala.
Un producto legal
Las participaciones preferentes existen desde finales de los años 80 y es legal, la cuestión entonces es, apunta el abogado, a quién se lo vendes. “No esta destinado, pensado ni es apropiado para los pequeños ahorradores, no se pueden colocar a las personas de la calle y se tenía que haber fiscalizado e intervenido en esa colocación masiva a gente sin cultura financiera, sin conocimientos financieros y sin experiencia inversora”, explica Morala, que da un tirón de orejas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y al propio Banco de España por no haber actuado de manera más eficaz y no haber paralizado esas colocaciones.
Por otro lado, el letrado alaba el trabajo que están realizando los juzgados de Ponferrada, que están dando un tratamiento prioritario a estos temas, agilizándolos procesalmente y dictando sentencia muy rápido. “No podemos pedirles más”, añade Morala, que puntualiza que aunque los plazos dependen del juzgado, hay sentencias de procedimientos presentados en mayo o junio -teniendo en cuenta que agosto no es hábil- que ya están emitidas y en otras salas, que tienen una mayor carga de trabajo, va a durar unos meses más, alrededor de un año.
Una agilidad y eficacia de la que carecen los juzgados de León, por el “grave handicap” que ha supuesto la implantación de la oficina judicial y que, en palabras de Morala, “ha sido un absoluto fracaso y retrasa los procedimientos una auténtica barbaridad”. Así, apunta también a un buen funcionamiento de las salas de Astorga y La Bañeza que si bien son “un poco más lentas” también son eficaces en función de los plazos que marcan los procedimientos.
Afectados por las preferentes en Ponferrada rechazan aceptar el canje que le ofrece el Banco Ceiss. (Foto: César Sánchez)
Las respuesta de las cajas
“Caja España ha sido la entidad que peor se ha portado con los afectados por preferentes en todos los conceptos”. Así de tajante se muestra el jurista, que criticó que esta entidad, ahora Banco Ceiss, primero les hizo directamente una quita a los afectados, que después trasformó en bonos que no pueden tocar ni disponer de ellos y, ahora, “está el tema de la fusión o absorción de Unicaja que todavía va a empeorar notablemente la situación de estas personas”., aunque el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) vaya a estar como mecanismo de revisión respecto a la comercialización de estos productos.
A este respecto, puntualiza que “no es un arbitraje” y que será resuelto por un “experto independiente” que será nombrado por el FROB, que es Price Waterhouse, y que cierra la puerta a acudir a un tribunal de justicia. “¿Por qué?”, pregunta Morala, “porque para aceptar esta oferta de Unicaja hay que ir a un notario y renunciar a las acciones judiciales”. “Por todo ello, entiendo que la peor entidad, la que peor se está comportando con sus clientes ha sido y es Caja España, Banco Ceiss”, insiste.
En esta línea, considera que han tenido una mejor actitud, por ejemplo, Bankia (antigua Caja Madrid) que en su día dio la posibilidad del arbitraje -que ya esta cerrado- y ahora queda la posibilidad de demandar judicialmente y, sobre todo, Nova Caixa Galicia, que en su momento planteó una resolución del FROB por la que obtuvieron liquidez para al menos la mitad del dinero invertido y está negociado con sus clientes para intentar resolver “extrajudicialmente” todos los procedimientos que están en marcha mediante acuerdos -aunque las cantidades son inferiores a las que se pueden obtener con una sentencia judicial favorable-.
Dramas personales
Morala reconoce que detrás de cada historia y de cada procedimiento de preferentes hay “un drama personal”. Así, recuerda casos “sangrantes” como el del bebé de cuatro meses que “contrató” 4.800 euros de participaciones o, más aún, el de una persona de 94 años a la que su banco le colocó sus ahorros en preferentes “que no sabía absolutamente que las tenía, pensaba que tenía una cartillina del banco”. Se dieron cuenta de la situación cuando arregló el tejado de la casa que tiene en el pueblo y envió a sus hijas al banco a buscar el dinero para pagar las obras y se encontraron con que no podían sacar nada porque estaba en preferentes. “Ahora es una sentencia ganada y firme, problema resuelto”, añade.
Otra situación complicada es la de los afectados por el síndrome tóxico de la Colza, cuyas indemnizaciones también se quedaron “atrapadas” tanto en preferentes como subordinadas y que también se ha resuelto favorablemente, o la de algunos trabajadores mineros que han estado durante meses sin cobrar y tenían ahí metido el dinero. “Tienen un drama personal y familiar, a parte del propio laboral, porque se han encontrado que esos ahorros que ahora necesitaban disponer de ellos pues no pueden tocarlos”, lamenta.
Un hito de los juzgados de Ponferrada es que fueron uno de los primeros en admitir como prueba en un caso de preferentes un informe “secreto” de la CNMV, elaborado en febrero de 2013 y que fue sacado a la luz pública por el eldiario.es, que además fue valorado en la propia sentencia. Un documento que está utilizando en otros casos contra Bankia y lo ha facilitado a compañeros para que puedan hacer uso de él en sus respectivos procedimientos. “Esta siendo admitido en otros juzgados, fuera de la provincia, incluso en Madrid hay un juzgado que ya ha admitido a trámite esa prueba”, puntualiza.
Cada afectado tendrá que “pelear” por su dinero porque, entiende Morala, la acción del Gobierno en este asunto “es complicada”. “Qué puede hacer el Gobierno, sacar una especie de ley de amnistía y que las cajas devuelvan todo el dinero”, plantea el jurista, que apostilla que, por ejemplo, el Banco Ceiss “no tiene capacidad para restituir todas esas aportaciones y obligaría a intervenir al FROB con dinero público, que al final pagan todos los españoles con sus impuestos”.
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